ALMERÍA.- El alcalde de Tíjola y diputado provincial de Sostenibilidad,
Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, se ha
acogido este jueves a su derecho a no declarar tras comparecer como
investigado por su faceta de empresario ante el juez que instruye el
caso Mascarillas de Almería, que indaga sobre la presunta contratación
irregular para el cobro de comisiones a través de la Diputación.
Martínez ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Almería, a la que
ha accedido minutos antes de las 9,00 horas a las que se abre al
público, sin compañía pese a que su mujer también ha asistido citada
como investigada por el magistrado en la penúltima ronda de
comparecencias que finalizará este viernes con la declaración, entre
otros, del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano
García.
Fuentes jurídicas han apuntado que la pareja se ha
acogido a su derecho a no declarar antes de abandonar la sede judicial,
lo que también ha hecho por separado minutos después de las 10,00 horas.
A su salida, Martínez ha rechazado realizar valoraciones a algunos
periodistas que se han topado con él cuando el grueso de los medios
aguardaban frente al acceso principal de la Ciudad de la Justicia.
El regidor tijoleño --único cargo político en activo en el caso-- y
su mujer están investigados por los contratos que las empresas
Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la
Diputación en una supuesta "connivencia" con el exvicepresidente tercero
y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.
Los indicios
de la UCO apuntan que el regidor 'popular' habría participado en el
"amaño" de contratos públicos y habría instrumentalizado otras
sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de
contratos en función de sus intereses. Durante la jornada, también
estaba prevista la declaración de otros empresarios.
"Hoy se
repite ese patrón de taifas en el que un jefecillo local con empresa
propia o a nombre de sus familiares más directos tenía acceso
privilegiado, presuntamente, a las obras de la Diputación en las que ya
sabemos, por fin, que quienes aspiraban a ellas era precisamente porque
se ganaba dinero", ha expresado a su llegada el abogado de la acusación
popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador.
El abogado,
acompañado del letrado José María Terrés, confía en que las
declaraciones permitan despejar algunas dudas a partir de los indicios y
pruebas aportados por la UCO. En esta línea, se ha cuestionado una
posible merma de beneficios entre los empresarios ligados a la trama que
habrían participado en repartos de obras públicas bajo el supuesto
concierto.
Para este viernes, finalmente, se prevé la
declaración del funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado
durante los registros practicados el pasado mes de noviembre, quien
habría participado de la adjudicación de contratos en el marco de varios
programas de reactivación económica ligados a los fondos de
recuperación del covid-19.
Habrían sido, a juicio de los
investigadores, precisamente esas adjudicaciones de contratos las que
habrían reportado al Liria importantes sumas en comisiones que, más
tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos de la misma
corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo Fernando Giménez y
al expresidente de la Diputación.
Por su parte, el
expresidente volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto con
sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la causa
principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en noviembre
investigado por delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude,
prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal.
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