"La Directiva Marco del Agua se centra en garantizar la buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, como ríos y lagos. Su objetivo es reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya agua suficiente para atender al mismo tiempo las necesidades humanas y la vida silvestre", añaden.
"No ha hecho los esfuerzos suficientes", recuerda Bruselas, en un contexto especial dados los problemas de sequía que se están dando en España, especialmente en Cataluña. Esta es "una parte esencial del Pacto Verde Europeo y necesaria para alcanzar sus objetivos en materia de clima, naturaleza y reducción de la contaminación".
El cumplimiento de la Directiva sobre inundaciones es fundamental "para la preparación y gestión de las inundaciones". La Comisión envió cartas de emplazamiento en febrero de 2023, seguidas de dictámenes motivados en septiembre de 2023, a todos los países que no habían actualizado y revisado estos planes.
Por otro lado, España también acaba ante el TJUE por mantener al menos 195 vertederos ilegales en funcionamiento, en contra de la normativa comunitaria. El país no está cumpliendo, recuerda Bruselas, con la Directiva marco sobre residuos. "La persistencia de, al menos, 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados y restaurados desde 2008 está causando un daño significativo al medio ambiente, al tiempo que pone en peligro la salud humana", explican en el comunicado.
También demuestra que España "ha incumplido sus obligaciones de control, inspección y ejecución en materia de vertido de residuos". Esto, dice la Comisión "crea peligros para la salud y el medio ambiente, que el Pacto Verde Europeo pretende resolver".
La Directiva Marco de Residuos exige a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Los Estados miembros también tienen que garantizar que los residuos se eliminan de forma segura y que los productores originales de residuos los tratan ellos mismos o se aseguran de que el tratamiento se lleva a cabo de forma adecuada, explica la Comisión Europea.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2015, seguida de un dictamen motivado en noviembre de 2018. A pesar de algunos avances, "las autoridades españolas no han abordado plenamente las deficiencias", esgrimen desde Bruselas. La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes hasta la fecha, por lo que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"La decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se produce tras dos procedimientos de infracción relacionados con los residuos en los que el Tribunal consideró que España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión" en lo que respecta a la persistencia de vertederos de residuos no conformes e ilegales, terminan.
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