El Obispado, dispuesto a estudiar la retirada de símbolos franquistas aunque "ya da ejemplo de tolerancia"

ALMERÍA.- El Obispado de Almería está dispuesto a estudiar la retirada de los símbolos franquistas de la fachada de la Catedral de la capital almeriense --en concreto, un yugo y una flecha y el nombre del histórico líder falangista José Antonio Primo de Rivera--, si así se lo solicita la Junta de Andalucía, si bien la Iglesia almeriense "ya da ejemplo de tolerancia y convivencia al margen de cualquier opción política".

   Así lo ha señalado el vicario general de Almería, Tomás Cano, que ha reaccionado así a la petición realizada esta semana por el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería, Rafael Salazar, quien ha instado al Obispado almeriense a "dar ejemplo a sus fieles" y "favorecer los valores de la convivencia entre todos los ciudadanos" retirando dichos símbolos.

   No obstante, Cano ha señalado que el Obispado aún no ha recibido ninguna notificación en ese sentido, si bien, si ésta llega estarán dispuestos a "estudiarla" con la Junta de Andalucía, porque "ante todo hay que ser educado", si bien ha apostillado que la Iglesia almeriense "ya da ejemplo de valores de convivencia y tolerancia a sus fieles".

   Además, el vicario de Almería ha indicado que en la fachada del Palacio Episcopal, que se sitúa frente a la Catedral, hay un "escudo republicano" del que no se ha pronunciado la Junta, por lo que ha ironizado preguntando "a qué símbolo se refiere Salazar", si al yugo y la flecha o a dicho escudo.

   En esa línea, y frente a la opinión del responsable de la Vicepresidencia de la Junta en Almería, que sostiene que dichos símbolos "hieren profundamente" los principios democráticos, Cano ha replicado que "hasta la fecha, ningún almeriense le ha manifestado sentirse dolido por esa simbología", aunque ha reconocido que ésta "pertenece a una etapa anterior, a una dictadura".

Hacer respetar la legalidad

Salazar había señalado, por su parte, que esta simbología "es contraria a los valores democráticos" por lo que "hiere profundamente" estos principios. "Es evidente que un edificio religioso cuya titularidad pertenece a una institución privada como es el Obispado es muy difícil que retire los símbolos si no tiene voluntad de hacerlo", ha señalado el responsable de la Oficina de Vicepresidencia.
Así, tras señalar que son las autoridades de este ámbito las que tiene la potestad para eliminar los símbolos preconstitucionales de la fachada del templo, ha trasladado también en su caso la responsabilidad que tienen las administraciones locales para actuar del mismo modo sobre edificios públicos y particulares. En este sentido, ha señalado los símbolos que se mantienen en las viviendas de zonas como Regiones, las 500 viviendas o la calle Poeta Paco Aquino.
"La convivencia es un valor en sí y no puede hablarse de convivencia si no se habla de un respeto a los valores esenciales de la democracia", ha afirmado Salazar, quien contrapone este extremo con la "insoportabilidad" de los yugos y las flechas en edificios que, en ocasiones, se han amparado "incluso en su valor histórico".
Así, asegura que otros países europeos como Francia, Italia o Alemania han dado con sus actuaciones una "lección de democracia" al eliminar signos de "poderes totalitarios" que "significaban la negación de los otros".
 "La democracia se construye sobrepasando esos contravalores", ha explicado antes de precisa que "lo único que puede hacer con los elementos del fascismo es repudiarlos y, en la medida que se refieran a crímenes que no hayan prescrito, también condenarlos".
En relación a las declaraciones del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, sobre la elaboración de un catálogo con los símbolos franquistas que aún no han sido retirados de los municipios andaluces y la elaboración de una ordenanza que podría implicar sanciones y supresión de subvenciones para los ayuntamientos que no retiren dichos símbolos, Salazar espera que la nueva norma permita "forzar" a la administración local a "cumplir con la legalidad".