MADRID.- La normativa para evitar la judicialización de las reclamaciones
aprobada por el Gobierno del PP tras la condena del TJUE permite a los
bancos cerrar en la vía extrajudicial por 2.200 millones unas demandas
que le habrían costado 3.600 en los tribunales, recuerda Público.
Los bancos españoles han logrado salvar 1.400 millones de euros del botín que obtuvieron timando a sus clientes con las cláusulas suelo gracias a la aplicación del decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy habilitó, a toda prisa tras la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) que corrigió al Supremo y obligó a devolver todo lo estafado, una vía extrajudicial para resolver las reclamaciones de las víctimas.
El decreto, publicado el 20 de enero de 2017, un mes después del
pronunciamiento del TJUE, contenía varias medidas favorables para las
entidades financieras entre las que, además de permitirles ganar tiempo y posponer los pagos, destacaban otras dos: dejaba en sus manos el cálculo de la contraoferta a sus clientes,
buena parte de los cuales seguían teniendo ‘viva’ la hipoteca con la
misma entidad, y les eximía de pagar las costas judiciales tanto en caso
de aceptar las demandas sin pleitear como si, tras el juicio, eran
condenados a pagar una cantidad no superior a la inicialmente
consignada.
La segunda medida les proporcionó un ahorro de más de 300 millones de
euros según la asociación de consumidores Adicae, mientras que la
primera les ha permitido retener otros 1.400, según las estimaciones del
portal Reclamador.es, que basa sus cálculos en los datos oficiales que se conocen de este proceso iniciado hace ahora tres años.
Según el Ministerio de Sanidad, que gestionaba las competencias de Consumo
hasta el mes pasado, el importe medio de las solicitudes presentadas
por la vía extrajudicial (1.136.623) que especificaban la cuantía
reclamada ascendía a 7.193,16 euros, aunque a mediados de 2018 había bajado a 6.999.
De ellas, los bancos habían aceptado año y medio después 502.564 (el 44,2%) con "un importe medio devuelto de 4.429,65 euros"
que les supuso un desembolso "superior a 2.226 millones". La causa
alegada para descartar algo más de un tercio de las reclamaciones que
rechazaban (222.896 de 634.059) consistía en "entender que la cláusula
suelo se ajusta a los requisitos de transparencia".
Los afectados obtenían resultados mucho más satisfactorios en los juzgados: los jueces resuelven de manera favorable al demandante en el 97,6% de los casos, según el último dato difundido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La estimación de 1.400 millones de Reclamador.es sale de aplicar la tasa de éxito en los juzgados a ese medio millón de acuerdos
extrajudiciales aceptados por los afectados, que recibieron un promedio
de 4.429 euros cuando la reclamación media ascendía a 7.193, casi 2.800
euros más por asunto.
E n los primeros dos años y medio del plan de choque por las cláusulas suelo se han resuelto 197.002 demandas (con un 96,3% de estimaciones en el trimestre de menor aceptación) y quedan 252.834 en trámite, según los datos del CGPJ. Ese volumen amenaza con colapsar los tribunales y retrasar hasta cuatro años la resolución del grueso de esos pleitos.
"La vía del decreto tan solo ha admitido a trámite el 44% de los
casos, lo que ha supuesto devolver una media de 4.400 euros. La vía
judicial da la razón a los consumidores en el 96% de los casos con una devolución media de 7.200 €, que es un 63% más",
explica Pablo Rabanal, CEO de Recamador.es, para quien "si tenemos en
cuenta que medio millón de casos se han resuelto vía Real Decreto,
podemos concluir que los consumidores que han acudido por esa vía han
perdido 1.500 millones".
"Parece bastante claro quién es el que ha hecho negocio de verdad, y desde la Administración nadie ha asumido responsabilidad alguna",
apunta, sino que, por el contrario, "el mensaje que se da es de un
cinismo total, diciendo que se han devuelto por este mecanismo 2.200
millones, que es cierto; tanto como que deberían haber sido 3.600".
Para Almudena Vázquez, directora legal del portal, "la intención del
decreto era evitar quebraderos de cabeza a los consumidores", pero los
bancos "aprovecharon esa vía" y los clientes "acabaron renunciando a un parte del dinero que les correspondía".
El TJUE tiene sobre la mesa para resolver otra demanda sobre la legalidad de la renegociación de los intereses
que, junto con la renuncia a pleitear por recuperar lo pagado de más,
varios bancos españoles comenzaron a imponer a sus clientes tras el fallo inicial del Supremo sobre las cláusulas suelo.
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