HUELVA.- Izquierda Unida ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Huelva una denuncia sobre las condiciones de vida, laborales y administrativas de las personas migrantes que residen en los asentamientos chabolistas presentes en municipios del ámbito agrícola de la provincia de Huelva. La formación reclama la apertura de diligencias para esclarecer si determinadas actuaciones u omisiones de las administraciones públicas pueden tener relevancia penal.
Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el coordinador provincial de IU Huelva y diputado provincial, Marcos Toti, ha registrado el escrito en el Palacio de Justicia de Huelva después del fallecimiento de un joven de Mali en el incendio ocurrido durante la madrugada del 15 de septiembre en el asentamiento La Sevillana, en Lucena del Puerto.
El joven, nacido en marzo de 1988 en Kaolack (Senegal), tenía 38 años y contaba con un permiso temporal de residencia y trabajo en vigor hasta 2030.
"Lo sucedido vuelve a demostrar que vivir en un asentamiento puede costar la vida. No estamos ante una situación desconocida ni sobrevenida, sino ante una realidad que las administraciones conocen desde hace más de dos décadas y frente a la que no han actuado con la urgencia y la eficacia necesarias", ha criticado Toti.
La primera línea de investigación solicitada se refiere al grado de desarrollo y ejecución del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión Social de las personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía, conocido como Plan EASEN.
Su formulación fue aprobada por la Junta de Andalucía en julio de 2023 con el objetivo de coordinar a las administraciones, erradicar los asentamientos y facilitar alternativas residenciales dignas. Sin embargo, IU sostiene que es necesario conocer qué actuaciones se han realizado realmente desde entonces y qué resultados han producido.
"Queremos que la Fiscalía investigue qué relación puede existir entre la falta de ejecución del plan por parte de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos y las muertes que se siguen produciendo en los asentamientos porque está claro que si este joven hubiera residido en una vivienda digna no hubiera fallecido calcinado en su chabola por no poder abrir la puerta para ponerse a salvo del incendio", ha explicado Toti.
IU solicita que la Junta aporte el expediente completo del Plan EASEN, sus presupuestos, cronogramas, memorias de ejecución e informes de seguimiento. Asimismo, pide a los ayuntamientos de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera que remitan sus planes locales, los acuerdos de aprobación, los recursos destinados y las medidas efectivamente ejecutadas.
La formación reclama también datos actualizados sobre el número de asentamientos y chabolas, la población residente, las personas realojadas, los equipos profesionales constituidos, los programas de inclusión desarrollados y el dinero público presupuestado y finalmente ejecutado.
El escrito presentado ante la Fiscalía recuerda que el Defensor del Pueblo Andaluz estimó en 2021 que alrededor de 2.170 personas residían de manera estable en asentamientos de esos cuatro municipios. Una comunicación de los procedimientos especiales de Naciones Unidas había situado anteriormente en unas 3.000 las personas migrantes afectadas en cinco municipios onubenses.
Asimismo, IU solicita que la Fiscalía investigue, en primer lugar, "los posibles obstáculos y denegaciones de empadronamiento sufridos por personas cuya residencia efectiva se encuentra en estos asentamientos".
La legislación establece que cualquier persona debe inscribirse en el padrón del municipio en el que vive habitualmente y que residir en una chabola "no puede constituir por sí mismo un motivo para rechazar la inscripción".
Toti ha advertido de que la negativa a empadronar a estas personas "las condena a una mayor exclusión y dificulta su acceso efectivo a derechos, servicios públicos y prestaciones básicas".
Por ello, IU pide que se revisen los expedientes tramitados por los cuatro ayuntamientos, las resoluciones denegatorias y los protocolos o criterios internos aplicados.
El escrito recuerda que una sentencia dictada en 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva reconoció el derecho de una persona residente en una chabola a empadronarse en Lepe.
También recoge las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre el empadronamiento de residentes en asentamientos de Lucena del Puerto.
La denuncia no atribuye directamente la comisión de delitos a responsables públicos, pero pide a la Fiscalía que "determine si alguna resolución, instrucción o práctica administrativa podría superar el ámbito de la irregularidad administrativa y ser constitutiva de un posible delito de prevaricación por omisión".
La denuncia incluye una tercera línea de investigación relacionada con las posibles vulneraciones de los derechos de los trabajadores. IU pide comprobar los casos que puedan ser individualizados mediante testimonios, documentos o actuaciones de la Inspección de Trabajo.
Entre las situaciones que se solicita investigar figuran la existencia de trabajadores sin alta, la imposición de condiciones laborales contrarias a la legislación o al convenio colectivo, el incumplimiento de salarios y jornadas, el aprovechamiento de situaciones de necesidad y las posibles irregularidades en los alojamientos vinculados a la relación laboral.
El escrito aclara que estas prácticas no se atribuyen al conjunto del sector agrícola onubense ni a la generalidad de las empresas, sino que se solicita estudiar los casos concretos que puedan ser identificados y determinar si alguno pudiera constituir un delito contra los derechos de los trabajadores.
"Resulta inasumible la vulneración sistemática de los derechos humanos que se produce en la provincia de Huelva. No podemos acostumbrarnos a que miles de personas trabajen en nuestros campos y después tengan que vivir sin agua potable, electricidad, saneamiento ni una vivienda segura", ha manifestado el coordinador provincial de IU.
Toti ha reclamado que la Justicia "tome cartas en el asunto" y "esclarezca las responsabilidades que pudieran existir".
"La ley debe cumplirse: los ayuntamientos tienen que empadronar a toda persona que acredite que reside en el municipio y, junto con la Junta de Andalucía, deben ejecutar los planes necesarios para ofrecer alternativas habitacionales dignas", ha concluido.
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