SEVILLA.- El secretario de Política Institucional de UGT-A, Rafael Gelo y el
secretario de Salud Laboral de UGT-A, Pablo Sánchez, han mantenido una
reunión con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía, Rocío Blanco, para trasladarle un conjunto de
propuestas dirigidas a reducir la siniestralidad laboral en la
comunidad.
Según ha informado UGT-A en una nota, el encuentro
ha servido para presentar un documento de trabajo con diferentes
reivindicaciones y medidas concretas para mejorar la Prevención de
Riesgos Laborales y frenar el elevado número de accidentes de trabajo
que se registran en Andalucía.
Según los últimos datos
disponibles, en 2025 se produjeron en Andalucía 103.609 accidentes de
trabajo con baja, lo que supone el 16,7% del total nacional. De ellos,
1.032 fueron graves, lo que representa el 22,19% de los accidentes
graves registrados en el país, y 121 trabajadores fallecieron en el
trabajo en Andalucía.
Ante esta situación, UGT-A ha insistido
en que es necesario "avanzar hacia una política de tolerancia cero ante
la siniestralidad laboral, reforzando las medidas de control, prevención
y sensibilización".
Entre las principales propuestas
trasladadas a la Consejería de Empleo ha destacado la petición de que
las empresas con accidentes laborales mortales o con altos índices de
siniestralidad "no puedan acceder a ayudas públicas si no se acogen
previamente a las actuaciones previstas en la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028".
Asimismo, el
sindicato ha pedido el desarrollo de campañas de sensibilización
potentes en medios de comunicación que contribuyan a "concienciar a la
sociedad sobre la gravedad de los accidentes laborales, siguiendo el
modelo de otras campañas institucionales como las de seguridad vial o
violencia de género".
De este modo, la organización sindical
ha planteado reforzar la investigación de los accidentes leves e
incidentes, especialmente en aquellas empresas donde se detecten mayores
índices de siniestralidad, con el objetivo de "prevenir situaciones más
graves".
En materia sanitaria, el sindicato ha considerado
necesario incorporar médicos especialistas en Medicina del Trabajo en
los centros de Atención Primaria, con el fin de "mejorar la detección de
enfermedades profesionales y su diagnóstico".
Otra de las medidas
destacadas es la creación de un fondo específico para la atención a
víctimas de accidentes laborales y a sus familias, financiado con cargo a
los presupuestos de la Junta de Andalucía y con aportaciones de
empresas que hayan incumplido la normativa preventiva en casos de
accidentes mortales.
De esta manera, este fondo "permitiría
cubrir gastos derivados de una discapacidad sobrevenida, adaptación del
hogar o apoyo psicológico". Además, UGT-A ha propuesto incorporar las
patologías vinculadas a los riesgos psicosociales al listado oficial de
enfermedades profesionales, siguiendo las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo.
En esta línea, el
sindicato también ha pedido que la evaluación de riesgos psicosociales
forme parte obligatoria de los planes de prevención que las empresas
deben presentar para acceder a ayudas o subvenciones públicas, dada la
creciente incidencia de patologías no traumáticas como infartos o
derrames vinculados a las condiciones laborales.
Además, la
organización ha insistido en la necesidad de impulsar protocolos de
prevención de drogodependencias y adicciones en las empresas, así como
avanzar en la creación de una figura similar a la del delegado
territorial o sectorial de prevención, que permita mejorar las
condiciones de seguridad en las pequeñas empresas.
Por
último, UGT- A ha reiterado que la reducción de la siniestralidad
laboral debe ser una "prioridad absoluta" de las políticas públicas, ya
que "detrás de cada accidente laboral hay un trabajado y una familia
afectada", ha concluido.
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