La Junta Arbitral de Consumo resuelve un 21% más de expedientes en 2025 y en un menor plazo

 SEVILLA.- La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía recibió el año pasado 795 solicitudes de arbitraje y resolvió un total de 2.293 expedientes, un 20,87% más respecto al año anterior, en concreto 396 expedientes más que en 2024.

Además, el tiempo medio de tramitación de los expedientes se ha situado dentro del límite máximo de tres meses previsto en la normativa vigente. Según ha informado la Junta en una nota, estos datos se desprenden de la Memoria de Actividades que ha publicado este órgano administrativo de la Junta de Andalucía encargado de la gestión del arbitraje de consumo en la comunidad autónoma.

El Sistema Arbitral de Consumo constituye un servicio público que la Administración andaluza ofrece a la ciudadanía, en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarias y las organizaciones empresariales, con el objetivo de solucionar controversias en materia de consumo.

Asimismo, Consumo ha explicado que este sistema funciona como un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos entre personas consumidoras y profesionales o empresas, siempre a instancia de la parte consumidora.

En concreto, según los datos recogidos en la memoria, en 2025 descendieron significativamente el número de solicitudes de arbitraje respecto al año pasado: exactamente 753 solicitudes menos, lo que supone un descenso de un 49%.

Se trata de la cifra más baja de los últimos veinte años, circunstancia que se atribuye principalmente a las nuevas normas de competencia territorial introducidas por el Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo, aprobado mediante el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio.

Como ya ocurrió en el ejercicio anterior, la mayoría de las reclamaciones recibidas durante 2025 estuvieron relacionadas con el sector energético. El incremento de los costes, los problemas de facturación y los sucesivos cambios en la normativa concentraron el 46 % de las solicitudes presentadas.

En segundo lugar, están las solicitudes en materia de telecomunicaciones, con un 13 % de las solicitudes presentadas y que se refieren mayoritariamente a incumplimiento de condiciones ofertadas, portabilidades incumplidas y penalizaciones por no permanencia.

Y en tercer lugar se encuentran las solicitudes por conflictos surgidos en materia de comercio minorista que suponen el 11 %. En cuanto a la forma de presentación de las solicitudes que se han finalizado en 2025, el 56 % de los casos han sido presentadas directamente por los propios ciudadanos; en un 34% a través de otras Administraciones (OMICs, Juntas Arbitrales, etc.); y sólo un 10% lo hace a través de las asociaciones de consumidores.

Estos datos reflejan que cada vez más personas consumidoras recurren directamente al arbitraje de consumo sin necesidad de intermediación.

Respecto al tiempo medio empleado en registrar las solicitudes de arbitraje desde la fecha de su registro de entrada hasta su grabación fue de 81 días, es decir, 158 días menos de lo que se tardaba en el año anterior.

Tras ser admitida la solicitud, ha de tramitarse el expediente (alegaciones, intento de mediación, constitución de órgano arbitral y notificación de audiencia). Y también en este proceso se han reducido sensiblemente los tiempos de tramitación, lográndose citar a audiencia en un plazo nunca superior a los dos meses desde la presentación de la solicitud de arbitraje.

De este modo, al cierre de 2025, el tiempo medio de tramitación de los expedientes arbitrales se sitúa dentro del límite máximo de tres meses previsto en la normativa vigente.

En 2025 se han celebrado 1.037 audiencias, cifra similar a la del año anterior.

De ellas, fueron telemáticas un 89%, presenciales un 9% y escritas un 2%.

En la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, a través de su formulario de solicitud de arbitraje normalizado, la persona consumidora puede optar por cualquiera de esas tres modalidades.

En cuanto al carácter del laudo, el 61,1% fueron estimatorios, total o parcialmente, de las pretensiones de la persona consumidora y usuaria.

El servicio de mediación penal logra 272 acuerdos en Almería y se extenderá al ámbito laboral con graduados sociales

 ALMERÍA.- El Servicio de Mediación Penal en Andalucía (Sempa) puesto en marcha en mayo del pasado año ha conseguido facilitar en Almería un total de 272 acuerdos en un plazo medio de un mes, de manera que esta alternativa de carácter público y gratuito se extenderá a lo largo de este año a la jurisdicción social, de la mano de los graduados sociales.

Así lo ha trasladado el Gobierno andaluz en una nota tras la presentación por parte del director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Esteban Rondón, junto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala, de la mediación laboral intrajudicial puesta en marcha tras la firma de un convenio suscrito en diciembre entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Graduados Sociales.

Durante el acto, al que también ha asistido la delegada territorial de Justicia, Rebeca Gómez, se ha señalado la relevancia de esta nueva herramienta para "impulsar esta vía alternativa de resolución de conflictos en el ámbito laboral".

La iniciativa se ha difundido entre los magistrados y letrados de la Administración de Justicia de la jurisdicción social coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Mediación.

En la reunión, los responsables de la Consejería han instado a los jueces de lo Social a derivar asuntos, a través del Punto de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), a la bolsa de profesionales voluntarios que creará el Colegio de Graduados Sociales para actuar como mediadores para intentar lograr acuerdos entre las partes en asuntos como reclamaciones de cantidad, controversias entre trabajadores y empresa o inclusos despidos.

Rondón ha recordado que, ante conflictos laborales, la ley exige intentar un acuerdo previo en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) antes de acudir a los tribunales, aunque esta obligación de mediación extrajudicial no evita que la jurisdicción social sea "una de las más saturadas hasta el punto de que se están señalando juicios a dos y tres años vista".

Por ello, en el marco de la Estrategia de Mediación de la Consejería de Justicia, se planteó la necesidad de dar "una segunda oportunidad al acuerdo aún cuando los conflictos ya estén judicializados y gracias a la generosidad de los graduados sociales, hemos puesto en marcha esta iniciativa".

El convenio entre la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales es "pionero en España" y supone contar con "profesionales especializados en Derecho laboral como mediadores para intentar que las partes logren un acuerdo y reducir la sobrecarga de los juzgados de lo Social".

Por su parte, la delegada territorial ha defendido que "la mediación es una alternativa poco explotada en España que en Andalucía estamos impulsando porque ahorra tiempo y costes, es más eficaz, rápida y satisfactoria para las partes y puede contribuir a reducir nuestra alta tasa de litigiosidad".

Las medidas de mediación también se extenderán a las juridicciones civil y mercantil, toda vez que se creará un registro de mediadores y entidades de mediación y un Consejo Asesor de Mediación en Andalucía.

"El objetivo es promover un cambio cultural y pasar del pleito y el exceso de litigiosidad a la cultura del diálogo y el acuerdo, poniendo alternativas a disposición de los profesionales jurídicos y de la ciudadanía que durante toda esta semana estamos difundiendo con una mesa informativa en la entrada de la Ciudad de la Justicia de Almería", ha indicado Gómez.

Al acto han asistido la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos de la Consejería, Carmen Navarro; el juez decano de Almería, David Villagrá; y la secretaria coordinadora de Almería, María José Cañizares.