ALMERÍA.- El Gobierno expropiará el suelo sobre el que se levanta el hotel ilegal El Algarrobico para poder derribarlo tras más de 20 años encallado en una ladera pegada a la costa de Almería. El edificio, a medio hacer dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, comenzó a construirse en mayo de 2003 y se paralizó en 2005 por orden judicial.
El hotel tiene más de 20 resoluciones judiciales en su contra, pero no se había demolido así que sigue sobrevolando la playa en el municipio de Carboneras. El esqueleto muestra las dimensiones del proyecto: 21 plantas, más de 400 habitaciones y a solo 14 metros del mar.
El proyecto era aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un acuerdo para declarar de utilidad pública las parcelas sobre las que se eleva el hotel, ha puntualizado Montero. El objetivo era “proceder a la expropiación de los terrenos dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre. El paso previo para iniciar los trabajos de demolición del hotel ilegal y la reparación ambiental”.
La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado al lado de la construcción el plan del Ejecutivo sobre lo que ha llamado “el mayor atentado medioambiental”. Montero ha explicado que hay parte de los terrenos ocupados por el edificio que son de competencia autonómica por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía que tome medidas similares para completar el trabajo. Fuentes conocedoras del proceso cifran el torno al 60% de la estructura la parte que invade la zona de servidumbre y que, por tanto, quedaría afectada por el proceso de expropiación.
Una vez expropiado todo el suelo, se podrá derruir por completo, ha especificado Montero. Esos trabajos “serán financiados por el Gobierno de España”, ha afirmado la vicepresidenta. Aún así, ha incidido Montero, si el Gobierno autonómico no lo hace “buscaremos altenativas para que el hotel ilegal sea domolido”.
La poseedora de los terrenos y promotora del hotel es la constructora Azata del Sol, S.L., del empresario José Domingo Rodríguez Losada, quien durante todos estos años ha batallado en los tribunales por mantener en pie el hotel o, al menos, lograr una suculenta indemnización del Estado, al que ha exigido una responsabilidad patrimonial ante los tribunales.
La Audiencia Nacional le denegó el derecho porque concluyó que tuvo los medios para saber que en esos terrenos no se podía construir desde 1994 (año de la Ley de Costas), pero ha seguido intentándolo: actualmente se dirimen dos pleitos en los que nuevamente reclama una compensación de 72 millones de euros. En 2006, la Junta ejerció el retracto, formalizado en 2016, pero Azata ha seguido ostentando la posesión y esgrimiendo la licencia.
El Algarrobico se ha convertido en este tiempo en el símbolo de la depredación urbanística y de turismo de masas sin control sobre el medio ambiente, al mismo tiempo que su esqueleto acumulaba años y años a pesar de que los jueces habían dejado claro que era una construcción ilegal que debía desaparecer.
Los recursos y peleas por ver quién se hacía cargo de ese mandato han provocado que El Algarrobico permaneciera medio en ruinas dentro del paraje natural protegido.
El hotel de El Agarrobico lleva 22 años a medio construir sobre una playa del Parque Nacional de Cabo de Gata. Casi dos décadas con múltiples litigios legales. Las obras de edificio llevaban dos años en marcha cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería ordenó, tras la denuncia de Salvemos Mojácar, paralizarlas cautelarmente, por una orden del Gobierno de la Nación.
En 2008, el Juzgado mandó que se revisara la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras por ser “nula de pleno derecho” . Además, El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la paralización cautelar de las obras.
La Junta declaró ese año la parcela “núcleo habitado” en lugar de “no urbanizable” en el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata, pero el TSJA suspende cautelarmente el nuevo PORN por la parcela de El Algarrobico. Greenpeace recurre en el Tribunal Supremo pidiendo la anulación definitiva del PORN en este punto. Los jueces lo anularon en 2011.
Tras muchos otros vaivenes judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia que el suelo no es urbanizable en 2016. Pocos meses después, otra sentencia del mismo órgano ordenó revisar la licencia urbanística concedida en su día a Azata del Sol. Desde 2018, las sentencias son firmes tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los ecologistas, el asunto judicial ha ido enmarañándose aún más, sin que se haya avanzado materialmente en nada. Ha jugado un papel determinante la desidia, cuando no la connivencia, del consistorio para que las cosas sigan como están.
Tanto, que el TSJA ha advertido en varias ocasiones con multar a los regidores José Luis Amérigo (PSOE) como Salvador Hernández (actual alcalde, Ciudadanos) de que se pongan las pilas para cumplir las sentencias: la que obliga a clasificar el suelo como no urbanizable en el PGOU de Carboneras y la que obliga a revisar la licencia.
A la hora de la verdad, siempre falta algo: una certificación, un acuerdo del Pleno que se ha hecho mal, una cita de la ley errónea, un secretario que está enfermo.
Para José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas desde el comienzo de la causa, un “cachondeo” del que han participado alguno de los propios magistrados, ex compañeros del abogado que representa al Consistorio.
Ahora, décadas después, el Gobierno cambia de vía, y parece renunciar a esperar que se cumpla la legalidad y las sentencias.
“Tendría que pagar Azata el derribo porque sabían que era ilegal. Era difícil que pudieran sacar dinero, pero no se han dado por vencidos”, señala. Lo ve, no obstante, como una buena noticia: “Me parece bien, aunque venga con retraso. Pero hay que verlo con cautela. Cristina Narbona ya inició expediente en 2007, y quien la sustituyó anuló el expediente”, recuerda.
Domínguez vaticina que si no hay acuerdo en el justiprecio, el expediente servirá de poco, “porque se va a eternizar en los tribunales”. Pero advierte de que la otra vía, la de ejecutar las sentencias ya firmes, sigue abierta y aparentemente más cerca que nunca de la meta: “Ya hemos pedido al TSJA que no cuente con el ayuntamiento, que sea directamente el TSJA el que la anule, porque el ayuntamiento no va a ejecutar ni ese sentencia ni ninguna”.
Para el derribo de El Algarrobico existe un Protocolo suscrito en 2011 por Junta de Andalucía y Gobierno central. En el reparto de tareas, el Estado asumía el coste del derribo, y la administración autonómica se ocupaba del desescombro y la restauración de la zona.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno hizo del fin de El Algarrobico una de sus promesas de su segundo mandato, y el propio Presidente lo mencionó como objetivo para 2024 en su discurso navideño de 2023. El pasado octubre la consejera Catalina García dijo que en abril podría empezar la demolición, sin que nada en los procesos judiciales indicase una aceleración de la desesperante lentitud de los últimos años.
Esta mañana, García ha sido preguntada antes de conocer el anuncio de Montero. “Es inaceptable que, tras más de dos décadas de litigios y promesas incumplidas, el Gobierno de España no haya tomado las medidas necesarias para derribar esta construcción ilegal”.
Por ello ha exigido al Gobierno que “venga al Algarrobico con la verdadera intención de demolerlo”.
Un rato después, la ministra de Hacienda habría anunciado que
van a expropiarlo para echarlo abajo.
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