SEVILLA.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) estima que hasta 80.000 personas migrantes que se encuentran en situación irregular en Andalucía podrán beneficiarse de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tramitada este pasado martes en el Congreso para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en el conjunto de España.
Fuentes de la Apdha han detallado que "es imposible realizar un cómputo exacto" de personas migrantes que viven en el conjunto del Estado Español en situación irregular, pero la asociación considea que "son más de medio millón" las que se encuentran en esta situación y que por lo tanto, podrían beneficiarse de la ILP.
La entidad ha asegurado que las personas migrantes "realizan trabajos esenciales para nuestra sociedad, además de empleos con condiciones duras y baja remuneración", citando como ejemplo el sector de cuidados del hogar o la industria agroalimentaria desde las explotaciones de Huelva o Almería, labor "que depende fundamentalmente de temporeros migrantes".
El Congreso acordaba este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox. Esta aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto de la Plataforma Esenciales -formada por #Regularización Ya, Fundación Ciudadanía Global, proCausa, Redes, Alianza por la Solidaridad-actionaid y Partido Por un Mundo Mäs Justo- para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Para ello, han contado con más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.
La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La ILP se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras se ha retomado su tramitación.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes, según ha recordado Legalteam. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron.
Además, en el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron. El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.
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