Pero no solo en este acápite fundamental. Se instala la sensación de fin de ciclo que recuerda a lo que sucedió en la última época de la UCD
en el Gobierno de España. Para que la similitud sea simétrica, solo
falta la estampida final en las confrontaciones internas del PP al grito de "sálvese quien pueda".
El presidente de Gobierno hace tiempo que ha abdicado de toda acción
política frente al desafío catalán. Ha dejado toda la defensa del estado
en manos del Rey y del magistrado Pablo Llarena.
Pero en su desidia ha dado un paso al frente. El ministro Cristóbal Montoro,
sorprendentemente y sin una razón distinta que su imprudencia o su
deseo de justificar su gestión, ha declarado en una entrevista en el
diario El Mundo que "no se ha utilizado ni un euro de dinero público en el referéndum del 1-O".
En otras palabras, Montoro
contradice de raíz la existencia de los presuntos delitos que
justifican el procesamiento de los golpistas por malversación. Hasta tal
punto que el magistrado Llarena ha requerido al Ministerio de Hacienda para que apuntale con datos lo manifestado por el ministro.
Y
todo ello con la extradición de los fugados pendiente de decisión de
las autoridades judiciales de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.
Es el último episodio de una larga carrera de errores y omisiones cometidos por Rajoy desde que comenzara la más importante crisis de la democracia española desde el golpe de estado del 23-F.
La impericia del Gobierno en el intento de referéndum del 1-0
es de sobra conocida. Las fotos de la intervención policial, producto
de la incapacidad del ejecutivo para prevenir la respuesta del secesionismo, apuntaló el relato secesionista en el mundo.
Tuvo que mediar el Rey para establecer un sólido muro de contención del secesionismo.
A la vista de lo ocurrido desde la puesta en vigor del artículo 155, la
intervención se ha quedado corta. Y no solo en lo referido a la
televisión pública catalana.
Fuentes cercanas a la delegación del Gobierno en Cataluña, dan cuenta de la desazón del delegado, Enric Millo, por los criterios impuestos desde el Gobierno en la administración de los órganos intervenidos de la Generalitat.
Las mismas fuentes afirman que la mayor parte de las instituciones de la Generalitat carecen de un control efectivo del Gobierno de Rajoy y que están sincronizadas por canales subterráneos al servicio de los intereses del cesado presidente Carles Puigdemont.
Según estas fuentes, la consigna impartida desde la presidencia del
Gobierno de España ha sido la de mínima intervención y guante de
terciopelo en la gestión pública de los órganos de la Generalitat.
En este momento, producto de diferencias importantes de criterio en estos asuntos, la comunicación del presidente Rajoy con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, está rota.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue fiel a su compromiso de apoyar al Gobierno de Rajoy en la defensa del estado. Pero su descontento y sus discrepancias son profundas.
La
acusación de desistimiento de la política y la delegación de todo el
peso en el Tribunal Supremo hace más incomprensible la posición de Montoro de cuestionar la utilización de fondos públicos sostenida por el magistrado Llarena.
La puntilla: los sindicatos y el 'caso Cifuentes'
Hay otros episodios que sin ser responsabilidad directa de Rajoy
apuntalan la idea de fracaso en la crisis catalana. Sin duda el apoyo
público y activo de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y
UGT a la causa del independentismo.
Se ha constatado la baja masiva de afiliados en los dos sindicatos a
los que nadie ha sido capaz de reconducir en su deriva de apoyo a los
golpistas.
La ausencia de una estrategia de comunicación internacional del
Gobierno en la crisis catalana ha promovido discretas quejas de
embajadores por la falta de instrucciones en sus respectivas legaciones
para contrarrestar el relato secesionista.
Rajoy traslada la
impresión de que toda la acción política de su gobierno está succionada
por la amenaza electoral de Ciudadanos. La gestión de la crisis de Cristina Cifuentes es
un buen ejemplo. Prefiere que no dimita solo con la creencia de que el
apoyo de Ciudadanos a la moción de censura presentada por Ángel Gabilondo pase factura al partido de Albert Rivera por la participación de Podemos.
Empieza a producirse abandonos en el barco del Partido Popular en
medios de comunicación, hasta ahora amigos, y en sectores financieros.
Lo más preocupante, sin duda, es el frente contra los intentos de secesión en Cataluña y la sensación creciente de que Mariano Rajoy navega a la deriva en estas aguas turbulentas.
(*) Columnista
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