ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería se ha sumado a la iniciativa emprendida por el Ayuntamiento de Almería junto con el Colegio de Abogados para la puesta en marcha de un servicio de atención de intermediación hipotecaria a aquellas personas que corren riesgo de ser desahuciadas de sus viviendas.
Así lo ha indicado este lunes el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) tras reunirse con el decano del Colegio Provincial de Abogados, José Pascual Pozo; una reunión en la que se ha abordado esta oficina de intermediación y las condiciones de un convenio que, suscrito ahora entre las tres partes, ofrecerá apoyo y asesoramiento a las personas que puedan verse afectadas en un proceso de ejecución hipotecaria, según detalla el Ayuntamiento en una nota.
La inclusión en el convenio de la Diputación significa que la atención prestada "se extenderá a toda la provincia, toda vez que las situaciones de embargo o ejecución hipotecaria que se producen afectan a las personas no sólo en la capital sino también en muchas poblaciones de nuestra provincia", según ha señalado Rodríguez-Comendador, quien ha destacado además "la colaboración institucional que Ayuntamiento y Diputación prestarán, junto al Colegio de Abogados, facilitando a las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios y pueden encontrarse, por esta causa, en riesgo de perder su vivienda habitual".
El primer edil ha recalcado también la voluntad de todas las partes en colaborar en un asunto "que hoy tiene una gran trascendencia a nivel social". Así, ha indicado que sólo en la provincia de Almería, el año pasado, se registraron más de 2.700 ejecuciones hipotecarias. "Tanto Ayuntamiento de Almería como Diputación Provincial se comprometen a participar económicamente en la puesta en marcha de este servicio", ha dicho el regidor, quien ha añadido que aún no se ha determinado la cuantía de cada entidad.
Ambas instituciones se encargarán también de canalizar las solicitudes de intermediación que se produzcan. Al colegio le corresponderá la creación de un turno de abogados a través del cual se prestará servicio a los afectados. Éstos podrán dirigirse tanto al Ayuntamiento, a la propia Diputación Provincial y al Colegio de Abogados solicitando la intermediación.
Así, corresponderá al colegio designar a los letrados que prestarán el servicio, de forma voluntaria y extrajudicial, teniendo en cuenta su preparación y experiencia específica en las materias relacionadas con el contenido del servicio a desarrollar. La creación de esta oficina de intermediación, que permitirá ofrecer un servicio jurídico a personas y familias en ejecución hipotecaria, pretende en última instancia, y siempre que sea posible, evitar los lanzamientos derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios.
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