En concreto, las críticas del PSOE derivan de una resolución emitida por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en la que se especifica que los resultados de las muestras recogidas a finales de agosto superaron el nivel establecido para radiación alfa, por lo que se procedió a estudiar el resto de radionucleidos.
En este sentido, el informe apunta que se tomaron nuevas muestras de los pozos de Bernal en el mismo punto de extracción --el depósito de San Cristóbal-- el 2 de octubre, cuyos resultados no se obtuvieron hasta el pasado 14 de diciembre; momento a partir del cual se adoptaron medidas para restringir el uso del agua ante su alto nivel de radiactividad, con limitaciones en varios barrios de Almería a los que se sirve con camiones cisterna desde el pasado 16 de diciembre.
En este marco, frente a las críticas del PSOE por tardar "tres meses" en actuar, la Consejería precisa en un comunicado que "el operador de la zona de abastecimiento tiene obligación legal de hacer mediciones de vigilancia de los parámetros de radioactividad" y "de los resultados notificados durante el año 2023 antes del notificado en diciembre, en ninguno de ellos se superó el valor paramétrico de la dosis indicativa, que es de 0,1 mSv (milisievert), siendo la primera notificación que se tiene de ello el día 14 de diciembre de 2023".
"La dosis indicativa es un valor de exposición anual y se obtiene de manera indirecta mediante análisis de los radionúclidos naturales. Este procedimiento analítico, de acuerdo con la información facilitada por el operador, suele demorarse una media de dos meses", asegura el departamento de salud, señalando que "el análisis de los radionúclidos naturales de la muestra del 2 de octubre de 2023, como ya detalla de forma transparente la propia Resolución, es como consecuencia de la superación de uno de los parámetros de radioactividad que forman parte del autocontrol del operador, en este caso la radioactividad alfa total, sin que esta superación suponga la generación de una incidencia o que la población se pueda poner en riesgo".
"Y es que la normativa vigente (RD 3/2023 de 10 de enero y Guía de calidad de las aguas de OMS) obliga a, tras la superación de dicho parámetro, analizar los radionucleidos para poder calcular la dosis indicativa, que este sí es el único parámetro que, por consecuencia de la radiactividad, puede conllevar la declaración de no aptitud" del agua para consumo humano.
"Es por ello por lo que hay un periodo de tiempo a la espera de resultados entre la fecha de toma de muestra, el 2 de octubre de 2023 y la emisión y notificación del resultado que se produjo el pasado 14 de diciembre de 2023, sin que pueda considerarse de riesgo el consumo de dicha agua, ya que la propia normativa previamente descrita habla de exposición anual, es decir, el riesgo se produciría tras un año de exposición a ese nivel".
La Consejería agrega que para mantener "un elevado nivel de protección de los almerienses, ante la primera superación del valor de referencia anual", ha optado por la restricción del consumo de las aguas en aquellas zonas que no se ha garantizado la disminución por debajo de ese valor toda vez que "tampoco hay certeza en cuanto a tiempo de exposición a futuro de dicha dosis".
Así, esgrime la adopción de
"medidas correctoras a fin de minimizar cualquier riesgo para la
población en función de los resultados, como fue la mezcla de las aguas
procedentes de los pozos Bernal con aguas procedentes de la desaladora,
de tal forma que se disminuya de forma ostensible el aporte procedente
de los pozos originales".
"Por ello, cuando se obtiene el
valor de dosis indicativa que ha generado la resolución, y por primera
vez se tiene conocimiento del valor que determina la resolución de no
aptitud, la población de Almería, cuyas redes de distribución así lo
permitieron, ya no estaban consumiendo agua con ese valor de dosis
indicativa", defiende la Consejería.
El motivo por el que la
restricción de uso del agua ha sido delimitada a determinadas zonas
obedece a esta razón, a que, según informa el operador, no existe
actualmente la posibilidad de dicha mezcla o de tratamiento para
eliminación de los radionúclidos, explica la Junta.
"La evaluación de las analíticas aportadas tras el incidente por el
operador al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo permite
afirmar que la gestión de este evento ha sido eficaz, ya que los
resultados de las muestras tomadas en distintos puntos de la red de
distribución, así como del propio depósito de Cerro san Cristóbal, dan
valores conforme a la normativa, salvo el muestreo que se ha realizado
en Castell del Rey, una de las zonas afectadas por la resolución",
detalla.
Así, la Consejería sostiene que tuvo por primera vez
conocimiento del resultado analítico de dosis indicativa que motiva la
Resolución de 15 de diciembre de 2023 de declaración de no aptitud "el
día 14 de diciembre de 2023, tal y como aparece recogido en la
Resolución de no aptitud para el consumo firmada por la Delegación
Territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Almería".
"Ello evidencia que no ha existido ninguna demora, ni por supuesto ocultación de información de resultados en la gestión del problema detectado, anteponiendo la protección de la salud de los Almerienses a cualquier otro tipo de interés", concluye.
El PSOE desvela y acusa
La resolución de la Delegación de Salud y Consumo que declaró no apta para el consumo humano el agua procedente de las redes de distribución de Castell del Rey y La Joya, entre otros puntos, revela que las muestras fueron tomadas en el depósito de San Cristóbal el 28 de agosto “como parte de la vigilancia para el control de radioactividad en aguas de consumo” y que el 27 de septiembre se obtienen resultados que superan el nivel establecido para el consumo humano.
El contenido de la resolución ha sido dado hoy a conocer por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, y el diputado andaluz del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, quienes han indicado que “estamos ante una crisis sanitaria con el agua de Almería provocada por la grave irresponsabilidad de los gobiernos de María Vázquez y de Juanma Moreno, que requiere, ahora sí, de una obra de emergencia”.
Adriana Valverde, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que, “al igual que el resto de almerienses, nos preguntamos cómo Junta de Andalucía y Ayuntamiento no tomaron medidas preventivas con anterioridad al 15 de diciembre, que fue cuando se decidió suministrar agua con camiones cisterna a la población afectada”.
Pero también, ha añadido, “nos preguntamos qué zonas de Almería han estado consumiendo ese agua porque nos consta que la conexión del depósito de La Pipa Alta con el de San Cristóbal no entró en funcionamiento hasta principios de diciembre”.
Por lo tanto, Valverde ha exigido a la alcaldesa “que explique a todos los almerienses qué zonas de Almería han estado consumiendo agua contaminada de los Pozos de Bernal, como mínimo desde el 28 de agosto, es decir, hace más de tres meses y medio, cuando se hicieron las pruebas, y en qué porcentaje”.
“Exigimos a la alcaldesa que nos dé todas las explicaciones porque es de una gran irresponsabilidad que desde septiembre se conozcan los resultados de los controles y no se haya adoptado ninguna medida hasta mediados de diciembre”, ha remarcado.
Los representantes del PSOE han denunciado “la postura absolutamente temeraria e irresponsable de la alcaldesa y de la Junta de Andalucía” y ha acusado a sus representantes de “ocultar una información de vital importancia para los almerienses, poniendo en peligro la salud de los vecinos y vecinas de Almería”.
Por su parte, el diputado andaluz del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado que todo este asunto “ha puesto al descubierto las mentiras de Moreno Bonilla a los almerienses cuando vino a poner en marcha la conexión entre los depósitos de abastecimiento de la ciudad el 16 de octubre”.
“Fue un teatrillo el que hicieron porque el botón que pulsó en octubre no funcionaba. Era una farsa. Hasta diciembre no ha comenzado a funcionar”, ha desvelado.
Esa fue, según Sánchez Teruel, “la primera mentira de ese día” y, la segunda, “cuando afirmó que con esa obra el agua desalada llegaba a todas las viviendas de la capital”. “No llega a los vecinos que a raíz de esta crisis sanitaria tienen que abastecerse con camiones cisterna”, ha remarcado.
El diputado andaluz del PSOE ha destacado que “lo responsable hubiera sido actuar en octubre porque ya se conocía el problema de la radioactividad del agua y poner en marcha, de verdad, lo inaugurado”. Para el parlamentario socialista, “la irresponsabilidad del PP con algo tan sensible como el agua se prolonga desde hace más de dos décadas, que son las que lleva gobernando en la ciudad de Almería”.
José Luis Sánchez Teruel ha manifestado que “desde hace años los responsables del PP en el Ayuntamiento saben de los problemas de baja calidad del agua de los Pozos de Bernal, de la necesidad de abastecer a toda la ciudad con agua de la desaladora, y sabían de la falta de conexión de ciertos barrios con el depósito de San Cristóbal”, denunciando que “en 20 años han demorado el abastecimiento de toda la ciudad con agua desalada, cuestión a la que se comprometieron en 2006”.
“Ante esta situación, hay que actuar urgentemente, cosa que tampoco están haciendo, ni Junta de Andalucía ni Ayuntamiento”, ha indicado el diputado andaluz, quien ha exigido a la Junta de Andalucía “que actúe en auxilio de los vecinos de Almería que se ven afectados y declare de emergencia la actuaciones necesarias a para garantizar agua potable a toda la ciudad”.
Así, ha repetido que “la Consejería responsable, dirigida por una almeriense, debería declarar esa actuación como obra emergencia ya mismo y llevar el agua potable a todos los vecinos.”
“Han tenido más de 20 años para pensar en esa actuación que debería haberse incorporado a la obra que la Junta inauguró en octubre, y que se ha demostrado que no lleva agua desalada a toda Almería, tal y como afirmó Moreno Bonilla”, ha declarado Sánchez Teruel.
“Esto sí es una obra de emergencia y no otras que han ejecutado o están ejecutando a municipios que tenían y tienen garantizado su abastecimiento”, ha precisado el diputado socialista, para añadir que “los vecinos de Almería que hemos bebido ese agua nos merecemos que nos expliquen públicamente por qué han esperado desde septiembre hasta el 15 de diciembre para informar y actuar”.
“¿Los intereses económicos y políticos de los gobiernos del PP han prevalecido sobre la seguridad y la salud de los almerienses?”, se ha preguntado finalmente.
La portavoz socialista ha recordado que el PSOE, junto con Podemos-IU-Verdes, ha solicitado un pleno monográfico “para que la alcaldesa nos aclare todas las dudas que tenemos, que son muchísimas y que son las mismas que tienen en el día de hoy los vecinos de Almería”, pleno del que aún el Grupo Socialista desconoce fecha de celebración.
En último lugar, ha anunciado que “vamos a recopilar toda la información, vamos a darla a conocer a los almerienses, y no descartamos llevar todo este asunto a los tribunales de justicia para que se depuren todas las responsabilidades”.
“Estamos ante un caso de extrema gravedad y la mayoría absoluta que el PP tiene en Almería no les hace intocables”, ha zanjado.
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