MURCIA.- El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de
Murcia, José Ruiz, ha calculado que un mínimo de dos millones de
personas irán al paro en todo el país como consecuencia del estado de
alarma por el coronavirus, y ha pedido agilizar sus expedientes para
hacer frente a la incertidumbre de los trabajadores.
Para agilizarlos, propone que todos los cierres que sean consecuencia del estado de alarma sean considerados como de fuerza mayor, y ha pedido que los graduados sociales sean considerados como los interlocutores válidos ante la Administración, porque ellos conocen las herramientas necesarias para tramitar los expedientes con celeridad.
Ruiz ha destacado que las medidas excepcionales promulgadas este miércoles afectan más a los graduados sociales son las referentes a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la suspensión de contratos y reducción de jornadas por causas de fuerza mayor y también por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
En cuanto a las causas de fuerza mayor, cree que en principio "están claras" porque incluyen a todas aquellas empresas que se vean afectadas tanto por las disposiciones generales del BOE como las medidas acordadas el 14 de marzo por la Consejería de Salud.
Todas las empresas que han cerrado a consecuencia de estas medidas estarían englobadas en las causas de fuerza mayor, lo que conlleva un procedimiento rápido que incluye una comunicación a la autoridad laboral y a los trabajadores o sus representantes, avisándoles de que se pone en marcha ese trámite extraordinario y que, a partir del día del cierre (el 14 de marzo o, a lo sumo, el 15 de marzo) se han suspendido las relaciones laborales y, como consecuencia de eso, los trabajadores tienen de derecho a la prestación contributiva correspondiente.
Este tipo de procedimiento no requiere mayor trámite, salvo que la autoridad laboral tenga que constatar que, efectivamente, existen esas causas. Ruiz detecta en este punto una "incongruencia" porque las actividades que han cerrado están recogidas en el BOE y tenían que bajar la persiana "sí o sí", por lo que no sería necesario constatar nada.
Ruiz destaca que esta medida no puede dar lugar a "picaresca" porque la relación de actividades que han cerrado están recogidas en el BOE y la Policía ya se ha encargado de comprobar los establecimientos que han cerrado o no. "En base a las noticias que tengo de mis compañeros, todas estas actividades han cerrado", tal y como ha asegurado el presidente del Colegio.
A los graduados sociales les preocupa, en cambio, los expedientes derivados de la suspensión o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, porque se introduce un mecanismo que "puede dar lugar a que los expedientes se retrasen, con el consiguiente perjuicio para la empresa y para los trabajadores".
Y es que, añade, cuando se alegan estas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se abre un periodo de consultas en el que si hay delegados de personal no hay problema ninguno, porque se sustancia con ellos.
En caso contrario, el Gobierno central ha habilitado un mecanismo "distorsionante" porque las empresas tendrían que citar a los sindicatos mayoritarios para que acudan en representación de esos trabajadores a constatar que, efectivamente, esas causas son ciertas y que se llegue a un acuerdo o no.
En este sentido, Ruiz ha destacado que los sindicatos no van a poder acudir "lógicamente" a estas citas si se presentan centenares de expedientes en la Región de golpe, teniendo en cuenta que están afectadas casi todas las empresas de hostelería y comercio, por ejemplo.
En el caso de que no aparezcan los sindicatos, se debe crear una comisión 'ad hoc', en la que entre todos los trabajadores se eligen tres representantes. Cuando una empresa que tenga un solo trabajador se vea afectada, Ruiz se pregunta con quién va a constituir esa comisión. "No tiene ningún sentido", afirma Ruiz, quien cree que esto puede retrasar bastante la tramitación del ERTE.
Todo ello, en una situación de alarma en la que hay empresas que tienen que cerrar "sí o sí", en primer lugar porque puede haber un trabajador afectado; en segundo lugar, porque no le lleguen suministros; y, en tercer lugar, porque no tengan clientes. "Ayer mismo contactaba con dueños de confiterías que no están incluidas entre las empresas obligadas a cerrar pero cuyo volumen de negocio se ha reducido un 90%", destaca.
Y es que, añade, no pueden vender porque hay una restricción de circulación de personas por la calle, lo que es una consecuencia directa del estado de alarma decretado. A su juicio, se trata de una causa de fuerza mayor.
"Si yo no puedo ir a comprar a un establecimiento que está abierto, pero no voy porque acudo al supermercado de turno a comprar lo imprescindible, pues tengo que cerrar", según Ruiz, quien señala que esta circunstancia debería considerarse de fuerza mayor porque es consecuencia de un estado de alarma que restringe la circulación de personas.
Ha destacado que hay otras empresas afectadas y que no están incluidas en el listado de cierre, como las agrícolas, las industriales o las de transporte.
Ruiz ve más coherente crear una comisión en función del número de trabajadores con los representantes de los empleados. Además, cree que, desde el momento en el que se ha restringido la circulación de personas, todos los casos de la actividad comercial deberían considerarse de fuerza mayor, esté incluida o no en los cierres ordenados por el Gobierno central.
"Incluso, habría que ser mucho más ágil y tramitar todos los expedientes como cierre por fuerza mayor", según Ruiz, quien destaca que estos ERTE implican la exoneración del 100% de las cuotas a la seguridad Social durante la vigencia de la suspensión del contrato porque, en definitiva, lo que se intenta es salvar los puestos de trabajo".
Admite que son medidas excepcionales que "tendremos que pagar todos los españoles", pero cree que no queda alternativa "si queremos salir todos adelante".
Asimismo, ha emplazado a la Administración a abrir canales especiales de tramitación de los expedientes y apuesta por escoger a la figura de graduado social, que en la Región asesora al 80% de las empresas. "Tenemos que ser los profesionales válidos ante la Administración y nos encargaremos de velar por la legalidad, sin perjuicio de que la Administración pueda a revisarlo a posteriori", señala.
Destaca que "hay una intranquilidad absoluta por parte de los trabajadores". Y es que hay empleados que se han tenido que ir a casa por una orden de cierre y se preguntan en qué situación quedan ellos, si van a cobrar o no porque han trabajado solo 14 días del mes.
Ruiz cree que debería de existir una coordinación en la Comunidad entre el Servicio de Empelo y Formación, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Consejería de Empleo y los graduados sociales, que "somos los que tenemos las herramientas suficientes para agilizar todo esto".
Además, hay un problema añadido y es que los trabajadores no pueden acudir a la oficina de empleo, y no todos tienen certificados digitales para hacer su petición a través de la red. Por ello, pide canalizar todo a través de uno o dos interlocutores.
Para agilizarlos, propone que todos los cierres que sean consecuencia del estado de alarma sean considerados como de fuerza mayor, y ha pedido que los graduados sociales sean considerados como los interlocutores válidos ante la Administración, porque ellos conocen las herramientas necesarias para tramitar los expedientes con celeridad.
Ruiz ha destacado que las medidas excepcionales promulgadas este miércoles afectan más a los graduados sociales son las referentes a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la suspensión de contratos y reducción de jornadas por causas de fuerza mayor y también por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
En cuanto a las causas de fuerza mayor, cree que en principio "están claras" porque incluyen a todas aquellas empresas que se vean afectadas tanto por las disposiciones generales del BOE como las medidas acordadas el 14 de marzo por la Consejería de Salud.
Todas las empresas que han cerrado a consecuencia de estas medidas estarían englobadas en las causas de fuerza mayor, lo que conlleva un procedimiento rápido que incluye una comunicación a la autoridad laboral y a los trabajadores o sus representantes, avisándoles de que se pone en marcha ese trámite extraordinario y que, a partir del día del cierre (el 14 de marzo o, a lo sumo, el 15 de marzo) se han suspendido las relaciones laborales y, como consecuencia de eso, los trabajadores tienen de derecho a la prestación contributiva correspondiente.
Este tipo de procedimiento no requiere mayor trámite, salvo que la autoridad laboral tenga que constatar que, efectivamente, existen esas causas. Ruiz detecta en este punto una "incongruencia" porque las actividades que han cerrado están recogidas en el BOE y tenían que bajar la persiana "sí o sí", por lo que no sería necesario constatar nada.
Ruiz destaca que esta medida no puede dar lugar a "picaresca" porque la relación de actividades que han cerrado están recogidas en el BOE y la Policía ya se ha encargado de comprobar los establecimientos que han cerrado o no. "En base a las noticias que tengo de mis compañeros, todas estas actividades han cerrado", tal y como ha asegurado el presidente del Colegio.
A los graduados sociales les preocupa, en cambio, los expedientes derivados de la suspensión o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, porque se introduce un mecanismo que "puede dar lugar a que los expedientes se retrasen, con el consiguiente perjuicio para la empresa y para los trabajadores".
Y es que, añade, cuando se alegan estas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se abre un periodo de consultas en el que si hay delegados de personal no hay problema ninguno, porque se sustancia con ellos.
En caso contrario, el Gobierno central ha habilitado un mecanismo "distorsionante" porque las empresas tendrían que citar a los sindicatos mayoritarios para que acudan en representación de esos trabajadores a constatar que, efectivamente, esas causas son ciertas y que se llegue a un acuerdo o no.
En este sentido, Ruiz ha destacado que los sindicatos no van a poder acudir "lógicamente" a estas citas si se presentan centenares de expedientes en la Región de golpe, teniendo en cuenta que están afectadas casi todas las empresas de hostelería y comercio, por ejemplo.
En el caso de que no aparezcan los sindicatos, se debe crear una comisión 'ad hoc', en la que entre todos los trabajadores se eligen tres representantes. Cuando una empresa que tenga un solo trabajador se vea afectada, Ruiz se pregunta con quién va a constituir esa comisión. "No tiene ningún sentido", afirma Ruiz, quien cree que esto puede retrasar bastante la tramitación del ERTE.
Todo ello, en una situación de alarma en la que hay empresas que tienen que cerrar "sí o sí", en primer lugar porque puede haber un trabajador afectado; en segundo lugar, porque no le lleguen suministros; y, en tercer lugar, porque no tengan clientes. "Ayer mismo contactaba con dueños de confiterías que no están incluidas entre las empresas obligadas a cerrar pero cuyo volumen de negocio se ha reducido un 90%", destaca.
Y es que, añade, no pueden vender porque hay una restricción de circulación de personas por la calle, lo que es una consecuencia directa del estado de alarma decretado. A su juicio, se trata de una causa de fuerza mayor.
"Si yo no puedo ir a comprar a un establecimiento que está abierto, pero no voy porque acudo al supermercado de turno a comprar lo imprescindible, pues tengo que cerrar", según Ruiz, quien señala que esta circunstancia debería considerarse de fuerza mayor porque es consecuencia de un estado de alarma que restringe la circulación de personas.
Ha destacado que hay otras empresas afectadas y que no están incluidas en el listado de cierre, como las agrícolas, las industriales o las de transporte.
Ruiz ve más coherente crear una comisión en función del número de trabajadores con los representantes de los empleados. Además, cree que, desde el momento en el que se ha restringido la circulación de personas, todos los casos de la actividad comercial deberían considerarse de fuerza mayor, esté incluida o no en los cierres ordenados por el Gobierno central.
"Incluso, habría que ser mucho más ágil y tramitar todos los expedientes como cierre por fuerza mayor", según Ruiz, quien destaca que estos ERTE implican la exoneración del 100% de las cuotas a la seguridad Social durante la vigencia de la suspensión del contrato porque, en definitiva, lo que se intenta es salvar los puestos de trabajo".
Admite que son medidas excepcionales que "tendremos que pagar todos los españoles", pero cree que no queda alternativa "si queremos salir todos adelante".
Asimismo, ha emplazado a la Administración a abrir canales especiales de tramitación de los expedientes y apuesta por escoger a la figura de graduado social, que en la Región asesora al 80% de las empresas. "Tenemos que ser los profesionales válidos ante la Administración y nos encargaremos de velar por la legalidad, sin perjuicio de que la Administración pueda a revisarlo a posteriori", señala.
Destaca que "hay una intranquilidad absoluta por parte de los trabajadores". Y es que hay empleados que se han tenido que ir a casa por una orden de cierre y se preguntan en qué situación quedan ellos, si van a cobrar o no porque han trabajado solo 14 días del mes.
Ruiz cree que debería de existir una coordinación en la Comunidad entre el Servicio de Empelo y Formación, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Consejería de Empleo y los graduados sociales, que "somos los que tenemos las herramientas suficientes para agilizar todo esto".
Además, hay un problema añadido y es que los trabajadores no pueden acudir a la oficina de empleo, y no todos tienen certificados digitales para hacer su petición a través de la red. Por ello, pide canalizar todo a través de uno o dos interlocutores.
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