MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy ayudas urgentes para paliar la situación de los afectados por las graves lluvias y las inundaciones que han afectado en las últimas semanas a varios municipios de Andalucía y de Extremadura. Las medidas se adoptan tras la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que se movilizarán medidas y ayudas por valor de 7.000 millones de euros para cubrir los daños generados en los municipios y compensar a más de 12.400 personas desalojadas, así como para mitigar el impacto que han sufrido viviendas y comercios y los sectores agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos.
"El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción los lugares, de las infraestructuras que han quedado afectadas", ha remarcado.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, María Jesús Montero ha explicado que se cuadriplican las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, materiales en viviendas y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio.
La norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para las personas desalojadas. Como ejemplo, la vicepresidenta ha señalado que una familia de cuatro miembros que haya permanecido 10 días fuera de su hogar recibirá una ayuda directa de 6.000 euros, que será compatible con otras, como por daños en vivienda.
Asimismo, Montero ha recalcado que todas las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF, al igual que del Impuesto sobre Sociedades para las empresas.
María Jesús Montero ha informado de que dentro de un mes se publicará una relación de municipios afectados, que incluirá a los que hayan tenido personas desalojadas y a los que se incorporen tras un primer peritaje y valoración de daños.
El Estado movilizará un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para que afronten la reparación de las infraestructuras municipales afectadas por las lluvias y las inundaciones.
"Se trata de transferencias, no de préstamos, y, por tanto, de dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar", ha aclarado la vicepresidenta.
Como novedad, los ayuntamientos que lo soliciten podrán recibir el 100% del valor de las ayudas. Se flexibilizará la regla de gasto de los ayuntamientos y comunidades autónomas afectadas para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y se les permitirá usar el superávit del año 2025 en inversiones vinculadas a resarcir los años provocados por las borrascas.
Igualmente, Montero ha avanzado que se impulsará un plan de empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
El texto aprobado hoy incluye medidas como exenciones en el IRPF, en el Impuesto de sociedades, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las zonas afectadas. En el caso de que ya se hayan abonado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución.
También se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para las explotaciones y actividades agrarias de las zonas afectadas. María Jesús Montero ha señalado que el conjunto de exenciones fiscales supondrá un ahora para los contribuyentes de unos 350 millones de euros
En cuanto a los trabajadores autónomos, se establece una prestación por cese de actividad que podrá extenderse hasta el 31 de mayo de 2026. Además, las empresas cuya actividad se haya visto perjudicada por las inundaciones y estén en ERTE podrán solicitar exenciones fiscales.
La norma también contempla ayudas extraordinarias por más de 2.800 millones de euros para agricultores, ganaderos y pescadores.
Entre este global de ayudas, la vicepresidenta primera ha destacado que 2.100 millones se destinarán a los titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas.
Diez millones de euros se dirigirán a armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, que no hayan podido salir a la mar por el amarre de la flota.
También se reduce de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios que residan en municipios afectados.
Por otra parte, la reparación de caminos rurales o infraestructuras de riego está dotada con 600 millones de euros, ha trasladado Montero, y la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal con 163 millones.
Montero ha añadido que se ha aprobado una ayuda específica para la hostelería y el comercio de las zonas afectadas por un importe de 120 millones de euros y una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 100 millones para daños agrarios provocados por la borrasca.
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