NÍJAR.- El Ayuntamiento de Níjar registró el viernes anterior al
desahucio del asentamiento chabolista del Cortijo El Uno la petición
directa de un total de 13 afectados quienes, mediante instancia,
hicieron constar su situación de desamparo y vulnerabilidad al carecer
de una alternativa habitacional, por lo que reclamaban una actuación
municipal "urgente".
Fuentes del Consistorio han confirmado el registro de este auxilio, por lo que "la vía de urgencia
estaba prevista" si bien "el día del lanzamiento judicial todos los
moradores se buscaron una alternativa habitacional", según han explicado
para justificar por qué no llegaron a desplegarse medios.
"Previo al lanzamiento se hizo lo que dictaminó el juez en su momento"
en relación a la elaboración de "informes de vulnerabilidad" desde el
área de servicios sociales, según han añadido desde el Ayuntamiento
nijareño, donde han apuntado que la forma en la que se tuvo constancia
de que todos los afectados "se buscaron una alternativa" por sus propios
medios fue "porque allí no quedó nadie tras el desalojo".
No
obstante, desde algunas entidades y asociaciones humanitarias que
trabajan en la zona han indicado que hasta última hora de
la tarde de este martes hubo desalojados que aún no sabían dónde iban a
pernoctar, por lo que tuvieron que "buscarse la vida" de distinta
manera a través de "soluciones precarias y provisionales".
En
este sentido, han detallado a modo de ejemplo que un hombre habría
encontrado cobijo en el almacén de un amigo mientras que otros dos, por
mediación de las mismas entidades, pudieron acomodarse en el centro
municipal de acogida de la capital almeriense.
Por su parte, una familia
fue recibida provisionalmente por unos familiares y una mujer decidió
marcharse a Huelva, entre otros casos.
Las organizaciones humanitarias y entidades sociales han incidido en
el "punto de inflexión" que la actuación municipal marca con este
desalojo, ejecutado bajo mandato judicial, sin asistencia social y sin
que se propusiera una alternativa habitacional para los afectados, de
cuya situación se sabía.
Para algunas de las entidades que
participan en la mesa del Tercer Sector, la falta de actuación municipal
ha causado "mucho desconcierto" y "mucha frustración" ya que, según han
observado, "no responde a lo que hay que hacer" así como tampoco "a lo
que han dicho las autoridades que querían hacer" a la hora de acabar con
la infravivienda en un municipio que cuenta con hasta 32 asentamientos.
"Nos dijeron que no querían repetir los errores anteriores,
refiriéndose explícitamente al desalojo del Walili. Bueno, pues así
estamos dos años después, desalojando a personas sin ofrecer
alternativas", han trasladado desde el Servicio Jesuita a
Migrantes en relación a la postura manifestada por actual equipo de
gobierno (PP-Vox) de Níjar al inicio del mandato.
Desde la
Fundación Almería Tierra Abierta han incidido en la "responsabilidad" de
las administraciones, que en estos casos "no deben mirar hacia otro
lado ante este tipo de situaciones de carácter humanitario sino, más
bien al contrario, deben garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos y el bienestar a quienes, precisamente, más lo necesitan".
Las organizaciones se han mostrado favorables a la progresiva
liquidación de los asentamientos conforme a los planes autonómicos y
municipales de erradicación del chabolismo, pero siempre y cuando se
pueda garantizar un realojo a sus moradores, lo que pasa por la
generación de "alternativas" y "soluciones habitacionales" en las que
ven precisa la implicación del tejido empresarial y de las propias
entidades sociales.
"La ley vigente permite a las
administraciones proteger a la ciudadanía en estos casos e, incluso, les
obliga", han insistido desde Almería Tierra Abierta ante un episodio
que ha dejado "absolutamente desamparadas" a unos 50 adultos y nueve
menores.
Con ello, han añadido que los municipios almerienses
en los que la agricultura intensiva es el principal motor económico "no
pueden seguir mirando para otro lado ante situaciones como la actual, ni
ante cualquier situación que suponga sumir en la exclusión y en la
injusticia social a miles de personas que han acudido a nuestra
provincia a trabajar, hombro con hombro, para cubrir la demanda de mano
de obra del campo y de otros sectores productivos".
La
Fundación Almería Tierra Abierta ha hecho así un llamamiento a los
ayuntamientos y resto de administraciones competentes para que "den una
respuesta eficiente y digna a las familias que se encuentren en la misma
situación que las del Cortijo El Uno".
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