miércoles, 8 de julio de 2026

La Guardia Civil reubicará a más de 180 agentes de Roquetas con la implantación de la Policía Nacional

 ROQUETAS DE MAR.- Los 180 agentes de la Guardia Civil destinados en el Puesto Principal de Roquetas de Mar-Aguadulce junto con en el equipo territorial de Policía Judicial y a los efectivos dedicados a la seguridad del centro penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno en Almería serán reubicados en otros destinos y acuartelamientos con la próxima implantación de la Policía Nacional en la localidad almeriense.

Así lo ha trasladado el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, junto con el coronel de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, en un encuentro mantenido con una representación de guardias civiles de Roquetas, donde han dado a conocer la "reorganización" de los efectivos una vez que la Policía Nacional se haga cargo de la seguridad de este municipio.

El encuentro se produce poco días antes de que se celebre la concentración convocada por diversas organizaciones y asociaciones de la Guardia Civil el próximo 13 de junio a las puertas del cuartel de Roquetas de Mar en protesta por su situación y justo después de que el alcalde del municipio, Gabriel Amat, pidiera al Gobierno "diálogo" para mantener ambos cuerpos en la ciudad, que supera ya los 110.000 habitantes.

El general Ortega ha detallado que la Guardia Civil "lleva tiempo realizando diversos estudios" sobre sus implicaciones operativas, organizativas y de personal en los que "la prioridad principal es la situación del personal afectado y de sus familias", por lo que se van a adoptar "las medidas necesarias para facilitar una transición ordenada".

Así, se prevé que una "parte significativa" de los agentes se despliegue en el nuevo acuartelamiento proyectado en Vícar, incluido el Equipo Territorial de Policía Judicial. Dicho cuartel, según el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Vícar, está programado para 2029 con una inversión de diez millones de euros y una capacidad para 150 agentes.

Según el Instituto Armado, la reorganización permitirá reforzar diversas unidades desplegadas en el litoral de la provincia, "especialmente aquellas vinculadas al control fiscal y de fronteras", lo que contribuirá a "incrementar las capacidades operativas de la Guardia Civil en una zona de especial relevancia estratégica".

Así, los municipios de Enix y Felix, que actualmente forman parte de la demarcación territorial del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, pasarían a depender del Puesto Principal de Vícar, al encontrarse más próximos geográficamente, compartir el mismo partido judicial de Almería y presentar "una mayor coherencia territorial y operativa de dicha unidad".

El personal afectado por la reorganización sería cesado en sus destinos, "adquiriendo el derecho preferente por disolución o supresión de la unidad de destino para ocupar vacantes por antigüedad o concurso de méritos en unidades de la misma provincia".

Dicho derecho, según la Guardia Civil, gozaría "del primer orden de prelación respecto de cualquier otro derecho preferente concurrente en la solicitud de un mismo destino".

Asimismo, se van a impulsar "soluciones que minimicen el impacto residencial derivado del cambio", con una atención específica a la situación de los pabellones oficiales y a la búsqueda de "posibles alternativas habitacionales que favorezcan la estabilidad personal y familiar del personal afectado".

En el marco de la reunión, según ha detallado la Guardia Civil, se ha establecido que "se irá informando de manera periódica sobre la evolución del proceso" al tiempo que se han comprometido a habilitar "canales para resolver las dudas que se vayan planteando".

Esta reorganización anunciada por la Guardia Civil ha reavivado la protesta prevista para el próximo 13 de julio a las puertas del cuartel por varias asociaciones que han afeado el "desprecio" del cuerpo.

Desde entidades como la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), la Asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) o Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) han hecho un llamamiento a "toda la ciudadanía de Roquetas de Mar y del Poniente almeriense" para que acudan a la concentración prevista a partir de las 11,00 horas frente al Puesto Principal de la Guardia Civil en la calle Duque de Ahumada y así "defender la continuidad" de quienes llevan "décadas" velando por la seguridad en Roquetas.

"Ahora más que nunca sigue en pie la concentración, ya que se está jugando con la seguridad de los ciudadanos", ha dicho el subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, Rafael Maldonado, toda vez que desde la AUGC han recordado que esta movilización "no pretende enfrentar a unos cuerpos policiales con otros" sino que busca "transparencia" sobre este tipo de decisiones en lugar de adoptarse "al margen de los representantes legítimos de los guardias civiles".

Desde Jucil ha echado en falta aspectos concretos, como la "fecha exacta" en la que se "suprimirá" el puesto de la Guardia Civil en su totalidad y el destino de sus agentes, quienes "se repartirán en demarcación policiales desde Adra y Laujar de Andarax hasta Fiñana".

"Con esta medida los principales perjudicados son los ciudadanos de Roquetas de Mar, ya que el cambio de un cuerpo por otro dejará incluso con menos patrullas de Seguridad Ciudadana en la demarcación", ha advertido Maldonado al estimar que, por el volumen de policías previsto, no se podrán sacar los mismos servicios mensuales que con la Guardia Civil.

Así, desde Jucil creen que la "única solución real" para mejorar la seguridad ciudadana "sería mantener ambos cuerpos en la demarcación, sumando los efectivos de los cuerpos y repartiendo la demarcación policial" por áreas, dejando Aguadulce y El Parador para la Guardia Civil.

Para la AUGC, el "cierre" del cuartel de Roquetas de Mar "entrega competencias y arrastra a cientos de guardias civiles a la incertidumbre, sin necesidad operativa alguna" y, todo ello, "sin concretar plazos, ni cuántos absorberá el futuro cuartel de Vícar, ni cuántos quedarán".

Las asociaciones han insistido en que esta es una de las unidades "con mayor carga de trabajo de España, con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos al año".

 "Nadie desmantela una unidad así por razones técnicas. Se desmantela por razones políticas", han afeado.

Igualmente, ha criticado que tras la reunión mantenida con el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, no se haya dado "seguridad a las familias" al no haberse trasladado "ni un solo plazo sobre el proyectado acuartelamiento de Vícar" ni sus capacidades, así como tampoco sobre cuántos agentes quedarán "dispersados por la provincia".

"Se habla de estudios, de transición ordenada y de "soluciones que minimicen el impacto", pero no se ofrece un solo compromiso verificable", se han quejado ante unas explicaciones que ven "insuficientes" y un "Generalato que calla arriba y castiga abajo"

Por su parte, desde Aprogc han trasladado su críticas al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), y a la corporación local por haber "apostado por la Policía" para el municipio frente a la Guardia Civil, según han interpretado.

 "Seguramente en otros municipios sabrán reconocer la labor que hacemos a diario", han lamentado.

La asociación ha incidido en el trabajo desempeñado "durante décadas" por la Guardia Civil en Roquetas de Mar por parte de unos agentes, de modo que la decisión adoptada "no sólo perjudica a nuestros compañeros sino a sus familias" que "les toca hacer las maletas y cambiar de domicilio".

"Esto no le puede venir de nuevas al alcalde, ya que desde Aprogc nos hemos reunido en innumerables ocasiones con él y el resto de grupos políticos del Consistorio durante los últimos siete años", han añadido antes de hacer un llamamiento a participar en la concentración del próximo lunes.

Por su parte, la delegación de AUGC en Almería va a dirigir un escrito al Consejo de la Guardia Civil para preguntar por la situación en la que van a quedar los guardias civiles de Roquetas de Mar y qué medidas excepcionales se van a adoptar para evitar su destierro.

Asimismo, ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia para expresar el "profundo malestar" de los agentes y exigir que cualquier traslado se realice "respetando siempre los intereses de los afectados, con soluciones habitacionales, con respuestas claras a sus interrogantes y con la creación de un canal de comunicación fluido que ponga fin a meses de silencio institucional". 

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