Vox pedirá al Gobierno en el Congreso medidas de protección del olivar andaluz frente a la instalación de placas solares

 SEVILLA.- Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno central a impulsar medidas legislativas para proteger el olivar de Andalucía, en aras de garantizar la rentabilidad de su gestión agraria, así como su conservación como elemento esencial del paisaje, la cultura y la economía rural.

En la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, también se pide al Ejecutivo nacional la defensa del suelo agrícola andaluz frente "a movimientos especulativos destinados a la instalación de plantas solares, garantizando la elaboración de informes específicos que evalúen su impacto en el medio natural, en especial con el sector primario y su incompatibilidad con las actividades agrarias".

Otra demanda es "dejar sin efecto" los procedimientos simplificados de evaluación ambiental recogidos en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre y evitar que se produzcan procedimientos simplificados en proyectos energéticos en suelo agrario.

Vox reclama proteger la producción de aceite de oliva de alta calidad en Andalucía y en España en general, "prohibiendo las importaciones procedentes de terceros países que suponen una competencia desleal al incumplir con los estándares exigidos a los productores nacionales".

La defensa del olivar, según reclama Vox al Gobierno central, pasa por un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de nuestros recursos hídricos en todo el territorio nacional, y un plan de regadíos que contribuya a la modernización del regadío español para favorecer un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.

Asimismo, plantea evaluaciones ambientales exhaustivas y rigurosas que valoren la compatibilidad con el uso agropecuario del suelo y eviten prácticas especulativas, y un plan integral de relevo generacional para el sector olivar que incluya medidas específicas para fijar población en la España rural.

Vox pide que desde el Gobierno central se reivindiquen los intereses del sector primario español ante las instituciones europeas mediante el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria, y la persecución de la competencia desleal de otros países.

Según recoge Vox en la exposición de motivos de la iniciativa, pese a su importancia estratégica, el olivar andaluz afronta una "creciente presión derivada de la expansión desmesurada de grandes instalaciones fotovoltaicas sobre suelo tradicionalmente agrícola".

Considera que la autorización de estos proyectos por parte de la Junta de Andalucía, "sin una protección efectiva del uso agrario del suelo, está comprometiendo la continuidad de numerosas explotaciones y provocando la pérdida de suelo fértil de alto valor agronómico".

Esta situación, según Vox, ha generado una creciente respuesta social por parte del sector agrario, que "denuncia tanto el impacto económico y territorial de estas actuaciones como los procesos de expropiación asociados".

Añade que diversos proyectos fotovoltaicos prevén la "ocupación de más de 5.500 hectáreas de suelo agrícola y la eliminación de cerca de 500.000 olivos, muchos de ellos de gran valor productivo".