EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido
solicitará al juez instructor del caso 'Poniente' que retenga el abono
de las facturas que se incluyen en el plan de ajuste elaborado en el
marco del Real Decreto 4/2012 y que corresponden a empresas vinculadas a
la presunta trama de corrupción política y empresarial bajo el anterior
gobierno municipal liderado por PAL que se investiga en esta causa.
Así lo ha trasladado este martes el alcalde, Francisco Góngora
(PP), durante el pleno de carácter extraordinario en el que se ha
aprobado una operación de crédito de 115 millones de euros para hacer
frente al pago de facturas pendientes a proveedores del propio
Consistorio, Radio Ejido, la residencia geriátrica y la empresa
municipal de desarrollos urbanísticos de El Ejido (DUE) acumuladas entre
los años 206 y 2011.
Góngora ha precisado que la medida se va a interesar al Juzgado de
Instrucción número 2 de Almería y el escrito se va a referir, en
concreto, a las facturas adeudadas a la Empresa Mixta de Servicios
Municipales (Elsur), señalada en el sumario como pieza clave y "eje" de
la presunta trama por el sumario, así como a las mercantiles con las que
subcontrataba y que eran administradas por los principales imputados en
la causa. En concreto, ha aludido a la dificultad de determinar la
lesividad de las facturas de forma individual.
Fuentes judiciales han precisado que el escrito, que se remitirá
al instructor una vez se determine cuál va a ser el vehículo de abono y
si lo tramitará directamente el Ministerio de Hacienda, pedirá que se
retengan las cantidades endosadas, que no se paguen y que se manden al
juzgado o, en caso contrario, que los beneficiarios "avalen" que, en
caso de que quede demostrado en la causa el origen ilícito de esas
deudas, devolverán el importe abonado.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
número 3 acordó desestimar en diciembre de 2011 la cuestión de
prejudicialidad penal planteada por el Consistorio ejidense a raíz del
caso 'Poniente' en el procedimiento de reclamación de cantidad iniciado
por Elsur para reclamar a la administración local una deuda de
89.159.256 euros.
La operación de endeudamiento aprobada por mayoría en sesión
plenaria establece un plazo máximo de diez años, con dos años de
carencia en la amortización de principales, y con un tipo de interés
equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos
señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá
un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
Según ha explicado el concejal de Hacienda, Contratación, Régimen
Interior y Personal, José Francisco Rivera, se trata de un plan de
ajuste "duro" que va a suponer una operación de crédito de 154 millones
de euros entre amortización de capital e intereses. "A pesar de ello,
--ha añadido-- nos quedarán otros 50 millones de euros necesarios de
financiación porque nos siguen quedando más de 28 millones que
deberíamos pagar y que no se han podido encajar en este plan y más de 17
millones que vamos a tener que incorporar al presupuesto de este año
por medio de una modificación, porque no todas las obligaciones están
reconocidas y aplicadas en el presupuesto".
Por su parte, Góngora ha señalado "el gran esfuerzo" ante la
situación "tan compleja y delicada" como la que atraviesa este
Consistorio que, según ha subrayado, "no es comparable con la situación
de los ayuntamientos de España". Así, ha remarcado que no es "normal"
que la deuda ronde los 250 millones de euros y haya un "agujero
económico" de unos 137 millones de euros. "Si este Ayuntamiento tuviera
una deuda similar a otros consistorio como el de Almería o Roquetas,
podríamos realizar inversiones", según ha concluido.
El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante
ocho meses al exregidor Juan Enciso (PAL), divide la presunta trama en
seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprende que las sociedades
de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de
Servicios Municipales (Elsur), considerada eje, con subcontrataciones en
su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años
2002 y 2007. Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal
perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales
a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.
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