SEVILLA.- Un total de 12 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla han reclamado este viernes al Gobierno de España la necesidad
de un "trabajo conjunto y consenso" en la elaboración del futuro real
decreto sobre prevención de riesgos laborales en incendios forestales.
En concreto, las autonomías de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y
León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja,
Madrid, Murcia y Valencia han denunciado a través de un comunicado
conjunto, que la normativa no está cumpliendo con los criterios legales
que encomendaban al Ejecutivo la aprobación de un reglamento específico
"previo acuerdo con las administraciones competentes y elaborado
conjuntamente con ellas".
Las administraciones regionales han
manifestado su "preocupación" ante lo que consideran un
"incumplimiento" de la ley básica de bomberos forestales durante el
proceso de redacción de la norma.
Las comunidades firmantes
sostienen que no se han respetado "ni los plazos ni el procedimiento
previsto legalmente".
Así, han criticado que el periodo de elaboración
ha sido "ampliamente superado" y el proceso se ha limitado a dar
participación a las CCAA únicamente en fases de información pública o
reuniones informativas sobre "textos previamente definidos", obviando el
principio de elaboración conjunta.
Asimismo, han lamentdo que
las aportaciones realizadas de forma consensuada por las
administraciones autonómicas han sido, en su gran mayoría,
"desestimadas" por el Ejecutivo.
Las regiones advierten de que el texto actual del borrador de la
normativa no incorpora "suficientemente el conocimiento operativo de la
extinción", lo que, a su juicio, podría derivar en "disfunciones
relevantes en la gestión de emergencias".
Por ello, han requerido la
intervención directa del responsable operativo de extinción del
Ministerio para la Transición Ecológica y del Comité de Lucha contra
Incendios Forestales (CLIF).
El comunicado conjunto subraya
que determinadas previsiones del decreto podrían "comprometer la
eficacia en la toma de decisiones" durante los incendios, generando
además una situación de "inseguridad jurídica" para los responsables
operativos y de seguridad laboral.
Así, han recordado que la extinción
es un "servicio esencial de protección civil" cuyo objetivo prioritario
es proteger a personas y bienes, lo que exige un marco normativo
"adaptable a contextos de emergencia".
Por todo ello, dichas
CCAA y ciudades autónomas han exigido al Ministerio de Trabajo y
Economía Social que "retome el proceso de elaboración" del real decreto.
Entre sus demandas destacan la creación de grupos de trabajo mixtos
(Estado-CCAA) y el cumplimiento de las previsiones legales para lograr
un texto con "acuerdo previo".
"El objetivo final es disponer
de un marco normativo que refuerce la seguridad y salud laboral sin
comprometer la eficacia de los operativos de extinción de incendios
forestales", concluye el comunicado.
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