GÉRGAL.- La oposición en bloque de Gérgal ha presentado un recurso de reposición contra el avance del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, aprobado en pleno el pasado 10 de febrero por cinco votos a cuatro, al entender que existen irregularidades en el cambio de rústico a urbanizable en el suelo liberado de Las Aneas que no se corresponde con criterios de ‘población o casco urbanos consolidados’.
Piensa, además, que beneficiarían a la alcaldesa, Leonor Membrive (PSOE), al ser propietaria del cincuenta por ciento de estos suelos según han explicado Miguel Guijarro (GIAL), José Montoya (GIAL), Juan León (IU) y Antonio Carreño (PP).
Guijarro ha explicado que la primera edil votó a favor de dicho avance en pleno cuando ‘es evidente su interés personal en este asunto’ sin ser advertida por la secretaria municipal, afirmando que el pueblo ‘no está exento de especulación’.
Asegura además que la zona de Las Aneas que será urbanizable ha eludido un crecimiento en círculo entorno al casco urbano actual ‘que beneficiaría a toda la población’, optando directamente por el que favorece a ‘dos o tres propietarios’ muy concretos, entre ellos la regidora que ‘ha metido el cien por cien de su finca en un avance a medida’.
El independiente dice que ‘al ser propietaria, no podía ejercer su voto y debería haberse ausentado de la votación’ y alude a razones ‘de orden moral y estricta justicia’ para ello.
Por otro lado la oposición pudo hablar con el equipo redactor del PGOU y al comprobar que el avance se parecía poco a lo que ellos habían aprobado en su día en comisión informativa ‘nos dijeron que recogía la voluntad del pueblo’, asegura Guijarro.
Aunque los grupos hoy presentes defienden que no es la primera vez que ocurre una situación así en Gérgal. Por ejemplo, el equipo de Gobierno aprobó las Normas Subsidiarias del pueblo en mayo de 2000 pero no fueron ‘publicadas en el BOP hasta el 13 de enero de 2009 después de que preguntásemos al respecto tras denegar una licencia de obra en base a dichas Normas’.
Hay que tener en cuenta que este documento preveía ocho unidades de ejecución con un plazo de dos años para el proyecto y tres de obra pero a día de hoy ‘sólo están acabadas la 5 y la 8’.
A su vez, el planeamiento no está exento ‘de incongruencias’ como que exista una ordenanza municipal desde marzo de 2000 que prohíbe la instalación de invernaderos a menos de 500 metros de cualquier núcleo de población pero en la zona de la Estación de Trenes de Gérgal se prevé un buen número de invernaderos a escasos metros de viviendas normales y corrientes, siempre según la versión de la oposición.
Guijarro se ha referido además al convenio Ayuntamiento-EPSA por el que se cedían 4,8 hectáreas a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para la construcción de VPO.
Dicho acuerdo fue recurrido por la oposición al no haberse llevado a pleno y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón recientemente al entender que ‘no hay beneficio para el pueblo y sus vecinos, sin repercusión para Gérgal’, que sólo EPSA obtendría réditos de esta operación.
A pesar de la sentencia, ‘la alcaldesa se río de nosotros cuando preguntamos al respecto’ durante la última sesión plenaria del municipio, por lo que el PP pedirá ahora explicaciones en el Parlamento Andaluz dicho acuerdo.
Piensa, además, que beneficiarían a la alcaldesa, Leonor Membrive (PSOE), al ser propietaria del cincuenta por ciento de estos suelos según han explicado Miguel Guijarro (GIAL), José Montoya (GIAL), Juan León (IU) y Antonio Carreño (PP).
Guijarro ha explicado que la primera edil votó a favor de dicho avance en pleno cuando ‘es evidente su interés personal en este asunto’ sin ser advertida por la secretaria municipal, afirmando que el pueblo ‘no está exento de especulación’.
Asegura además que la zona de Las Aneas que será urbanizable ha eludido un crecimiento en círculo entorno al casco urbano actual ‘que beneficiaría a toda la población’, optando directamente por el que favorece a ‘dos o tres propietarios’ muy concretos, entre ellos la regidora que ‘ha metido el cien por cien de su finca en un avance a medida’.
El independiente dice que ‘al ser propietaria, no podía ejercer su voto y debería haberse ausentado de la votación’ y alude a razones ‘de orden moral y estricta justicia’ para ello.
Por otro lado la oposición pudo hablar con el equipo redactor del PGOU y al comprobar que el avance se parecía poco a lo que ellos habían aprobado en su día en comisión informativa ‘nos dijeron que recogía la voluntad del pueblo’, asegura Guijarro.
Aunque los grupos hoy presentes defienden que no es la primera vez que ocurre una situación así en Gérgal. Por ejemplo, el equipo de Gobierno aprobó las Normas Subsidiarias del pueblo en mayo de 2000 pero no fueron ‘publicadas en el BOP hasta el 13 de enero de 2009 después de que preguntásemos al respecto tras denegar una licencia de obra en base a dichas Normas’.
Hay que tener en cuenta que este documento preveía ocho unidades de ejecución con un plazo de dos años para el proyecto y tres de obra pero a día de hoy ‘sólo están acabadas la 5 y la 8’.
A su vez, el planeamiento no está exento ‘de incongruencias’ como que exista una ordenanza municipal desde marzo de 2000 que prohíbe la instalación de invernaderos a menos de 500 metros de cualquier núcleo de población pero en la zona de la Estación de Trenes de Gérgal se prevé un buen número de invernaderos a escasos metros de viviendas normales y corrientes, siempre según la versión de la oposición.
Guijarro se ha referido además al convenio Ayuntamiento-EPSA por el que se cedían 4,8 hectáreas a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para la construcción de VPO.
Dicho acuerdo fue recurrido por la oposición al no haberse llevado a pleno y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón recientemente al entender que ‘no hay beneficio para el pueblo y sus vecinos, sin repercusión para Gérgal’, que sólo EPSA obtendría réditos de esta operación.
A pesar de la sentencia, ‘la alcaldesa se río de nosotros cuando preguntamos al respecto’ durante la última sesión plenaria del municipio, por lo que el PP pedirá ahora explicaciones en el Parlamento Andaluz dicho acuerdo.
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