La principal de las iniciativas pretende el respaldo institucional, a través de un acuerdo de Pleno secundado por todos los grupos políticos con representación municipal, al sector productor y exportador de tomate, alineándose con la propuesta defendida por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas (Fepex, frente al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, explica la formación en una nota de prensa.
En su moción, el Grupo Popular advierte del "grave impacto" que este acuerdo está teniendo sobre el sector hortofrutícola español y, de forma muy especial, sobre la provincia de Almería, primera productora y exportadora de tomate de España.
La moción subraya "la pérdida de
competitividad del tomate europeo, el incremento de las importaciones
procedentes de Marruecos y la falta de aplicación efectiva de los
mecanismos de protección previstos en el acuerdo, lo que genera una
situación de competencia desleal para los productores comunitarios".
Entre los acuerdos propuestos se incluye instar al Gobierno de España
y a las instituciones europeas a "defender con firmeza" los intereses
del sector, exigir condiciones de competencia equitativas y garantizar
que las importaciones de terceros países cumplan los mismos estándares
laborales, sociales, medioambientales y fito-sanitarios que se exigen a
los productores europeos.
Asimismo, se solicita que el nuevo acuerdo con
Marruecos no sea ratificado por el Parlamento Europeo.
La segunda moción presentada por el Grupo Municipal Popular que se
debatirá en el Pleno reclama una "financiación local justa, suficiente y
respetuosa" con la autonomía municipal, y alerta de la situación de
asfixia financiera que padecen los ayuntamientos ante la asunción
creciente de competencias sin la correspondiente dotación económica.
El PP denuncia en esta moción la falta de Presupuestos Generales del
Estado actualizados, "la rigidez de las reglas fiscales" y la
"incertidumbre" generada por la propuesta de reforma del sistema de
financiación autonómica anunciada por el Gobierno, "presentada de forma
parcial y sin contar con las entidades locales".
En este
sentido, la moción defiende que cualquier reforma del sistema de
financiación autonómica "debe ir acompañada de manera simultánea de una
reforma del sistema de financiación local", garantizando la igualdad
entre ciudadanos, "la suficiencia financiera" de los municipios y el
mantenimiento de servicios públicos de calidad.
Asimismo, se
exige la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de
Administración Local y se rechaza la imposición de nuevas obligaciones
económicas a los ayuntamientos sin recursos adicionales, como ocurre con
la aplicación de la Ley de residuos, "lo que se ha denominado el
'tasazo' de Pedro Sánchez a la basura, que limita la autonomía fiscal
municipal".
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