La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada se ha propuesto indagar sobre el procedimiento que se siguió para cumplir con este trámite y ejecutar de una vez por todas la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 2018 para devolver a los sectores ST-1 y ST-2, este último correspondiente a El Canillar, su nivel de protección original, dada cuenta que la Junta solicitó una rectificación de dicha publicación al considerar que estaba incompleta.
A través de una providencia dictada el pasado 5 de noviembre, dispone que se remita un oficio a la institución provincial para que esta informe al tribunal de los pasos y trámites que se siguieron de cara a la publicación de la corrección del PGOU aprobado en Pleno el pasado mes de julio; una publicación a la que la Junta de Andalucía puso reparos al no contar con "el articulado íntegro de las normas urbanísticas".
En esta línea, reclama la Sala que se le remita una copia de "toda la documentación que se relacione con el contenido del informe" que se ha de emitir, para lo que le concede un plazo de 15 días.
El TSJA da este paso después de que el pasado 15 de octubre reclamara al Ayuntamiento de Carboneras la citada rectificación en el anuncio para que la normativa urbanística pudiera desplegar todos sus efectos conforme a las advertencias de la Junta, aunque transcurrido el plazo otorgado para ello no se han producido nuevas publicaciones.
La Junta advirtió así que la publicación realizada el 17 de septiembre "se contrae y limita a indicar que tanto el certificado del acuerdo plenario como la documentación técnica del expediente están disponibles para su consulta en una serie de enlaces que remiten a la sede electrónica del Ayuntamiento de Carboneras", lo que no sería suficiente.
De otro lado, el TSJA ha dado traslado a las partes personadas en el procedimiento que prevé la revisión de la licencia del hotel las alegaciones manifestadas por el Ayuntamiento de Carboneras ante la falta de secretaria para avanzar en el expediente, de modo que da a Junta, Azata y a Ecologistas diez días para que se pronuncien al respecto.
El Ayuntamiento aludió a los problemas que sufre para cubrir el cargo de secretario después de que el TSJA le reclamara información sobre lo pasos que había dado para cumplir con la sentencia judicial que le obliga a revisar de oficio el permiso municipal otorgado en enero de 2003, el cual presenta "vicios de nulidad".
El tribunal le daba cinco días al Ayuntamiento para que explicara las acciones seguidas durante los últimos cerca de cuatro meses al respecto y, "en especial" si se ha dado traslado del expediente al Consejo Consultivo de Andalucía una vez que ha concluido el plazo de audiencia a las partes.
Frente a ello, el Ayuntamiento eleva al tribunal documentación con la que acredita la falta de secretaria y los procedimientos administrativos iniciados para cubrir la vacante mediante un interino así como el concurso unitario abierto, de forma paralela, para las plazas de secretario, interventor y tesorero.
Del mismo modo, le daba traslado de la asistencia jurídica solicitada a la Diputación de Almería, y la denegación por parte de la misma, para poder dar respuesta al escrito de oposición al expediente que formuló Azata del Sol en los diez días posteriores a la aprobación en Pleno del inicio de expediente para revisar la licencia del hotel.
También se adjuntaba el certificado
del acuerdo de Pleno aludido.
Con todo, el primer edil ha
reiterado, no obstante, su intención de cumplir "con su obligación
constitucional de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones
judiciales firmes" así como de "prestar toda la colaboración requerida".
Esta disposición carece de crédito alguno a ojos de la organización
Greenpeace, que reclamó otra vez al tribunal multas periódicas al
alcalde al vislumbra una supuesta intención de dejar "caducar" el
expediente iniciado.
El colectivo conservacionista recordaba
así que el Consejo Consultivo de Andalucía tiene un plazo de 30 días
para emitir un dictamen una vez que el Ayuntamiento de Carboneras lo
solicite, toda vez que "ya han transcurrido más de tres meses de los
seis que tiene de plazo" el Consistorio para solucionar el expediente.
"Es muy difícil que lo pueda finalizar antes del 11 de enero de 2026",
han observado.
Desde la Junta de Andalucía también se ha
acusado al Ayuntamiento de ejercer "prácticas dilatorias" a la hora de
tramitar la revisión de oficio de la licencia, por lo que ha reclamado
al tribunal que interceda para el cese de las mismas y que se acometa la
"debida ejecución" del fallo que, con la nulidad del permiso, podría
acelerar la demolición del hotel.
