Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente, ha heredado esta enorme mole con más de 20 años de historia y trámites a sus espaldas. La consejera sigue manteniendo el compromiso del anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien en mayo de 2006 aseguró que su Administración compraría los terrenos para demoler el edificio y restaurar este paraje.
Pero Castillo ha introducido un matiz más esta semana: El Algarrobico "no perjudica medioambientalmente" al parque de Cabo de Gata-Níjar. La consejera sostuvo en una entrevista publicada el lunes en este periódico que el edificio "en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie" de flora o fauna.
Los ecologistas no tardaron mucho en criticar a la titular de Medio Ambiente e, incluso, han reclamado su dimisión por estas declaraciones. "Justifica el hotel y abre las puertas a su legalización, es sorprendente", interpreta Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. "Que diga eso equivale a decir que el paraje no es suelo protegido", añade Jaime del Val, presidente de la asociación Salvemos Mojácar.
Los grupos conservacionistas critican que la Consejería de Medio Ambiente sólo se fije en si hay una afección directa a alguna especie animal o vegetal. Creen que es una visión reducida y antigua de la protección medioambiental.
"Es un concepto que estaba bien en los años setenta con Félix Rodríguez de la Fuente, pero no para el siglo XXI", opina María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace. Las administraciones, según esta ecologista, "tienen que proteger el territorio y su hábitat".
"En el caso del Algarrobico hay que fijarse también en el impacto del turismo en el parque, las nuevas infraestructuras, en el consumo de agua, en los residuos y en cómo afecta al entorno y al paisaje", añade Caballero: "Esta visión global del ecosistema, en la que se lleva trabajando más de una década, no la tiene la consejera".
"El parque de Cabo de Gata es una reserva de la biosfera de la Unesco y su paisaje es fundamental: los acantilados, el entorno volcánico y las playas", sostiene Juan Clavero.
Las asociaciones ecologistas afirman que la Junta de Andalucía está aplicando este tipo de protección limitada de la naturaleza no sólo en el Algarrobico, sino en todas las políticas medioambientales. "No se quiere entrar en los impactos urbanísticos, que son lo más importante ahora mismo. Los estudios de impacto ambiental se limitan a si se ve afectada o no a una especie protegida y a ver si se cumple la normativa", afirma Clavero.
Ecologistas en Acción ya envió en enero un escrito a la consejería en el que se reclamaba que este tipo de estudios también evalúen el impacto del planeamiento urbanístico. "Pero hay instrucciones para que no se entre en asuntos urbanísticos", sostiene Clavero.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, intentó el viernes cerrar filas con Castillo. Eso sí, Espadas, quien anteriormente había sido viceconsejero de Medio Ambiente, incidió en que nada ha cambiado respecto a la intención de la Junta de derribar el hotel.
La demolición y restauración de la zona no es algo que esté ya en manos del Gobierno andaluz. La Administración autonómica intentó comprar los terrenos del hotel por 2,3 millones de euros en 2006. Sin embargo, la promotora Azata llevó esta actuación a la justicia. El caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que será el que decidirá si este símbolo de la destrucción del litoral desaparece de una vez.
- 17 de noviembre de 2005. El Boletín Oficial del Estado publica la orden del Ministerio de Medio Ambiente que amplía a 100 metros el deslinde del dominio público marítimo terrestre del Algarrobico. Esta decisión será vital para el destino del hotel de cuatro estrellas promovido por Azata hasta el momento con el beneplácito de las administraciones, puesto que parte del complejo pasará a invadir la servidumbre de protección que había sido fijada hasta la fecha en 20 metros por el Plan Parcial que, según establece la Ley de Costas, debería haber sido revisado al haberse aprobado meses después del 1 de enero de 1988.
- 22 de febrero de 2006. Un juez de Almería dicta la paralización cautelar de las obras del hotel, que se encontraba ejecutado al 94%. La resolución judicial, que se produce tras la declaración de utilidad pública del Algarrobico que, posteriormente, tuvo que ser convalidada por el Consejo de Ministros, incide en que el edificio invade la franja de servidumbre, que meses antes había sido ampliada. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han avalado hasta en cuatro ocasiones la orden que fijó el nuevo deslinde, que fue recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE.
- 5 de febrero de 2008. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que supuestamente amplía la protección del Algarrobico respecto al de 1994. Los ecologistas, la promotora y el Consistorio recurren el documento ante el TSJA, que ha dictado hasta tres autos en los que suspende cautelarmente su aplicación. El alto tribunal cree que la aplicación de esta ordenación puede causar "irreparables" perjuicios para el medio ambiente en el Algarrobico al permitir su nueva calificación la consolidación de instalaciones turísticas.
- 5 de septiembre de 2008. Un juez de Almería ordena revisar la licencia de obras del hotel al estimar que incurre en una infracción urbanística grave por afectar a suelos de especial protección y acusa a la Junta de modificar al margen de la ley en 1996 la calificación del paraje del Algarrobico, para convertirlo en urbanizable. La sentencia, pendiente de ser confirmada por el TSJA, motiva que la fiscalía abra una investigación para esclarecer si hubo prevaricación en las administraciones, algo que queda descartado en mayo de 2009 con el archivo de las diligencias.
- 19 de junio de 2009. El Estado acuerda desistir del procedimiento de expropiación de los terrenos ocupados por el hotel, que la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona impulsó en noviembre de 2005, tras la ampliación del deslinde y la ocupación del edificio por activistas de Greenpeace. La decisión, recurrida por el colectivo, se adoptó a la espera de que el TSJA resuelva la posible nulidad de la licencia. La Junta, que en mayo de 2006 anunció el derribo del edificio, se muestra ahora también partidaria de aguardar la resolución del proceso judicial abierto sobre este polémico hotel.
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