Ante el nivel de ruido que el PP y Ciudadanos llegaron a distribuir por tierra, mar y aire, el ministerio de Hacienda, que dirige hoy la exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), se vio obligado a sacar una nota de prensa que llevaba por título: “El Ministerio de Hacienda no ha intervenido a la Junta de Andalucía”.
¿Ha intervenido realmente el Gobierno de España a la Junta de Andalucía? La respuesta es no. Hacienda no elabora los presupuestos de la Comunidad. Es el Ejecutivo de Juanma Moreno el que decide cómo cumplir con los objetivos de estabilidad que el Estado fija de acuerdo con Bruselas. Si cumple este año con el objetivo de déficit podrá sacar bonos de nuevo, como ha hecho en dos ocasiones desde el año 2018. 
Las Comunidades Autónomas, desde la reforma constitucional de 2011 en el que se modificó el artículo 135 de la Constitución, tienen las alas cortadas. Toda la legislación posterior ha ido encaminada a controlar el gasto público de manera decidida y los sucedidos de esta semana son, de este modo, consecuencia directa de aquel pacto entre el PP y el PSOE.
La situación en Andalucía es compleja, además, porque según recoge el acuerdo de financiación autonómica firmado entre PSOE, PP y Adelante Andalucía la pasada legislatura la Comunidad necesita 4.000 millones de euros más -y el sistema de financiación en su conjunto 16.000 más– para poder ofrecer los servicios públicos adecuadamente.
Lo que sigue es una serie de hechos que pretenden explicar la letra pequeña de la gran bronca política de esta semana más allá del contexto general de las finanzas públicas de Andalucía.

El FLA y el Fondo de Facilidad financiera

La Junta de Andalucía solicitó el pasado 30 de julio su adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2020. Por voluntad propia, el Gobierno andaluz pidió acogerse a los mecanismos extraordinarios de liquidez vigentes.
La normativa establece, según Hacienda, que, en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales, las comunidades reciben el dinero a través del Fondo de Facilidad Financiera o a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Las obligaciones y consecuencias de estar en uno u otro compartimiento difieren.
La Secretaría de Estado de Hacienda comunicó el pasado 5 de diciembre que, teniendo en cuenta que Andalucía incumplió el objetivo de déficit, de deuda y de regla de gasto en 2018, quedaba adherida al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que obliga a presentar un plan de ajuste. Así se establece en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
Hacienda argumenta que no exige un plan de ajuste arbitrariamente a la Junta de Andalucía, sino que simplemente se limita a cumplir lo que marca la normativa y pide que se corrija las desviaciones registradas. “Es competencia de la comunidad autónoma decidir cómo lograr el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”, recuerda el ministerio.

Autorización del Estado para emitir deuda

¿En qué norma se basa Hacienda para sacar a Andalucía del mercado de bonos? Según el ministerio, el 5 de julio de 2018 se aprobó el “Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establecen las condiciones y el procedimiento para la salida gradual a mercados de las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas”.
En ese acuerdo, se establece que las autonomías acogidas a los mecanismos extraordinarios de liquidez deben estar adheridas al compartimiento de Facilidad Financiera. Esta condición ya no la cumple Andalucía y por eso no puede recurrir a la financiación de mercado. “Nuevamente, no existe arbitrariedad, sino el cumplimiento de la normativa”, asegura el ministerio.
En cualquier caso, recuerda Hacienda, "la emisión de deuda por parte de las comunidades autónomas siempre requiere la autorización del Estado, con independencia de que estén o no adheridas a los mecanismos extraordinarios de liquidez y que hayan cumplido o no las reglas fiscales".

El plan de ajuste

“El plan de ajuste es nuestro presupuesto para el año 2020”, dijo Juan Bravo en el Parlamento la semana pasada. El Gobierno andaluz tiene aprobado un presupuesto que prevé un déficit cero para el año que viene y que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), podría cumplirse.
Y, aunque este año que termina, 2019, el nuevo Gobierno incumpla también con el objetivo de déficit, lo que hoy parece muy probable, ello, según la Airef, “no condicionaría la situación de los ejercicios siguientes, por lo que corregir la situación no requiere de medidas o actuaciones a medio plazo o estructurales”.
Es decir, que la escandalera política que ha montado Moreno tiene fácil solución y está al alcance de su mano: cumplir con el déficit en 2020. Alcanzar el equilibrio presupuestario en Andalucía.

El déficit de 2018 y 2019

¿Por qué se produjo el incumplimiento de 2018? ¿Fue como dicen PP y Ciudadanos fruto de una mala y negligente gestión del Gobierno de Susana Díaz, en el que estuvo durante unos meses la propia ministra Montero?
Según la Airef, la desviación se produjo como consecuencia de dos factores, fundamentalmente. Por un lado, los gastos por sentencias en contra (Centro comercial Nevada y concesionaria del Metro de Sevilla), y por otro, los ingresos de la Unión Europea (liquidación del programa operativo 2007-2013). Entre ambos, incrementaron dos décimas el gasto y causaron la desviación de una décima del objetivo.
¿Y qué hay sobre el déficit de 2019, que podría abrir a la Junta de Andalucía la puerta de los mercados de nuevo más pronto que tarde? De momento, en los primeros nueve meses del año, el Ejecutivo de Moreno acumula 428 millones de euros de déficit, un 0,26%, por encima del 0,1%.
La Airef establece como elemento clave para cumplir o no con el déficit la recaudación del IVA de diciembre de 2017, que el exministro Cristóbal Montoro hurtó a las Comunidades Autónomas, con la idea, según el PP de devolverlo más adelante mediante un crédito sin interés, y, según el PSOE, con la intención de no devolverlo nunca. Para Andalucía serían 530 millones de euros.

El IVA de 2017

La ministra Montero, que sufrió los efectos de aquella medida de Montoro como consejera andaluza de Hacienda, trató de devolver el mes de recaudación cuando llegó al Gobierno de España vía presupuestos. Sin embargo, el frenazo a las cuentas que llevó a nuevas elecciones dejó este asunto sin resolver.
A pesar de ello, el consejero Bravo y el presidente Moreno decidieron incluir los 530 millones de euros como ingresos en el presupuesto de 2019. Es decir, que sin tener un respaldo normativo ni tampoco de Hacienda, porque no podía tenerlo al no haber gobierno, el Gobierno de PP y Ciudadanos contó con unos ingresos que ya podía razonablemente saber que no iba a contar con ellos.
La Airef lo expresa con estas palabras: “De acuerdo con la información facilitada desde el Ministerio de Hacienda, la Airef no contempla una modificación de la norma para neutralizar el efecto que la misma tiene sobre la liquidación de 2017.
Este escenario difiere del previsto por la comunidad en su PEF, que sí contempla para 2019 recursos adicionales a los comunicados en julio de 2018, por la neutralización del impacto [del hurto del IVA de diciembre de 2017]”.
Hacienda argumenta que ahora mismo no hay solución posible de cara al año 2019, porque la liquidación definitiva del ejercicio 2017 se produce en julio este año, dos años después, como recoge la ley, y "no hay modificación posible que hacer una vez que está liquidado”.
La Airef recomendó a Hacienda que aclarase a las CCAA “la situación previsible de financiación para el ejercicio” 2019. Agrega la Airef: “Si de dichas aclaraciones resultara el mantenimiento del escenario actual considerado, dado el significativo importe que el impacto del [IVA de diciembre] supone en la comunidad, el cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2019 en [Andalucía] requeriría acomodar la ejecución del gasto”.
Es decir, que el Gobierno andaluz tendría que reajustar los gastos para cumplir con el déficit, lo que a la vista de las cifras, no parece que haya hecho.
Todas las Comunidades se han quejado de la falta de ese mes del IVA, pero existe una diferencia entre las que elaboraron su presupuesto en octubre de 2018, como Galicia, y las que lo hicieron tras los comicios de abril de 2019, como Andalucía. En el primer caso, existía una expectativa real de que el Estado iba a aflojar el mes de IVA. En el segundo, no, aseguran en Hacienda.

Una décima más de déficit

Cuando la ministra Montero llega al Gobierno, propuso darle aire a las CCAA y a la seguridad social con una décima mas de déficit para el año 2019. Pero el PSOE no logró sacarlo adelante en el Congreso. Podemos y el PP y otros grupos lo tumbaron.
Luego, cuando Podemos se avino a pactar los frustrados presupuestos, cuyo rechazo derivó en las elecciones de octubre, fue el PP quien acabó con la medida en el Senado con su mayoría absoluta.