ALMERÍA.- El sindicato Docentes por la Pública, DxP, ha presentado
denuncias ante las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad
Social de Andalucía contra las delegaciones territoriales de Educación
por la existencia de condiciones ambientales inadecuadas en los centros
educativos públicos.
La organización sindical sostiene que las altas temperaturas que se
vienen registrando en las aulas, especialmente desde mediados de mayo,
pueden suponer un riesgo para la salud laboral del profesorado y del
resto del personal que trabaja en los centros educativos, al superarse
de forma habitual los límites de confort térmico previstos para lugares
de trabajo cerrados.
La acción jurídica de ámbito regional ha sido impulsada por el abogado
Francisco Ruano Ferrón, letrado del ICA de Almería, en nombre y
representación de Docentes por la Pública, con el objetivo de que la
Inspección de Trabajo investigue la situación en las distintas
provincias andaluzas y requiera a la Administración educativa la
adopción de medidas preventivas.
El escrito recuerda que el Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que la
exposición a las condiciones ambientales no debe suponer un riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores. En el caso de trabajos
sedentarios propios de oficinas o similares, la norma fija una
temperatura comprendida entre 17 y 27 grados centígrados.
DxP también invoca la Ley andaluza 1/2020, de 13 de julio, para la
mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros
educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.
La denuncia subraya que esta norma nació precisamente para afrontar el
impacto del cambio climático en los edificios escolares andaluces y para
garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, confort térmico y
salud laboral.
El sindicato afirma, sin embargo, que no se ha producido una actuación
suficiente por parte de la Administración educativa y señala que el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales vigente, fechado en febrero de 2021,
carece de una prevención y actuación específica frente al riesgo
climático que afecta al personal docente.
Según Docentes por la Pública, el profesorado está obligado a desempeñar
su trabajo en aulas sometidas a temperaturas elevadas sin medidas
preventivas adecuadas, lo que podría vulnerar la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y la normativa
específica sobre condiciones ambientales en los lugares de trabajo.
Con esta actuación, DxP pretende que la Inspección de Trabajo analice la
situación de los centros educativos públicos andaluces y determine si
la Administración debe adoptar medidas correctoras para garantizar unas
condiciones térmicas compatibles con la salud laboral del personal
docente.
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