MELILLA.- Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno español a garantizar
condiciones de vida adecuadas en los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, y a asegurar el traslado
inmediato a la Península de las personas en situación de especial
vulnerabilidad, especialmente cuando estos centros no puedan
proporcionarles la atención necesaria.
La organización, a
través de su Equipo de Migración y Refugio, ha subrayado que entre los
colectivos que requieren una atención prioritaria se encuentran personas
con discapacidad, familias con menores en edad de escolarización,
mujeres embarazadas, personas con problemas psicológicos, víctimas de
trata, de violencia de género, violencia sexual o tortura, así como
personas Lgbtiq+.
Tal y como ha detallado IA, los CETI de
Ceuta y Melilla acogen a personas migrantes y solicitantes de asilo que
llegan a la frontera sur de España. Aunque su función es asistencial y
las personas alojadas no están privadas de libertad, Amnistía
Internacional alerta de que su gestión presenta "serios problemas de
derechos humanos, agravados por la falta de transparencia y la
aplicación de criterios administrativos desiguales".
Según la
ONG, en Ceuta la mayoría de las personas acogidas procede del continente
africano, en muchos casos tras entrar a nado y en situación de extrema
vulnerabilidad y sin recursos económicos, lo que las aboca incluso a
vivir en la calle antes de acceder al centro.
En cambio, ha
admitido que, en Melilla, el perfil ha cambiado en los últimos años y
una parte mayoritaria de las personas acogidas es de origen
latinoamericano, muchas de las cuales llegan desde la península por vía
aérea para formalizar allí su solicitud de asilo ante las dificultades
para obtener cita en otras ciudades.
AI también ha recogido
testimonios de personas que "aseguran haber sido víctimas de
devoluciones en caliente en el mar por parte de las autoridades
españolas, incluso en más de una ocasión", una práctica que la
organización considera contraria a los derechos humanos.
La organización ha explicado que el tiempo de permanencia en los CETI
"varía en función de cada caso y depende, en gran medida, de decisiones
administrativas". En general, las personas permanecen en estos centros
"hasta que son trasladadas a la península por el Ministerio del
Interior, o hasta que se ejecuta una orden de devolución o expulsión".
AI ha denunciado que no existe una norma clara y pública que
determine cuándo debe producirse el traslado a la península, lo que
genera "incertidumbre y situaciones de desigualdad".
En la práctica,
señala la organización, "se han aplicado criterios desiguales,
trasladando con mayor rapidez a determinadas nacionalidades o perfiles",
mientras otras personas permanecen durante más tiempo en los centros.
"La falta de criterios claros y públicos expone a las personas migrantes
a situaciones de desigualdad y vulneración de derechos humanos", ha
advertido.
Según la ONG, la capacidad oficial de los CETI es
de 686 plazas en Melilla y 512 en Ceuta, según los datos técnicos más
recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Sin embargo, ha criticado que "estos centros superan con frecuencia su
capacidad, especialmente en periodos de mayor presión migratoria como
los meses de verano".
La ONG ha alertado además de las
dificultades añadidas para solicitar asilo que afrontan personas de
nacionalidad marroquí o argelina.
Según testimonios recogidos en abril
de 2025, estas personas "no pueden formalizar su solicitud desde el
propio CETI de Ceuta y deben hacerlo por su cuenta a través de una
aplicación móvil, lo que requiere disponer de un teléfono español,
conocer el idioma y el procedimiento, además de competir por citas que
se cierran con rapidez".
Amnistía Internacional ha concluido
que "la vulneración de derechos humanos en las fronteras españolas se
produce de forma sistemática, en un contexto de racismo estructural y
falta de transparencia en los protocolos" que rigen los procedimientos y
los centros de gestión migratoria.
"La gestión de los CETI en la frontera sur de España se caracteriza por la arbitrariedad administrativa y vulneraciones de derechos humanos", ha apuntillado la organización.
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