SEVILLA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado
que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) "no afronte de
lleno" la precariedad laboral del profesorado sustituto, al tiempo que
ha reclamado que la nueva norma vaya acompañada de un compromiso de
financiación "suficiente" por parte de la Junta de Andalucía.
Para CSIF es "incomprensible" que el texto aprobado este pasado
miércoles en el Parlamento de Andalucía no incluya mejoras para el
profesorado sustituto pese "al papel tan relevante" que juega en las
instituciones académicas, ya que "estos profesionales garantizan que la
docencia se mantenga en situaciones de bajas o permisos de los
profesores de plantilla".
La central sindical ha señalado en una nota de
prensa que esta figura docente "no puede ser la doble puerta de la
precariedad, pues, por un lado, asume docencia completa y, por otro, se
le considera profesorado de segundo nivel cuando hablamos en términos
retributivos y de reconocimiento".
En este sentido, la
vicepresidenta y responsable autonómica de universidades de CSIF
Educación Andalucía, Beatriz Hortigón, ha criticado que la LUPA "haya
hecho caso omiso a las reivindicaciones de nuestra organización y no
incluya "medidas claras para dignificar los contratos de este
profesorado".
Además, ha señalado que la ley tampoco incorpora, "como
sugirió CSIF", la remuneración de horas extraordinarias para el Personal
Docente e Investigador (PDI) que voluntariamente asuma docencia por
encima de su encargo para el curso académico en cuestión cuando se
produzca una necesidad docente "urgente e inaplazable".
Por
otro lado, Hortigón ha querido reconocer que la LUPA incluya la creación
de la figura de profesor ayudante.
La dirigente sindical ha calificado
esta medida como "muy positiva", ya que se plantea como una herramienta
clave para la incorporación del personal joven a las instituciones
académicas y que contribuirá a impedir la fuga de talento; asimismo, ha
valorado que la LUPA recoja las sugerencias realizadas por CSIF en el
sentido de que esta nueva figura estuviera orientada a cubrir las
necesidades de las áreas de conocimiento con déficit docente, así como
que la duración de los contratos se asemejara a la de los investigadores
predoctorales siendo de cuatro años y no de tres como inicialmente
estaba previsto en la ley.
Para CSIF, la LUPA viene a reforzar
el sistema universitario andaluz y a actualizarlo a la ley nacional en
este ámbito, la LOSU, lo que "debe ser aprovechado para acercar las
instituciones académicas a los estándares europeos en calidad y en
financiación".
Por este motivo, el sindicato ha reclamado que la implementación de la norma andaluza venga acompañada de un horizonte de incremento presupuestario que tenga como referencia, "como mínimo", el 1% del PIB y que permita reducir la precariedad del personal y mejorar infraestructuras y servicios.
La dirigente sindical ha manifestado que
"no queremos que la escasez de recursos concluya en una reducción de las
plazas ofertadas en las titulaciones de las universidades públicas
andaluzas, generando así una fuga masiva del alumnado, en la mayoría de
los casos obligada, a las universidades privadas".
En relación
a este tema, CSIF ya mostró en 2024 su rechazo a la proliferación de
centros privados cuando se autorizaron dos nuevas universidades privadas
en Andalucía.
Según Hortigón, "mientras estas multiplican su facturación y el volumen de alumnado, las universidades públicas siguen teniendo graves problemas de financiación, falta de recursos y precariedad en las plantillas docentes e investigadoras, problemas estructurales a los que la LUPA no da solución".
Para CSIF, la
implementación de nuevos títulos para las universidades privadas no
puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de
estas empresas, por lo que hay que anteponer los intereses de la
sociedad y evitar duplicidades de titulaciones.
Por último, la
dirigente sindical ha destacado como la nueva ley andaluza permitirá la
incorporación de CSIF a los consejos sociales de las universidades
públicas andaluzas y, de este modo, "podamos llevar a estos órganos el
sentir de miles de profesionales que han depositado su confianza en esta
organización para defender y mejorar sus derechos y condiciones
laborales, siempre desde el rigor y la independencia que le
caracteriza".
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