El delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha subrayado “la efectividad del SERCLA en Almería durante este año, ya que se ha alcanzado un porcentaje de acuerdo en el 48% de los conflictos colectivos tramitados”.
Asimismo, ha remarcado “la contribución de este útil instrumento de diálogo y negociación a la mejora de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en el provincia.
Las seis huelgas evitadas en 2023 habrían afectado a 405 personas trabajadoras de empresas del sector servicios principalmente. Los acuerdos alcanzados con apoyo del servicio de conciliación-mediación del SERCLA han permitido avanzar en las negociaciones entre la parte social y empresarial para solucionar sus divergencias, pactando medidas concretas relativas a la reducción de la jornada anual de trabajo, pluses o aumento progresivo de salarios, entre otras cuestiones.
En cuanto a los 19 conflictos colectivos previos a la vía judicial que han finalizado con avenencia tras la mediación del SERCLA, afectaban a 1.400 personas trabajadoras de 19 empresas. Estos acuerdos han supuesto avances en el diálogo sobre la jornada, el horario o la reclamación de cantidades, así como en el compromiso para fijar un calendario de negociación colectiva.
Durante el año pasado se han presentado en el SERCLA en Almería un total de 64 expedientes por conflictos que afectan a 117 empresas y 9.657 personas trabajadoras, así como 204 expedientes correspondientes a conflictos individuales, con 200 trabajadores implicados.
De los 64 expedientes de conflictos colectivos presentados, 52 se han tramitado de manera efectiva, y de ellos, el 48%, un total de 25, han finalizado con acuerdo entre las partes; el resto finalizaron sin avenencia.
De los 64 expedientes presentados en Almería, 31 son de ámbito local, 28 de ámbito provincial y los 5 restantes tienen ámbito comarcal.
En cuanto al ámbito funcional, 44 de los expedientes son de sector (68,75%) y afectan a 70 empresas (el 59,8%), y 7.742 trabajadores (el 80,2% del total); también se han presentado 20 expedientes de ámbito empresarial que afectan a 1.915 empleados de 47 empresas; 63 expedientes registrados son de ámbito privado y un expediente de ámbito público.
Por tipo de procedimiento, el 71,9% de los expedientes presentados eran previos a la vía judicial (46), el 9,4% previos a huelga (6) y los 12 restantes de otras modalidades. El 76% de los expedientes los plantaron los sindicatos, el 12,5% las empresas y el resto asesorías.
Los principales motivos aducidos en estos conflictos han sido las desavenencias surgidas en cuanto a jornada laboral y salarios, así como en cuanto a la falta de negociación colectiva efectiva. El sector más afectado ha sido el de servicios, que ha acaparado casi el 90% de los expedientes tramitados.
Con respecto a los conflictos laborales de carácter individual en los que ha intervenido al SERCLA en 2023, se han presentado 204 expedientes en la provincia, todos de ámbito privado, de los cuales han tenido una tramitación efectiva 184, finalizando con un porcentaje de acuerdo del 29,89%, en 55 de los conflictos presentados.
Del total de conflictos individuales registrados, 157 tienen su origen en el régimen disciplinario y en 45 de estos casos se ha conseguido, con la mediación del SERCLA, alcanzar acuerdos.
El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que gestionas el SERCLA, inició en marzo de 2020 un sistema de mediación on line pionero que se ha genaralizado desde octubre de 2021 en todos los conflictos, y que incluso ha propiciado la firma de convenios colectivos negociados por completo por videoconferencia, como el del manipulado hortofrutícula de Almería el año pasado.
Andalucía cuenta desde 1999 con un Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales propio, el SERCLA, nacido de la mano del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma.
Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.
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