miércoles, 11 de febrero de 2026

El PSOE alerta de presuntas irregularidades del delegado de Inclusión Social y exige a la Junta que lo aparte

 ALMERÍA.- El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha anunciado el traslado a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción de una serie de pruebas por posibles irregularidades cometidas por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido, y ha exigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, "que lo aparte de manera inmediata de su cargo".

En un comunicado, ha señalado que el recientemente nombrado secretario general del PP de Almería "habría compaginado durante meses su responsabilidad como alto cargo de la Junta con la administración de una empresa privada que recibió contratos públicos".

Hernández Tristán ha explicado que el PSOE ha tenido acceso a información pública "que demuestra que González Bellido, desde su nombramiento como alto cargo de la Junta el 8 de septiembre de 2022, habría compatibilizado durante más de cuatro meses esta función con la de administrador de una empresa privada".

Esto, según ha señalado el parlamentario socialista, supone "una circunstancia que no constaba en su declaración pública de bienes e intereses y que podría suponer una presunta incompatibilidad, al tratarse de un puesto que exige dedicación exclusiva".

A esta situación, ha añadido, "se suma que durante ese mismo periodo la Diputación Provincial adjudicó a dicha empresa contratos por valor de 120.000 euros relacionados con la marca gourmet 'Sabores Almería'".

Según defiende el PSOE, "en total en menos de un año en el que González Bellido figuró como administrador, la Diputación habría concedido a la mercantil hasta 370.000 euros en cuatro contratos vinculados a ferias agroalimentarias y a la promoción de productos almerienses".

El parlamentario socialista ha subrayado que todas estas adjudicaciones se produjeron durante la etapa del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y del exvicepresidente Fernando Giménez, ambos detenidos e investigados por posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública, dentro de la presunta trama que investiga actualmente la justicia.

Ante estos hechos, ha señalado que el PSOE ha aportado "pruebas suficientes" a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para que se inicie un procedimiento de investigación e inspección conforme a la Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía.

El diputado autonómico ha considerado que "estas presuntas irregularidades obligan a Moreno Bonilla a actuar de inmediato y a apartar del Gobierno andaluz al delegado territorial en Almería", al tiempo que ha reprochado al presidente de la Junta que "siga mirando hacia otro lado como si en el PP de Almería no pasara nada", cuando "los indicios conocidos se suman a la presunta trama de corrupción que se investiga en la Diputación".

Hernández Tristán ha señalado, además, que el PP ha rechazado la creación de una comisión de investigación en la Diputación de Almería y ha anunciado su oposición a la que se ha solicitado en el Parlamento andaluz, una decisión que "evidencia la falta de limpieza del PP a la hora de perseguir la corrupción dentro de sus propias filas".

Bellido anuncia acciones en los tribunales

El secretario general del PP de Almería y delegado territorial de Inclusión, Francisco Gónzález Bellido, ha rechazado este martes las acusaciones del parlamentario socialista, Mateo Hernández, sobre supuestas irregularidades en el desarrollo de su cargo compaginadas con la administración de una empresa privada al inicio de su nombramiento, por lo que ha avanzado que emprenderá "acciones legales" al respecto.

En un comunicado, el dirigente 'popular' ha negado las acusaciones de los socialistas, quienes han interpuesto un escrito en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por las supuestas "incompatibilidades" ya han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que lo aparte de manera inmediata de su cargo".

Gónzalez Bellido ha explicado que su nombramiento como delegado de la Junta de Andalucía se produjo el 8 de septiembre de 2022 y que, al tratarse de su primera responsabilidad pública de esta naturaleza, actuó "con total diligencia y transparencia", de modo que el 15 de septiembre del mismo año formuló una consulta ante la Consejería de Justicia para confirmar que "su situación personal y patrimonial se ajustaba plenamente a la normativa vigente".

Según ha detallado, desde la Consejería se le indicó que el plazo para adaptar su situación "coincidía con el establecido para la presentación de la Declaración de Actividades, Bienes e Intereses" de modo que "siguiendo estrictamente dichas indicaciones" y "dentro del plazo legal", vendió sus participaciones y cesó como administrador de la sociedad a la que pertenecía.

La versión de González Bellido choca con la ofrecida por el parlamentario del PSOE, quien ha sostenido que el delegado, desde su nombramiento como alto cargo de la Junta el 8 de septiembre de 2022, "habría compatibilizado durante más de cuatro meses esta función con la de administrador de una empresa privada" hasta su cese al frente de la misma; tiempo en el que la mercantil hizo contratos con la Diputación.

El responsable del PP ha precisado que el 4 de noviembre de 2022 presentó la correspondiente Declaración de Actividades, Bienes e Intereses, en la que ya constaba "tanto la transmisión de las participaciones como su cese, cumpliendo así con todos los requisitos legales".

Así, ha subrayado que "los hechos se desarrollaron en todo momento conforme a la normativa y siguiendo las indicaciones del órgano competente de la Junta de Andalucía, sin que haya existido ocultación, irregularidad ni beneficio personal alguno".

Con ello, ha lamentado la "estrategia del PSOE basada en la difusión de bulos y acusaciones falsas" puesto que "no todo vale en política" y ha afeado el intento de los socialistas "de generar confusión y sembrar dudas infundadas sobre su actuación, pese a existir documentación que acredita el cumplimiento estricto de la legalidad". 

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