MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de
ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus
televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si
quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa
privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit
porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".
Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes
Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según
ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían
realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las
que atraviesan esos servicios de televisión".
La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es
"ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se
presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos
servicios de "mayor eficacia y eficiencia".
La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas
que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan
sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha
avanzado Sáenz de Santamaría.
En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una
decisión de esa Comunidad Autónoma" deciden prestar el servicio público
de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como
hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o
materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que
'de facto' ya aplicaban algunas comunidades.
En cualquier caso, la Comunidades Autónomas que decidan quedarse
con las televisiones autonómicas tendrán que cumplir los mismos
"principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las
administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán
desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha
subrayado.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de
536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron
un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios--
para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año
anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en
España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales
Asociadas (UTECA).
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