SEVILLA.- El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha acordado incluir en el Plan de Actuaciones para el año 2023 la realización de un informe denominado 'Fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las entidades locales'. La sostenibilidad energética se configura como "un elemento clave para la lucha contra el cambio climático".
De este modo, según ha replicado el CCA, los poderes públicos "tienen la responsabilidad de definir e impulsar políticas de ahorro energético, que deben implantarse desde todos los niveles de la administración pública".
Este informe se ha realizado en colaboración con el Tribunal de Cuentas (TCu) y los OCEX de las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.
El objetivo de esta actuación ha sido "concluir si las entidades locales cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias de ámbito estatal, autonómica y local en materia de ahorro y eficiencia energética, así como sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los planes estratégicos relacionados con la materia fiscalizada".
Las políticas de eficiencia energética contienen múltiples medidas y líneas de actuación que "deben estar debidamente recogidas" en un marco estratégico y contar con una adecuada planificación. En concreto, el análisis se ha centrado en la revisión de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) aprobados por las entidades adheridas al Pacto de alcaldes, Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC) o Planes Generales de Ahorro Energético (PGAE).
Con respecto al ámbito temporal, se ha fiscalizado la situación de la planificación sobre medidas de ahorro y eficiencia energética implantadas a 30 de junio de 2023. No obstante, se han aplicado procedimientos de auditoría y comprobaciones sobre ejercicios distintos para "una mejor consecución de los objetivos de esta fiscalización".
La fiscalización efectuada se ha llevado a cabo desde una doble perspectiva: examen global de las actuaciones realizadas en las diputaciones provinciales y en los municipios con población superior a 20.000 habitantes y examen específico en una muestra de entidades con población superior a 50.000 habitantes.
De esta forma, respecto al examen global de las actuaciones de planificación realizadas en materia de ahorro y eficiencia energética, para obtener una visión general y comparada se han comprobado distintos niveles de implementación de las medidas de ahorro y eficiencia energética. Estos niveles se han estructurado en Planificación General, Planificación Específica y Medidas Específicas.
El análisis se ha realizado sobre los 84 municipios con población superior a 20.000 habitantes y las 8 diputaciones provinciales que forman parte del SPLA. El primer nivel de implementación analizado ha sido la planificación general en materia de ahorro y eficiencia energética.
Para ello, se ha considerado que una entidad local cuenta con una planificación general en esta materia si, al 30 de junio de 2023, disponía de alguno de los siguientes instrumentos: Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) y Planes Generales de Ahorro y Eficiencia Energética (PGAE).
El segundo nivel de implementación analizado, para aquellas entidades que no disponían de planificación general, ha sido la existencia de planes específicos como, por ejemplo, los planes de agenda local urbana (PALU).
Descendiendo al último nivel de implementación, se ha verificado la existencia de medidas sectoriales y la adhesión a programas o programas o proyectos de ámbito regional, estatal o internacional en materia de ahorro y eficiencia energética.
El examen específico de las entidades que conforman la muestra Sobre la base de los resultados obtenidos en el examen global, se ha seleccionado una muestra de 13 entidades con población superior a 50.000 habitantes con el fin de comprobar si el contenido de los planes aprobados, así como, los procedimientos para su elaboración y seguimiento cumplen con la normativa en materia de eficiencia energética y transparencia.
Las entidades que han conformado la muestra han sido los ayuntamientos de Almería, La Línea de la Concepción, Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva, Benalmádena, Mijas, Marbella, Málaga y Sevilla.
Las principales conclusiones alcanzadas en la fiscalización de cumplimiento de legalidad son las siguientes: sobre el examen global de las actuaciones de planificación realizadas en materia de ahorro y eficiencia energética de las entidades locales; en relación con el primer de nivel de implementación, se ha comprobado si existe una planificación general para las 92 entidades locales.
Sólo 21 de las 92 entidades que han conformado la población objeto de examen disponen de una planificación general en la materia fiscalizada, lo que supone un 22,82% del total entidades.
En consecuencia, no disponen de una planificación general en la materia fiscalizada 71 (64 ayuntamientos y las siete diputaciones provinciales) de las 92 entidades que conforman la población (77,17%).
Descendiendo al tercer y último nivel de implementación, se ha verificado si se han adoptado medidas sectoriales, fundamentalmente, en el ámbito de la movilidad urbana, edificios y alumbrado público, que guarden relación con la materia fiscalizada.
De los resultados obtenidos, se desprende que 47 de estas entidades (43 ayuntamientos y 4 diputaciones provinciales, lo que supone un 92,15% sobre las 51 entidades sin planificación general ni PALU) adoptaron medidas en algunos de los sectores indicados, principalmente, en materia de alumbrado y edificios públicos. Por el contrario, 4 (7,85%) de las 51 entidades no adoptaron tampoco medidas sectoriales (Ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Conil de la Frontera, Mairena del Alcor y Mijas).
No obstante, los Ayuntamientos de Conil de la Frontera y el de Mairena del Alcor se adhirieron a programas de carácter regional, estatal o internacional que incluyeron actuaciones relacionadas con la materia fiscalizada.
En consecuencia, del análisis realizado se constata que los Ayuntamientos de Alhaurín el Grande y Mijas no disponen de ningún tipo de medida, tanto general como especifica, en el ámbito del ahorro y eficiencia energética.
Sobre el examen específico de las entidades que conforman la muestra. Los Ayuntamientos de Almería, Granada, Jerez de la Frontera, Marbella y Mijas no contaban con una planificación general en la materia fiscalizada al 30 de junio de 2023, al no tener aprobado un PACES o un PMCC aun habiéndose adherido en años anteriores al Pacto de Alcaldes.
Tras la revisión realizada, y a pesar de las deficiencias detectadas, se concluye que los Ayuntamientos de Algeciras, Benalmádena, Cádiz, Córdoba, Huelva, La Línea de la Concepción, Málaga, y Sevilla cuentan con una planificación generalizada en la materia fiscalizada al tener en vigor un PACES o un PMCC.
Finalmente, las principales recomendaciones propuestas pasan desde adoptar las medidas necesarias que faciliten la elaboración e implementación de los PMCC y de los PMUS; totalizar, en términos monetarios, las medidas de los planes para poder obtener una visión general de la repercusión económica de las medidas que integran el plan de acción.
La planificación en materia de ahorro y eficiencia energética suele incluir acciones con objetivos transversales que requieren inversiones con un significativo impacto en la actividad económica de la entidad local.
En consecuencia, se insta a que sea el Pleno Municipal el órgano encargado de aprobar los planes generales o parciales en materia de ahorro y eficiencia energética.
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