CARBONERAS.- La Plataforma de Afectados por el Puerto de Carboneras ha
convocado una nueva manifestación para el próximo 20 de marzo para
expresar así su rechazo a desalojar sus atraques de cara a la remodelación
del puerto impulsada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
(APPA) y la mercantil Marina de San Andrés que, según han criticado,
supone la "expulsión" de parte de la flota.
La organización ha
previsto la realización de una marcha desde el puerto hasta el
Ayuntamiento de la localidad, donde se tratará de recabar el apoyo
municipal para exigir a la Junta que se estudie un "boceto" o plan
alternativo de amarres que evite el desplazamiento de los barcos más
pequeños, la mayoría de ellos de marineros locales.
Según ha
explicado el portavoz de la plataforma de afectados,
Joaquín González, la entidad adjudicataria, que cuenta con una
subvención de más de 1,2 millones de euros para la realización de los
trabajos, comenzó a contactar hace dos semanas con los propietarios de
los barcos para solicitar permisos y poder desplazar las naves, a lo que
sus propietarios se han negado de forma generalizada.
Los
afectados han señalado su desacuerdo con los planes para la reordenación
del puerto puesto que, en la práctica, supone contar solo con "29
amarres" para barcos de hasta de seis metros cuando actualmente hay "180
barcos de menos de seis metros".
Del mismo modo, han incidido en el
incremento de los precios, que supondrían el pago de "60.000 euros más
IVA" por el amarre de los "10.000 o 12.000 euros inicialmente
previstos".
"Es totalmente desproporcional, de hecho, hemos
hecho comparativas con otros puertos y hay puertos con muchísimo nombre
que ni siquiera cobran esos precios", ha señalado González, quien se ha
cuestionado como la APPA "consiente esos precios y ese abuso" ante una
remodelación que incluye "amarres de 18 metros" cuando "aquí no hay
ningún barco de 18 metros".
Los usuarios del puerto, muchos de
los cuales lo son desde su inauguración en 1991, se niegan a abandonar
la dársena ante unas obras pendientes de iniciarse, de modo que el
mantenimiento de los atraques supone a la hora de desalojar a un gran
número de barcos a los que, además, deben dar almacenamiento.
Si bien la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio vía libre a las obras de
remodelación tras inadmitir el recurso de la asociación para anular el
expediente sobre el que se sostienen los trabajos, estos han elevado un
recurso ante el Tribunal Supremo en el que defienden su legitimidad como
afectados para adoptar acciones.
Según los demandantes, las
obras de remodelación supondrán una severa reducción de amarres y un
incremento de precio que expulsaría, de facto, a unas 60 embarcaciones
de las instalaciones, sentido en el que inciden en que ellos defienden
sus intereses como "perjudicados" por una "modificación del contrato
sometido a licitación".
En sus alegaciones para el recurso de
casación, la entidad incide que su legitimación tanto para poder elevar
el Recurso Especial en Materia Contractual (REMC) que no se tuvo en
cuenta como para recurrir a la vía contenciosa la denegación de dicho
recurso por el que avisaba de la reducción de amarres y el incremento de
costes.
Con ello, señalan datos vinculados que demostrarían
los perjuicios de la remodelación, ya que según han argumentado, se van a
construir "solo 166 amarres" de los 260 licitados, de modo que los
amarres de seis metros "se limitan a 29 frente a los 96 licitados y los
90 mínimos" exigidos en los pliegos, toda vez que de los de ocho metros,
"finalmente se van a construir 60" del "mínimo de 80" que indican los
pliegos.
La asociación impugnó la modificación iniciada en
junio de 2021 realizada sobre la obra, que se adjudicó en 2019, al
entender que con dicha modificación se reducían el número de atraques,
lo que suponía "expulsar" de la dársena a 65 embarcaciones e "incumplía"
el pliego de condiciones.
"Estamos ante un problema
aritmético: la asociación tiene 140 barcos de menos de seis metros de
eslora y solo se van a construir 29 amarres de ese tamaño, lo que supone
que la mayoría de los barcos de la asociación tendrán que abandonar la
dársena", han planteado ante el Supremo para señalar su rol de parte
"interesada".
De igual modo,
desdeñan el plan de la APPA para "minimizar" la modificación del
contrato al sumar como amarres para barcos de seis metros de eslora unos
50 depositados "en una marina seca".
"No se pueden contabilizar como
tales puesto que supone una expulsión de 50 embarcaciones de la dársena
para almacenarlas en tierra", han advertido.
La opción de
enviar barcos a una "marina seca" se presenta "totalmente inviable" para
los afectados, quienes han advertido de situaciones en las que podrían
coincidir "15 o 20 barcos" que deben salir a la vez al mar ante la pesca
temprana de calamar o bonito, que se da en muy poco margen de tiempo.
"Cuando salga el último, ¿a dónde va? Ya no podría hacer nada", han
observado.
Asimismo, también rechazan la dotación de 36
amarres para "jubilados del mar" dado que no son "nuevos amarres" porque
"no van a ir en la dársena deportiva sino en la zona pesquera".
"La
dársena deportiva no incluye a los jubilados. Los jubilados de la mar
irán en la zona pesquera y sus amarres serán gestionados por la APPA,
según consta en el expediente de concesión", han señalado.
El
TSJA determinó que la plataforma "no concurrió a la licitación del
contrato de concesión de obras controvertido ni tiene capacidad para
optar a tal licitación" al tiempo que le negaba su legitimación en la
causa al entender que su defensa es sobre "un interés abstracto o un
mero interés en defensa de la legalidad" en el marco de la contratación
pública.
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