ALMERÍA.- El Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería acoge este lunes la vista oral
contra el exportavoz municipal del PSOE en Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega Paniagua por crear presuntamente un "entramado de
empresas" para obtener fraudulentamente subvenciones de la Junta de
Andalucía para cursos de formación.
El Ministerio Público pide para él penas que suman seis años de
cárcel y acusa, asimismo, a su esposa, M.J.M.G., su hija M.O.M. y la
administrativa de la mercantil Infosol SL, M.A.M.C., para las que
interesa la mimas condena.
A todos les atribuye la supuesta comisión de delitos de pertenencia a
grupo criminal, continuado de falsedad documental y fraude de
subvenciones, por lo que los cuatro se enfrentan, asimismo, al pago de
multas de 469.507,50 y 3.600 euros y a la pérdida de la posibilidad de
obtener ayudas públicas y el derecho de gozar de beneficios o incentivos
fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cinco años.
El escrito de calificación provisiona
indica que, en 2006, los cuatro procesados se habrían "concertado" para
crear un "entramado" de empresas y obtener a través de las mismas
diversas subvenciones que la Junta de Andalucía iba a otorgar para
impartir cursos de formación.
El fiscal, quien les achaca un "intención de obtener un ilícito
beneficio" y "conocimiento" de la "ilicitud" de las conductas que
pensaban cometer, sostiene que, dentro de este supuesto "plan
preestablecido", justificaron "falsamente" el gasto presupuestado de los
cursos en diversas partidas, "utilizando --remarca-- este entramado
para ocultar el destino real del dinero".
Así, detalla el Ministerio Público que crearon, por un lado, la
sociedad Academia Infosol presuntamente "ex profeso" para la obtención
de subvenciones ya que "la totalidad de ingresos" percibidos "procedían"
de dinero público. Cifra en 383.085 euros los obtenidos en subvenciones
desde 2009.
La Academía Infosol SL habría registrado como gastos en tres años
24.757,62 euros que se imputaron supuestamente a otra empresa creada por
los acusados en 2008, Orden Simétrico SLU, y otros 46.869,19 euros,
también en tres años, que habrían "imputado" a la sociedad Ormar
Informatic, también administrada en distintas etapas por alguno de los
procesados.
El fiscal señala que, dentro de este supuesto "plan", en 2010
presentaron una solicitud para la obtención de una subvención que sería
concedida al amparo de la Resolución de 10 de julio de 2010 por un
importe de 158.502,50 euros.
Con este montante recibido por Academia Infosol debían realizar
cuatro cursos de formación --Informática de Usuario, Iniciación a la red
Internet, Empleado de Oficina y Financiación de Empresas-- pero el
Ministerio Público sostiene que hubo "irregularidades" ya que
"aparentaron" el cumplimiento de las condiciones exigidas para así
disponer del dinero y "simularon" que se estaban llevando a término
todas las previsiones contenidas en la memoria descriptiva presentada
junto a la solicitud.
"Los acusados utilizaron las empresas antes mencionadas, controladas
por ellos mismos, para documentar una serie de facturas de gastos
inexistentes que fue remitida posteriormente al Servicio Andaluz de
Empleo para así justificarlos indebidamente", describe.
Añade, entre estas supuestas "simulaciones", el arrendamiento de las
instalaciones donde se desarrollaban los cursos por 15.340 euros a favor
de Ormar Informatic "no habiéndose producido pagos en este concepto
entre las dos empresas" o la adquisición de material didáctico
consistente en carpetas de temario a Orden Simétrico SLU por valor de
9.328,68 euros "no habiéndose producido nunca esa compra ya que los
cursos se impartieron sin él, debiendo los alumnos tomar apuntes o hacer
fotocopias en el propio centro".
La Fiscalía recoge, asimismo, que el salario percibido por la acusada
que desempeñaba la labor de administrativa pero que cobró presuntamente
cuantías de hasta 10.200 euros por horas de clases en cursos que
impartió otra persona y por dirección y coordinación de cursos que no
llegó a ejercer.
"Todas las facturas y documentos justificativos reseñados fueron
posteriormente incorporados al expediente administrativo del SAE con el
fin de cumplir con el deber de justificación y rendición de cuentas
previsto en el artículo 100 de la Orden de 23 de octubre de 2008,
ocultando así la irrealidad de los requisitos expresados y supuestamente
cumplidos en la solicitud de subvención", concluye el escrito de
acusación.
Al margen de las penas privativas de libertad y de las multas, el
Ministerio Público interesa que los procesados indemnicen en la cantidad
de 156.502,20 euros a la Junta de Andalucía por la subvención
indebidamente percibida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario