MOJÁCAR.- La asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha presentado hoy 2 de marzo la solicitud de paralización cautelar inmediata de la obras de la Variante costera que, tras más de un año parada por supuesto litigios relativos a expropiaciones, se han retomado con intención de finalizarlas antes de Semana Santa.
Se presenta como parte del litigio, pendiente ya solo de conclusiones y sentencia, contra la AAU (Autorización Ambiental Unificada) concedida por la Consejería de medioambiente de la Junta de Andalucía a la Variante.
Se fundamente para ello en el informe pericial de más de cien páginas aportado recientemente a este recurso en el que se pone de manifiesto la "multitud de irregularidades por las que nunca se debería haber dado aprobación ambiental a esta variante, que es un atentado ambiental en toda regla".
El informe recomienda de hecho la "necesidad de suspensión cautelar" de obras por un triple motivo:
1. Fumus boni iuris (apariencia de buen derecho):
a. Deficiencias sustantivas de la evaluación: ausencia de modelización de conectividad (API-14),infravaloración del efecto borde y no cuantificación de impactos indirectos/sinérgicos;
b. PVA sin trazabilidad ni indicadores; inexistencia de auditoría independiente;
c. Incoherencia con DAE/PGOU 2023 (SGV-11 fase 2 evaluación negativa y sectores con impacto ALTO–SEVERO).
2. Periculum in mora (peligro en la demora):
a. Riesgo de daño irreparable por fragmentación funcional del corredor litoral-montaña, afección a HIC (5330/6220 y proximidad 1510*) y fauna en invernada (Testudo graeca);
b. Efecto de hechos consumados si la obra avanza durante la pendencia del proceso.
3. Proporcionalidad/precaución (Ley 21/2013; Directiva 92/43/CEE, art. 6.3–6.4): ante incertidumbre relevante y alternativas menos lesivas (8.3), procede parar y restituir antes que consolidar un daño.
Salvemos Mojácar resalta que los daños ambientales descritos con detalle en el informe pericial incluyen entre otros:
• daño irreparable por fragmentación funcional del corredor litoral-montaña,
• afección a HIC (5330/6220 y proximidad 1510*) y
• fauna en invernada (Testudo graeca o Tortuga Mora); destacando que la Tortuga Mora se encuentra actualmente en periodo de hibernación.
El informe destaca entre otras cuestiones la “incoherencia con el planeamiento y objetivos iniciales: El trazado propuesto se justifica exclusivamente en base a nuevos desarrollos urbanos, no a necesidades reales de movilidad. Informes técnicos subrayan que la variante costera se promueve sólo para dar servicio a sectores residenciales proyectados, lo cual ‘no es motivo suficiente’ para ejecutar este trazado, máxime cuando ya no desempeña la función para la que fue concebida. Doc. 72. ‘Reducción de un 16% en base a la IMD’. En la práctica, la solución adoptada responde a intereses urbanísticos ajenos al interés ambiental, contraviniendo la razón de ser original de la vía.”
El informe detecta graves deficiencias en el análisis ambiental: “El Estudio de Impacto Ambiental presenta lagunas graves. No se justifica debidamente la viabilidad del trazado frente a otras opciones, ni se realizan estudios exhaustivos de impactos (por ejemplo, simulación de tráfico futuro, análisis detallado de drenajes o valoración de la estabilidad de taludes). […] En suma, los informes disponibles evidencian errores conceptuales y vacíos técnicos que comprometen la calidad del estudio y la fiabilidad de las conclusiones.”
El informe destaca la manera en que la Autorización Ambiental Unificada otorgada por la Junta de Andalucía contraviene los informes de sus propios técnicos en 2019 y afirma que “El reciente cambio de postura administrativa no responde a nuevos datos técnicos, sino a motivos político-económicos. Documentos oficiales reconocen que, tras una alternancia de gobierno, lo que antes eran impedimentos técnicos ahora se aceptan, primando los ‘intereses económicos […] sobre los ambientales’. Este viraje contradice las conclusiones previas de la misma Consejería (que valoraban positivamente el entorno natural y rechazaban las propuestas por su vinculación urbanística).”
Por todo ello el informe propone la necesidad de una revisión de la AAU concedida por la Junta de Andalucía destinada a "una restitución ambiental de los daños causados que deshaga las graves afecciones ambientales, sobre todo de fragmentación de hábitats extremadamente sensibles y ricos en biodiversidad que cuentan con más de tres HICs. Para todo ello es imperativa la suspensión cautelar inmediata de las obras".
La asociación continúa con ello avanzando en su ofensiva judicial en cuatro frentes contra los "desmanes urbanísticos" del municipio de Mojácar: el recurso contra la Variante costera, dos contra el PGOU y otro contra la urbanización de Cañada Aguilar.
En ese sentido avanza en estos días la tramitación de la petición de recusación de la jueza María del Mar Jiménez Morera en el recurso contra la Declaración Ambiental Estratégica del PGOU de Mojácar, mientras se prepara el recurso ante el Tribunal Supremo de la sentencia del otro recurso contra el PGOU, y se espera nombramiento de perito en el recurso contra la urbanización de Cañada Aguilar.
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