AGUADULCE.- El centro de educación infantil de Aguadulce, en Roquetas de Mar, en el que se habría dado un trato degradante a ocho niños de
entre 0 y 3 años, grabó a la monitora detenida "mostrando una actitud
despreciativa, agresiva y humillante" hacia los menores a su cargo.
Fuentes judiciales han indicado hoy que las grabaciones aportadas por la guardería, en las que se escuchan llantos, revelan que la investigada profería a los niños presuntamente insultos y expresiones malsonantes, e incluso amenazantes y con referencias al país de origen de algunos de ellos.
La educadora, que habría cometido los hechos desde el inicio del presente curso, fue detenida el pasado 1 de diciembre, aunque la operación 'Infan' se inició en el mes de noviembre cuando la directora del centro la cesó e informó a los padres y a la Guardia Civil de los indicios recabados de supuesto maltrato.
Si bien las diligencias previas que se siguen por un presunto delito de trato degradante y vejatorio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Roquetas de Mar están en fase "sumamente inicial", las grabaciones aportadas a la causa y la "corta edad" de los niños, llevaron al juez a acordar la "adopción" de medidas cautelares.
Según las mismas fuentes, el peso de estos indicios, junto a tres testificales y la denuncia de los padres de dos de los niños, fue "suficiente" para que concluyese que la investigada "no debe continuar en contacto directo" con menores "desde la perspectiva laboral" al no "encontrarse capacitada en estos momentos".
Por este motivo, en su auto, el juez dispuso limitaciones de comunicación con los menores que formaban parte de la clase de la que estaba al cargo, incluido un alejamiento a más de 100 metros de los ocho niños.
Asimismo, dictó una medida "adicional" para prohibirle el acceso a cualquier centro en el que se desarrolle una actividad educativa o docente, bien escolar o extraescolar, con el objetivo de "proteger a terceros frente a nuevas actividades laborales de la investigada".
Las cautelares en vía judicial se han comunicado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su cumplimiento efectivo bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia o quebrantamiento.
Fuentes judiciales han indicado hoy que las grabaciones aportadas por la guardería, en las que se escuchan llantos, revelan que la investigada profería a los niños presuntamente insultos y expresiones malsonantes, e incluso amenazantes y con referencias al país de origen de algunos de ellos.
La educadora, que habría cometido los hechos desde el inicio del presente curso, fue detenida el pasado 1 de diciembre, aunque la operación 'Infan' se inició en el mes de noviembre cuando la directora del centro la cesó e informó a los padres y a la Guardia Civil de los indicios recabados de supuesto maltrato.
Si bien las diligencias previas que se siguen por un presunto delito de trato degradante y vejatorio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Roquetas de Mar están en fase "sumamente inicial", las grabaciones aportadas a la causa y la "corta edad" de los niños, llevaron al juez a acordar la "adopción" de medidas cautelares.
Según las mismas fuentes, el peso de estos indicios, junto a tres testificales y la denuncia de los padres de dos de los niños, fue "suficiente" para que concluyese que la investigada "no debe continuar en contacto directo" con menores "desde la perspectiva laboral" al no "encontrarse capacitada en estos momentos".
Por este motivo, en su auto, el juez dispuso limitaciones de comunicación con los menores que formaban parte de la clase de la que estaba al cargo, incluido un alejamiento a más de 100 metros de los ocho niños.
Asimismo, dictó una medida "adicional" para prohibirle el acceso a cualquier centro en el que se desarrolle una actividad educativa o docente, bien escolar o extraescolar, con el objetivo de "proteger a terceros frente a nuevas actividades laborales de la investigada".
Las cautelares en vía judicial se han comunicado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su cumplimiento efectivo bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia o quebrantamiento.
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