La resolución firmada por Manuel de la Torre engloba el frente litoral del poniente a la barriada de San José, entre la conocida playa de Genoveses y Cala Carbón, además de limitar durante el mismo periodo la actividad recreativa de piraguas, kayaks y similares artefactos sin motor a un número máximo de cinco que, sin necesidad de autorización expresa, se agrupen en este espacio protegido.
Todo, a fin de preservar el ecosistema litoral y el uso del dominio público marítimo-terrestre de la principal joya natural almeriense.
Tras la publicación en BOJA de esta regulación y con la única excepción de actuaciones destinadas a preservar la vida en el mar, queda prohibida cualquier acción a motor o humana que ponga en riesgo el valor geológico, paisajístico y ecológico de enclaves como Barronal, Mónsul o Media Luna; entre otras calas y playas donde se prohíbe expresamente la entrada de vehículos privados a motor.
Así, en esta zona del parque quedará, de nuevo, establecida una barrera que dará acceso a un parking con acceso limitado a 399 plazas y que registró en 2023 un acceso medio de 495 vehículos diarios.
Una medida «necesaria» y bien vista por grupos conservacionistas como la asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, quienes valoran «muy positivamente» esta regulación, ya que llevan «muchos años reclamando mejoras en movilidad» y «preferimos que se restrinja no solo el acceso a esas playas sino a algunas más».
Según el presidente del colectivo, Julián Vera, «uno de los problemas más graves que sufre el parque, sobre todo en verano, es la presión humana y el exceso de vehículos». «Mucho tráfico rodado en zonas como el Playazo, a la que no hay ningún problema para llegar y donde se ponen coches por todos lados en un ecosistema muy frágil que sale claramente perjudicado».
En total, durante 2023 fueron 49.526 los vehículos a motor particulares los que estacionaron en el área reservada que gestiona la empresa Torres y González Díaz SL. Desde Amigos del Parque Natural Cabo de Gata entienden que la concesión «podría englobar también la gestión de los residuos en la zona», porque «si se hacen contrataciones para la gestión de la entrada de vehículos, debería existir también una función conservadora del espacio».
El colectivo apuesta porque «parte del coste del estacionamiento pueda redundar en el respeto y recuperación del entorno», para que «podamos seguir disfrutando muchos años de estos ecosistemas en riesgo».
«Hemos elaborado un escrito con alegaciones a la Junta para que se potencie más el transporte público, que se facilite el desplazamiento en bici o andando», afirmó Julián Vera, ya que «las playas de Mónsul o Genoveses, en las que se ha limitado el acceso de los vehículos, carecen de un carril bici que puede hacerse con materiales sostenibles y que, claramente, entendemos que facilitaría a muchas personas su acceso».
De esta forma, «aunque se está reduciendo la entrada del número de vehículos cada año, se podría disminuir aún más con una alternativa de transporte menos agresiva con el medio», apuntó Vera, recordando que «los conductores también encuentran alternativas para llegar a otros puntos de especial conservación» y «habría que ampliar nuevas zonas de parking para restringir accesos».
Sin embargo, pese a estas limitaciones en zonas concretas del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, en los últimos años ha ido en aumento otro fenómeno: la llegada de caravanas y su estacionamiento en el entorno natural. Las sanciones superan las 300 cada verano a estos vehículos, por aparcar en zonas prohibidas o acampar.
En este sentido, «hay que progresar en la eliminación de los residuos que originan este tipo de visitantes, porque en todas estas calas no existen contenedores o servicio de recogida y hay gente que acampa, con todo lo que eso supone un verano entero, dispersando basura y heces en un ecosistema enormemente valioso», apuntó Vera.
Mientras se resuelven estas alegaciones al Plan de Movilidad del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, los medioambientalistas han pedido al TSJA que paralice cautelarmente el hotel frente a la playa de Los Genoveses.
«Estamos muy pendientes del Cortijo de las Chiqueras y también del resto de licencias que se están dando a lo largo de la costa», reconoció el presidente del grupo ecologista. En la autorización impugnada, la Junta afirma que el hotel es "compatible" con la normativa ambiental en la zona tras los cambios introducidos por el promotor en 2019, y sostiene con respecto a los posibles problemas de movilidad y acceso a las playas que el "uso actual" de la finca "ya está ligado" a la restauración.
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