MELILLA.- La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha asegurado este
miércoles que el Gobierno trabaja desde hace tiempo en la mejora de las
condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia
Civil, "incluida la posibilidad de avanzar hacia el reconocimiento de
la profesión de riesgo mediante coeficientes correctores que faciliten
la jubilación anticipada".
Preguntada por esta cuestión tras
la decisión del Ministerio de Defensa de comenzar con los trámites para
declarar la carrera militar como profesión de riesgo, Calvo ha admitido
que también se trata de una reivindicación histórica de sindicatos
policiales y asociaciones de la Guardia Civil, y ha subrayado que el
Ministerio del Interior "comprende" esta demanda. No obstante, ha
precisado que "no es una decisión que dependa exclusivamente de un
departamento", sino que requiere coordinación entre varios ministerios.
"El reconocimiento de quienes trabajan en situaciones de riesgo ya
existe desde hace años mediante complementos específicos", ha señalado,
si bien ha admitido que la equiparación en materia de jubilación
anticipada "sigue siendo una cuestión pendiente".
En este
sentido, ha indicado que el Ejecutivo mantiene el diálogo con los
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que
tratará de avanzar "lo más rápido posible", aunque ha advertido de que
"no se trata de una medida inmediata".
En relación con la
gestión fronteriza en Ceuta y Melilla, la secretaria de Estado ha
defendido el desarrollo de la denominada "frontera inteligente", en el
contexto de la próxima entrada en vigor del sistema Entry Exit System,
prevista para el 10 de abril.
"Este modelo incorpora tecnologías
avanzadas, como la recogida de datos biométricos, con el objetivo de
mejorar la seguridad y la eficacia en el control de accesos" ha
precisado.
Calvo ha insistido en que todas las actuaciones del
Ministerio del Interior en frontera "cumplen con la legalidad vigente y
respetan los derechos humanos".
En respuesta a preguntas sobre posibles
sesgos en los algoritmos utilizados, advertidos por la Fundación Por
Causa, ha asegurado desconocer la denuncia concreta, aunque ha
garantizado que "cualquier incidencia será analizada".
"No hay
ninguna actuación que incumpla la normativa", ha afirmado, al tiempo
que ha reconocido que la implantación progresiva del nuevo sistema "ha
permitido detectar aspectos de mejora que ya están siendo abordados".
El
despliegue tecnológico cuenta con una inversión de 10 millones de
euros, ha apuntado.
Por otro lado, la secretaria de Estado ha
defendido el proceso de regularización de migrantes que impulsa el
Gobierno, actualmente en tramitación, tras las críticas de algunos
partidos de la oposición. Ha recalcado que "incluirá controles" y que
"está dirigido a personas que ya residen en España, muchas de ellas
trabajando en situación irregular".
Según ha señalado, se
trata de una medida que permitirá "aflorar" empleo y otorgar derechos y
ha subrayado que incluso cuenta con el respaldo de organizaciones
empresariales como la CEOE y de la Conferencia Episcopal Española.
"Es un ejercicio saludable desde el punto de vista social y del mercado laboral", ha concluido.
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