ALICANTE.- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha anunciado esta semana que el Consejo de Gobierno ha autorizado dos nuevos recursos contencioso-administrativos contra los trasvases de diciembre de 2018 y enero de 2019, ambos de 38 hectómetros cúbicos, por el "incumplimiento" del principio de prioridad de la cuenca cedente, así como por no "garantizar adecuadamente todos sus usos", según recoge el diario Información.
Así lo habría destacado tras conocerse que la
Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha propuesto
este martes en su reunión en la sede del Ministerio para la Transición
Ecológica un trasvase para el mes de mayo de 20 hectómetros cúbicos.
En
este sentido, habría señalado que es necesario "hacer efectiva la sentencia
del Tribunal Supremo" sobre el trasvase Tajo-Segura para así poder
hablar de una España "que bebe y riega con agua desalada".
Hernando
habría dicho que el agua que se va de la región es agua que no se puede
utilizar en Castilla-La Mancha por parte de los ciudadanos, por ello ha
instado al Levante a que rieguen y beban con el mismo agua que lo
hicieron durante cerca de un año, en época de sequía, y que fue agua desalada.
El
portavoz del Ejecutivo autonómico habría aseverado que el caudal que existe
en las aguas subterráneas de Murcia es "15 veces mayor" que el del río Tajo.
Así, Hernando habría asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo
avala la postura del Gobierno regional, por lo que en cuanto se haga
efectiva, según habría dicho, se podrá hablar de una España "que bebe y
riega con agua desalada".
El portavoz del Gobierno habría señalado
que, aunque el PSOE consiga gobernar en solitario a nivel nacional, él
"entiende" que, al igual que cualquier otro cambio de calado
estructural, se debería llegar a acuerdos para que no sólo "lo lleve el
PSOE" y cuando "lleguen otros se revierta".
"Que sea una decisión para siempre", ha indiciado.
Hernando
habría defendido la postura que tuvo en su momento el Gobierno presidido
por José María Barreda de llevar al Congreso de los Diputados un posible
cambio del Estatuto de Autonomía y que no salió adelante, frente al
memorándum del Tajo del Gobierno de María Dolores de Cospedal.
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