ALMERÍA.- La Policía Nacional ha destapado en Almería un entramado empresarial del sector agrario que habría defraudado aproximadamente 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el marco de la Operación Tributo han sido detenidas dos personas y otras dos han sido investigadas como presuntas responsables de un delito de fraude a la Seguridad Social.
La investigación ha permitido acreditar la utilización sucesiva de varias sociedades vinculadas entre sí, entre las que se trasladaban los trabajadores mientras se mantenían las mismas explotaciones, medios materiales y actividad comercial.
De este modo, una mercantil cesaba su actividad después de acumular importantes deudas y otra continuaba inmediatamente el negocio bajo una nueva titularidad formal.
Esta operativa se habría desarrollado desde el año 2009 y permitía mantener activa la explotación agrícola mientras se eludía el pago de las cotizaciones sociales correspondientes a los trabajadores.
Los investigadores también detectaron clientes y proveedores comunes, trabajadores que pasaban de una empresa a otra y explotaciones agrícolas que continuaban siendo gestionadas por las mismas personas.
Entre los investigados se encuentran varios miembros de una misma familia que figuraban como administradores, titulares o responsables de distintas sociedades, así como un antiguo trabajador que posteriormente pasó a explotar una de las fincas como empresario individual.
La investigación se inició a requerimiento del Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería, que en febrero de 2025 encomendó a la Policía Nacional el análisis de unos hechos comunicados previamente por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Las actuaciones han
sido desarrolladas conjuntamente por el Grupo VIII de Delincuencia
Económica y el Grupo XI de Blanqueo de Capitales de la Brigada
Provincial de Policía Judicial de Almería.
El análisis policial reveló que las empresas investigadas mantenían
elementos comunes de carácter laboral, patrimonial y empresarial.
Además
de compartir trabajadores y explotaciones, algunas sociedades empleaban
los mismos domicilios, representantes, cuentas bancarias, clientes y
proveedores, pese a presentarse formalmente como negocios
independientes.
Tras determinar la mecánica utilizada y la participación de los
investigados, los agentes ampliaron las pesquisas al patrimonio
vinculado a los principales responsables.
El estudio detectó operaciones
de transmisión y disposición de bienes realizadas en fechas próximas a
la generación y exigibilidad de las deudas, existiendo indicios de que
podrían haber estado orientadas a dificultar la actuación recaudatoria
de la Administración.
A petición policial, la autoridad judicial acordó medidas de
aseguramiento destinadas a garantizar las posibles responsabilidades
económicas derivadas del procedimiento. Como resultado, han quedado
bloqueados siete inmuebles valorados en aproximadamente un millón de
euros y diez cuentas abiertas en distintas entidades bancarias.
Dos de los investigados fueron detenidos tras comparecer en dependencias
policiales, prestar declaración asistidos por sus abogados y quedar
posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante la
autoridad judicial cuando sean requeridos.
Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, plaza nº 3, que mantiene abiertas las actuaciones
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