El expresidente de Diputación rechaza declarar a la espera de nuevos informes del 'caso Mascarillas'

 ALMERÍA.- El expresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que instruye el caso Mascarillas, que indaga sobre una presunta trama de contratos irregulares para el cobro de comisiones a través de la institución provincial, al considerar que no se han producido avances sobre los que tenga que ofrecer nuevas explicaciones.

García ha llegado a las 9,10 horas a la Ciudad de la Justicia, a la que ha accedido por la puerta principal a la carrera al advertir la presencia de los medios de comunicación que esperaban su llegada. Apenas una hora después ha salido por el mismo acceso, hablando por teléfono y acelerando su ritmo para subir a un coche que le esperaba con el motor en marcha en la Carretera de Ronda.

El también expresidente del PP de Almería ha evitado así las preguntas de los medios a los que ha atendido su abogado, Joaquín Monterreal, a la salida de los juzgados, donde ha apuntado que García ya prestó declaración en sede judicial en noviembre de 2025 tras su arresto por parte de la UCO.

"Desde entonces no ha habido no ha habido ninguna actuación", ha explicado el abogado, quien ha asegurado que la defensa está a la espera de que la Guardia Civil remita los informes relativos a los registros y los volcados de los dispositivos tecnológicos intervenidos, momento en el que se valorará si se deben dar más aclaraciones.

En este sentido, Monterreal ha dado por válidas las explicaciones dadas por García en su anterior comparecencia, en la que, a preguntas de su defensa, se centró en determinar el origen del dinero en efectivo del que hacía uso y que, según manifestó, ingresaba a través de varios alquileres familiares que gestionaba su hermana.

El letrado ha insistido en que esos ingresos fueron declarados ante Hacienda a través de las sucesivas declaraciones de la renta. "En aquel momento se dio cumplida explicación, y ahora, cuando llegue lo nuevo, si hubiera algo nuevo, pues obviamente declararemos", ha añadido tras asegurar que el hecho de no prestar declaración no indica que García tenga "algo que ocultar".

En la misma línea, también se han acogido a su derecho a no declarar los dos hermanos investigados del expresidente de la Diputación así como el funcionario del Área de Fomento --ligado al exvicepresidente tercero Óscar Liria-- y un empresario implicado en la trama, con quienes se ponía fin a la ronda de comparecencias que arrancó el pasado 4 de junio.

Por su parte, el abogado de la acusación popular que sostiene el PSOE, Javier Salvador, ha considerado que pese a la "falta de colaboración" de los investigados, ya que la mayoría de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar, la "fructífera" ronda de interrogatorios ha tenido un "enorme peso" para el dibujo de la supuesta trama y la separación de roles.

"Los pocos que han declarado nos han permitido formalizar de alguna forma ese mapa de las personas que estaban, el qué hacían y el cómo actuaban", ha sostenido Salvador a la hora de apuntar la configuración de la supuesta organización criminal en la que a través de "pequeñas taifas" se establecía un "jefecillo local, siendo alcalde o no" con el que se organizarían las contrataciones con la Diputación bajo la dirección de García.

Para la acusación, dicho modelo se encontraba asentado y "perfectamente rodado hasta el punto de que, dos días después de que se declarase la pandemia, lo primero que piensan es en la oportunidad de negocio que se les abría" a través del contrato para la adquisición de material sanitario.

Sobre este aspecto, el abogado José María Terrés ha incidido en la "cantidad enorme de documentación" recogida en la investigación "que hablará por sí misma" y que contribuirá a definir el "grado de implicación y responsabilidad de cada cual en este asunto".

En su primera comparecencia ante el instructor, García se limitó a contestar a las preguntas de su letrado al que no pudo dar una respuesta concreta sobre los mensajes de WhatsApp con lenguaje odontológico sobre supuestas 'mordidas' que intercambió con los vicepresidentes Giménez y Liria.

Cabe recordar que, entre otros mensajes, García remitió el emoji de una muela a al grupo 'Naranjito', que tenía con los exdiputados investigados, apenas unos minutos después de firmar el decreto del 8 de abril de 2020 por el que contrataba por más de dos millones de euros material sanitario. Dicho contrato, según la UCO, tendría un sobrecoste del 42,27%.

El expresidente señaló la falta de contexto sobre este y otros mensajes en los que los implicados realizaban expresiones entendidas como necesidades monetarias como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer"; por lo que, en ese momento, no podía dar mayor detalle o una explicación concreta a las llamativas conversaciones.

El entonces máximo representante de la institución provincial atribuyó la firma de miles de contratos a la cotidianeidad de su tarea, sentido en el que los mismos llegaban a su despacho tras haber superado los respectivos filtros y controles, sin que él participe de alguna u otra manera en las mesas de contratación por los que se otorgan.

No obstante, durante su intervención no hizo referencia al contrato de urgencia efectuado para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección individual del que, conforme se desprende las investigaciones recogidas en el sumario, se hizo un seguimiento específico por su cuantía e importancia en pleno inicio de la pandemia de covid-19.

El expresidente de la Diputación también trató de esclarecer el uso que hacía del dinero en efectivo que manejaba junto con dos de sus hermanos, también investigados en la causa, ante los indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales advertido por el instructor.

García señaló el origen del efectivo en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición de los inquilinos, aunque manifestó que dichos ingresos están declarados ante Hacienda. Según sus propios cálculos, de estos alquileres cobró entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016 en adelante, con sus respectivas declaraciones de la renta.

Asimismo, especificó que era su hermana, por proximidad a los inmuebles, quien cobraba los alquileres y disponía los fondos en un "bote" común al que acudía cuando lo necesitaba, puesto que parte del dinero también era para reparaciones de las viviendas u otras necesidades. En la vivienda de su hermana se encontraron 7.620 euros dentro de una caja fuerte con un papel manuscrito con tinta roja en el que ponía 'Este dinero es de Javier Aureliano'.

Frente a las sospechas sostenidas por la UCO de que García hubiera empleado dinero irregular de origen desconocido para el pago de una vivienda en Almerimar, que los hermanos heredaron de sus padres y que él quiso adquirir abonando a ellos su parte, el investigado aseguró que los pagos se realizaban con el dinero que percibía en efectivo de los inquilinos, motivo por el que no quedaba reflejado en sus cuentas.

Según García, la hipoteca de dicha vivienda quedó a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no permitió subrogarla, si bien era él quien hacía frente a las cuotas mensuales y no su hermana pese a que fuera ella quien figurara oficialmente. También atribuyó a sus propios ahorros de los alquileres el dinero utilizado --unos 20.000 euros-- para la compra de una finca en Rodalquilar.