MADRID.- El Gobierno central ha decidido recurrir ante
el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes en
Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz, lo que dejará en
suspenso la orden de la Consejería de Educación.
El Ejecutivo ha decidido así impugnar la convocatoria
presentando un conflicto positivo de competencias, cuando apenas faltan
dos días para que concluya el plazo límite para el recurso, el 22 de
abril, justo dos meses después de que se publicara en BOJA esta
convocatoria docente.
Según consta en las referencias hechas públicas tras el
Consejo de Ministros, el número de plazas convocadas "contraviene" las
limitaciones que, con carácter básico, y por tanto vinculantes para las
Comunidades Autónomas, estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre
de 2011, al prohibir la incorporación de nuevo personal, salvo
excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar
personal docente, al fijar en un 10 por ciento la tasa de reposición de
efectivos en el sector educativo.
Así, subrayan que este Real Decreto Ley fijó nuevos límites
básicos para el año 2012 en materia de Oferta de Empleo Público, por lo
que cualquier convocatoria autonómica anterior queda desplazada y, para
no extralimitarse, debe ajustarse al nuevo marco, "lo que no ha ocurrido
con la convocatoria andaluza de profesores".
La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de
Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica
"no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la
Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de
reposición del 30 por 100 de efectivos". Por ello, el Consejo de Estado
concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al
ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones
públicas para el citado ejercicio".
El Gobierno andaluz convocó 2.389 plazas, de las cuales 1.752
se ofertaron como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto
Básico del Empleado y las 637 restantes como resultado de la aplicación
de una tasa de reposición cercana al 30 por ciento, tal y como recogía
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la vigente
cuando el Gobierno andaluz aprobó dicha oferta de puestos docentes el
pasado 27 de diciembre, tres días antes de la aprobación del Decreto Ley
de "medidas urgentes" que rebajaba al diez por ciento esta tasa.
Desde que se supo de esta bajada de la tasa de reposición para
el cuerpo de profesores, el cruce de declaraciones entre el Gobierno
central y andaluz a cuenta de las oposiciones ha sido continuo. Sin
embargo, el momento más tenso se vivió cuando el Ejecutivo de Mariano
Rajoy decidió cambiar los temarios previstos para este 2012 y restauró,
en su gran mayoría, los de 1993. Una decisión que no gustó a la
Administración andaluza al entender que era una manera de presionarla
para que, como hicieron otras comunidades autónomas, desistiera en su
deseo de convocar oferta de empleo público docente.
En los últimos meses, el Ministerio de Hacienda y la
Consejería de Educación andaluza iniciaron camino de "diálogo" del que
no trascendieron muchos detalles más que algunos encuentros para
analizar el estudio y las peticiones de la Administración autonómica y
los sindicatos para que el Gobierno central aclarase qué iba a hacer con
las oposiciones y así evitar incertidumbre a los opositores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario