MADRID.- La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rechaza por el
momento el parón de toda la actividad económica no esencial que exigen
algunas comunidades como Cataluña, Andalucía y Murcia.
Calviño exige a
los bancos que abran ya el grifo del crédito a las empresas a pesar de
no detallar todavía cómo va a ejecutarse el programa de avales públicos
por valor de 100.000 millones de euros aprobado por el Gobierno hace
seis días.
La vicepresidenta ha comparecido en rueda de prensa con el
ministro de Sanidad, quien ha negado rotundamente que el Gobierno esté
bloqueando el reparto de material sanitario en determinadas comunidades,
como ha denunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno sigue defendiendo que es fundamental mantener la activida
económica dirigida a la producción y prestación de bienes y servicios
esenciales en sectores como la alimentación o el sanitario.
Y ello por
varias razones: en primer lugar para atender a las necesidades de la
población que ya está soportando una situación excepcional de
confiamiento y, en segundo lugar, porque de esa manera se mantienen las
bases para la recuperación de la actividad económica “normal” una vez se
haya superado la pandemia.
Además, el Gobierno sostiene que ya existe
“una actividad muy ralentizada”, que está muy próxima a ese cierre total
que reclaman algunos presidentes autonómicos.
Cuestionada sobre la evolución de la economía, y en concreto por la
previsión del S&P de que la economía se desplomará un 1,8% en el
presente año, la responsable económica del Gobierno ha señalado que esa
misma agencia de calificación espera un fuerte crecimiento para el
próximo ejercicio.
Esto está en línea con lo que ya manifestaron fuentes
de Economía el pasado viernes, cuando se conoció la estimación de
S&P, y cuando apuntaron que el crecimiento acumulado entre 2020 y
2021 será prácticamente similar al que se registraría sin el impacto del
Covid.
Por lo tanto, el Ejecutivo reconoce que la contracción económica
será notable durante este año, con una reducción del Producto Interior
Bruto (PIB) que, en caso de cumplirse el señalado -1,8%, sería la mayor
desde 2012.
Sin embargo, el mismo Gobierno confía en que al repunte en
2021 sea tan intenso que compense la contracción, punto sobre el que
muchos económicas y firmas de análisis no se muestran tan seguros.
Lo que el Gobierno no contempla por ahora es la posibilidad de cerrar
los mercados bursátiles para atajar los fuertes descensos de la Bolsa
española. Por lo que respecta a las medidas de liquidez para empresas en
forma de avales, Calviño no ha aclarado si las abordará este martes el
Consejo de Ministros, pero ha defendido la actuación del Ejecutivo como
una de las más “claras, ambiciosas y contundentes de nuestro
entorno”.
El Gobierno está abierto a adoptar las medidas que sean
necesarias y trabaja para ver si hay que adoptar otras nuevas para los
colectivos vulnerables, ha añadido.
A ese respecto, el Gobierno está analizando una renta o prestación
que sería temporal y que iría dirigida a colectivos vulnerables que, de
momento, se ha quedado fuera de las medidas económicas aprobadas por el
Ejecutivo. Se trataría de una nueva prestación, renta o ingreso mínimo
que iría ligado a la renta de las personas y que se extendería al menos
durante el estado de alarma.
En este sentido los trabajadores del hogar
constituyen uno de los colectivos más vulnerables, ya que no son
susceptibles de medidas de regulación temporal de empleo (ERTE) y además
no cotizan ni tienen derecho a la prestación de desempleo.
Habitualmente el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples) es uno de los indicadores que se utiliza para determinar el
acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o
asistencia jurídica gratuita aunque, en otros casos también puede actuar
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El IPREM se situó en 2019 en
548,6 euros mensuales (está pendiente de actualizar para 2020), mientras
que el SMI para 2020 es de 950 euros mensuales.
Calviño, por otra parte, ha informado de que el Gobierno realizará un
seguimiento de los teléfonos móviles de los españoles para velar que el
estado de alarma se cumpla efectivamente. La vicepresidenta ha
confirmado que se pondrá en marcha un estudio de movilidad aplicada a la
crisis del coronavirus, para medir el impacto práctico de las medidas
que se están adoptando, como el confinamiento.
La ministra ha afirmado que el “elemento clave para la victoria”
contra el coronavirus es que las “medidas no solo se anuncien sino que
se pongan en práctica”. “Uno de los aspectos fundamentales de la
política de contención es su aplicación práctica, en el sentido de
eliminar interconexiones entre los ciudadanos”, ha añadido.
La puesta en marcha de una web con información verificada sobre el
COVID-19; de un asistente conversacional para mayores; de una aplicación
de autodiagnóstico para móviles y de una oficina del dato del
coronavirus son otras de las iniciativas anunciadas y que están
operativas “en los próximos días”, según Calviño.
Sobre la oficina del dato del coronavirus, ha afirmado que ésta
implicará un sistema centralizado para gestionar los datos de las
comunidades autónomas con el fin de que se puedan entender las
situaciones en las que se encuentra todo el territorio y se pueda
ofrecer información actualizada a todos los hospitales. Esta es una
iniciativa que ya se ha puesto en marcha en otros países, ha recordado.
Sobre la aplicación de autodiagnóstico del COVID-19 para móviles, ha
afirmado que esta incorporará un cuestionario similar al de los
teleoperadores y servirá para descongestionar los teléfonos de atención
sanitaria, una iniciativa que ya está en marcha como piloto en Madrid,
ha recordado.
Además, ha anunciado una web unificada en la que se
publique información verificada sobre el coronavirus, a fin de evitar la
desinformación y la confusión que están suscitando las páginas en
internet de origen desconocido.
Sobre el asistente conversacional, ha informado de que la atención a
los mayores será oral, que ya se está lanzando un proyecto piloto en La
Rioja y que se extenderá al resto de España. Este asistente, según la
ministra, ha suscitado el interés de operadores de otros países
especialmente de América Latina, teniendo en cuenta que el idioma que
usa es el español. Estas iniciativas se suman al lanzamiento del
programa Acelera PYME (Pequeña Y Mediana Empresa) , ya puesto en marcha,
para financiar con una línea de créditos, a través de Red.es, el
teletrabajo, según ha recordado, según crónica de https://www.republica.com.
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