ALMERÍA.- Ana Julia Quezada mató con una "frialdad estremecedora" el 27 de febrero del año pasado a Gabriel Cruz, el hijo de 8 años de su por entonces pareja, Ángel Cruz,
según manifiestan en su escrito de acusación los letrados que
representan a este último y a la madre del niño, Patricia Ramírez.
En
el documento los abogados exponen que el
pequeño estaba pasando el puente del día de Andalucía en casa de su
abuela paterna en Las Hortichuelas Bajas (Níjar, Almería) junto a su
padre, si bien aquel día Ángel se ausentó de la vivienda por razones laborales.
Apuntan que después de comer, el menor
decidió salir a la calle e "inmediatamente después salió la acusada
quien, en ejecución de un plan preconcebido para acabar
con la vida de Gabriel y con el pretexto de que lo acompañara a una
casa que estaban arreglando (Ángel y la acusada) en Rodalquilar (Níjar,
Almería), lo subió en el coche y se trasladaron hasta la misma".
Una vez en la casa, ubicada en "un paraje desértico y apartado del núcleo urbano",
Quezada se aprovechó del "escenario que la acusada se había procurado
respecto al niño" y comenzó a "golpearlo reiteradamente, con violencia y
con un objeto contundente".
Afirman
que Gabriel quedó "aturdido por la violencia de los golpes y por la
superioridad física de la acusada" e insisten en que "aún en ese estado,
podría haber sido reanimado de haberse solicitado asistencia médica".
Añaden que siguiendo con su "propósito criminal" y
al ver que "seguía respirando", le tapó la nariz y la boca hasta
provocarle la muerte, insistiendo en que desde que lo golpeó y hasta
este momento pasaron entre 45 y 90 minutos en los que se "podía haber
rescatado la vida" del pequeño.
Señalan
que cavó un agujero en el exterior de la vivienda en el que enterró al
niño tras desnudarlo y se llevó su ropa para arrojarla días más tarde en
el barrio de Retamar de Almería, así como que tras recibir una llamada
de Ángel comunicándole que no aparecía Gabriel, regresó a la casa de la abuela.
Mantienen que durante los once días que duró la búsqueda, en la que participaron "miles de voluntarios",
generó "falsas expectativas sobre la posible aparición de Gabriel, se
dirigía a Patricia y Ángel reiteradamente, manifestándoles expresiones
tales como 'hoy lo vamos a encontrar, hoy va a aparecer. Le vamos a dar
Coca Cola'".
Apostillan que el 3
de marzo, con la "intención de distraer la atención de los
investigadores y la de añadir más sufrimiento a los padres", colocó una
camiseta del niño en una zona ya rastreada horas antes, y que el 9 de
marzo, cuando se celebró una multitudinaria manifestación en la capital
almeriense, "no dejaba de proclamar que el menor iba a aparecer".
Añaden
que el 11 de marzo, mientras los progenitores emitían un comunicado, se
dirigió a Rodalquilar y desenterró el cadáver, siendo detenida con éste
en el maletero de su coche en Vícar (Almería), donde residía.
Subrayan
que los padres del niño, Ángel y Patricia, padecen un trastorno de
estrés postraumático en el contexto de un duelo complicado y trastorno
de adaptación con reacción depresiva prolongada por lo ocurrido.
Finalmente, piden prisión permanente revisable
para Quezada por un delito de asesinato, tres años de cárcel por un
delito de lesiones psíquicas a Patricia, cinco años más por un delito de
lesiones psíquicas a Ángel, y sendas penas de dos años de prisión por
dos delitos contra la integridad moral, además de indemnizaciones de
250.000 euros para cada padre.
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