El TSJA acuerda la apertura de juicio oral contra el alcalde de Berja por presunta prevaricación

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Berja y parlamentario andaluz por el PP, Antonio Torres, para quien la acusación popular ejercida por la Agrupación municipal socialista pide dos años de suspensión de empleo y cargo público como presunto autor de un delito de prevaricación en el cese y posterior nombramiento en 2007 del jefe de la Policía Local.

El auto dictado por el magistrado instructor del procedimiento el pasado día 23 obliga a Torres, con condición de aforado, a abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una causa en la que la Fiscalía no ha formulado acusación al considerar que la actuación del primer edil virgitano fue una cuestión "administrativa" y no constitutiva, por tanto, de delito.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal andaluz será la encargada de enjuiciar unos hechos por los que la acusación popular solicita, asimismo, la imposición de pena de multa de ocho meses a razón de 50 euros diarios. La resolución, contra la que no cabe recurso, da traslado al parlamentario andaluz para que formule escrito de defensa en el procedimiento abreviado incoado en marzo de 2010.

Para el fiscal encargado del caso, Torres no incurrió en delito al designar un nuevo jefe de la Policía Local en noviembre de 2007 y subraya en su escrito que tanto los decretos de cese como de nombramiento ya fueron anulados por un juzgado de lo contencioso-administrativo en octubre de 2008 y que, en cumplimiento de la sentencia, el alcalde tuvo que reintegrar al perjudicado a su puesto de trabajo, lo que hizo efectivo apenas dos meses después.

La acusación popular, por su parte, sostiene en cambio que, a sabiendas de la ilegalidad de su actuación, aupó como Jefe de la Policía Municipal a una persona "sin que concurrieran los requisitos legalmente establecidos para ello" y alude a que la sentencia dictada por el juez de lo contencioso-administrativo número 1 de Almería declaró que su decisión "había sido ilegal y había incurrido en desviación de poder".

El escrito redactado por el letrado que representa a la Agrupación municipal del PSOE en Berja detalla que Torres, "inmediatamente después" de su toma de posesión como alcalde tomó la decisión de cesar al jefe de la Policía Local, quien desempeñaba esa función desde 1985 después de acceder a la plaza en propiedad mediante concurso-oposición.

Un mes después, el acusado, quien también está imputado en otra causa por la construcción de un espigón ilegal en la playa de Balanegra, designó a otra persona para desempeñar "accidentalmente el cargo" mientras su antecesor estaba de vacaciones aunque este nunca llegó a reincorporarse debido a una baja por enfermedad derivada del "sentimiento de estar sometido a acoso laboral".

En noviembre de 2007, Torres hizo efectivo mediante decreto el relevo en la jefatura de la Policía Local por procedimiento de libre designación "y sin ninguna motivación" pese a que, subraya, la secretaria municipal le había informado "por escrito" de que el sustituto "no cumplía las condiciones legales para ser designado para el cargo" y, por tanto, su nombramiento era "ilegal".

Reprocha la acusación popular que entre el citado decreto de Alcaldía y la toma de posesión transcurrió una semana en la que "no efectuó ninguna gestión para cerciorarse de la corrección o incorrección del informe de la secretaria del Ayuntamiento o de si la persona por él designada disponía de la titulación que decía contar".

Según ahonda, se incorporó "bastante después" al expediente un diploma "aparentemente" emitido a los seis días de que se produjera el nombramiento y sobre el que tampoco se realizó ninguna comprobación.