SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud en funciones,
María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de
"ocultar un progresivo desmantelamiento" del actual Estado del
Bienestar, cuyos pilares se basan en el sostenimiento de la sanidad y la
educación públicas vía impuestos, por un nuevo modelo de aseguramiento
"al estilo estadounidense, basado en la beneficencia para aquellos que
no se pueden pagar una sanidad pública, mientras que los demás lo hacen
por un modelo de seguro, en el que el que más dinero tiene dispone de un
seguro quer cubre más prestaciones que el que tienen menos dinero".
A preguntas de los periodistas en Sevilla tras informar sobre
las donaciones y trasplantes de órganos registrados en el primer
trimestre en la comunidad, un modelo del que también ha advertido
"peligra" si continúan las actuales medidas impulsadas por el Gobierno
de España, Montero ha acusado al Ejecutivo central de llevar a cabo una
política "de menor transparencia y mayor ocultismo como no he visto
nunca en la historia reciente de la democracia".
Así, y tras volver a denunciar que en la reunión del miércoles
en el seno del CISNS tuvieron que "tomar a mano" literalmente "las
declaraciones de la ministra acerca de cuestiones como los tramos en los
que se tenía que cambiar el copago en materia de medicamentos", ha
alertado de que "la confusión" a la hora de trasladar los mensajes el
departamento de Ana Mato "no se debe a un problema de comunicación, sino
que esconde de forma deliberada la sustracción a los ciudadanos y las
comunidades de informaciones importantes que caminan hacia un nuevo
modelo de Estado".
En este sentido, se ha quejado de la existencia de "epígrafes
sobre ordenación de la cartera de servicios", en referencia a la
partición en tres de la cartera de servicios --básica, complementaria y
accesoria--, "en los que ya se plantea un ajuste de 4.000 millones de
euros".
"Ya trasladé que no sólo era importante ese importe de
recorte, sino el lenguaje que se está aplicando, porque supone empezar
con el desmantelamiento progresivo del SNS". En concreto, ha
explicado en la está "categorización" de cartera de servicios en estos
tres grupos "o cajones" subyace el hecho de que "o bien algunos de esos
cajones que son prestaciones se quedarán en el olvido o bien nos dirán
que son prestaciones que no nos podemos permitir, lo que es una forma de
decir que se produce un recorte de prestaciones", en clara referencia a
la cartera designada como accesoria.
"La letra pequeña, que ya es grande; y lo que no se puede
decir es que por nombrar de forma distinta la cartera de servicios se va
a ahorrar 4.000 millones de euros", ha hecho hincapié Montero, qjuien
todo ello son "mensajes futuro que nos están trasladando del tipo: la
cartera accesoria se prescinde de ella y la complementaria se pagarán en
tal proporción por parte de los ciudadanos".
Así, ha defendido que "no es casual" el que en la cartera
complementaria "se haya metido el asiento de la farmacia, que ya tiene
copago, con otras prestaciones que no tienen aún copago".
"Anticipo que todo apunta a que en el futuro el Gobierno nos
diga, pues como ya ocurre con farmacia, todas las prestaciones que están
en la cartera complementaria serán abonadas en parte por los
ciudadanos", ha vaticinado Montero, quien se ha quejado de que esta
agenda "oculta" no la planteó el actual Gobierno en su programa
electoral.
Por todo ello, ha reiterado que el presidente del Gobierno de
emprender una política con la que "está tirando la toalla" en la defensa
del Estado del Bienestar para encaminarse "a un modelo social de España
distinto al que en su momento se consensuó en el marco constitucional".
"Se está poniendo los primeros mimbres para desarrollar un
nuevo modelo de protección social, que nada tiene que ver con el que
hemos conocido, y que no es otro que un sistema de aseguramiento o los
sistema de cotizaciones de los seguros sociales, con la cohartada a su
vez de la beneficencia", ha proseguido Montero, para quien ese nuevo
modelo se parece más al nortemaricano "en el que el estado protege a
aquellos que no tienen ningún tipo de recursos, mientras que los demás
lo hacen por aseguramiento".
Este hecho, ha agregado, "penaliza a las clases media, que son
medias justamente porque tienen sanidad y educación públicas. Por
tanto, si empezamos a cobrarles a los ciudadanos por esos servicios cabe
el riesgo de que desaparezca la clase media y se generaría más paro".
En cuanto a los ámbitos competenciales, ha recordado que el de
poner el precio del medicamento o establecer un sistema de copago es
potestad del Estado, "por lo que no nos podemos declararnos insumisos",
si bien en cartera de servicios "tenemos potestades plenas".
"Esto significa que en Andalucía hay capacidad para
desarrollar prestaciones que no están en la cartera de servicios actual.
Por tanto, si en el día de hoy conocemos alguna propuesta que vaya en
la línea de reducción de las prestaciomes de la cartera de servicios, en
nuestra comunidad no disminuiremos esa cartera", ha avisado, en clara
alusión a lo que se decida en el Consejo de Ministros.
Finalmente, ha vuelto a defender la subasta pública de
medicamentos, un sistema que "si se pusiese en marcha en el conjunto del
país se podría ahorrar unos 1.500 millones de euros, sin tocar el
bolsillo de los ciudadanos".
"Éste es un elemento novedoso, sobre todo, en aquellos
medicamentos en los que ya ha caducado su perídodo de patente. Con ello,
se podría poner a competir a las industria farmacéuticas en este tipo
de moléculas que ya tienen genérico y no están bajo patente", ha
zanjado.
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