ALMERÍA.- La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN) han advertido
de las "trabas" que están poniendo algunos ayuntamientos andaluces para
"aplicar" la ley que permite regularizar las viviendas fuera de
ordenación y conceder los permisos municipales que les permite acceder
"a servicios básicos y escritura por razones de humanidad" y aplicar las
"medidas medioambientales correctoras".
"Los afectados están cansados de que haya ayuntamientos que pongan
pegas a la tramitación de los AFOs, y que ello dificulte la
regularización de muchas de las 300.000 viviendas irregulares de
Andalucía", ha indicado en un comunicado la presidenta de la asociación,
Maura Hillen, quien ha señalado que esperan que "no lo estén haciendo
adrede para pisar la manguera de la regularización".
Hillen ha hecho alusión al caso de Chiclana (Cádiz) y ha indicado
que, si bien "entendemos que es un caso especialmente gravoso", los
afectados han informado de que "la actitud del Ayuntamiento no es
precisamente la de fomentar el uso de AFOs para que las 16.000 viviendas
irregulares existentes en Chiclana, que llevan décadas sin agua
potable, puedan por fin acceder a este servicio".
"Se podría decir que, a los afectados de Chiclana, no se les permite
ni agua", ha lamentado para añadir que es "vergonzoso" que la
administración local "no haya resuelto este problema en 30 años".
Hillen también ha hecho referencia a Arboleas (Almería), donde "de
forma sorpresiva e inaudita, se ha solicitado un dictamen del Consejo
Consultivo Andaluz sobre solicitudes de AFO, suspendiendo y retrasando
el procedimiento", una decisión que achacan a una "conocida reticencia"
de este ayuntamiento por dar AFO.
Con respecto al municipio almeriense de Zurgena, ha señalado un
cambio de actitud ya que, si bien al principio "no tenían ordenanza y no
sabían lo que cobrar, ahora parece que están empezando a tramitar"
mientras que ha criticado los problemas que se están dando en la vecina
localidad de Albanchez.
"Hablamos especialmente de la tasa que ese Ayuntamiento aplica para
AFOs en su ordenanza, una tasa que desde AUAN consideramos desorbitada,
disuasoria e ilegal, que podría suponer miles de euros para una vivienda
normal. Es decir, no sólo son irregulares, sino apaleados y, pese a que
nos hemos quejado al Ayuntamiento, no nos hacen mucho caso", ha
asegurado.
En esta línea, el abogado Gerardo Vázquez ha trasladado que la
intención del colectivo no es tener "disputas con estos Ayuntamiento
sino buscar soluciones" y ha remarcado que los ayuntamientos "deben
entender que con el Decreto Ley hay un cambio de paradigma, y ya no
caben viejos modelos".
"Los tiempos cambian, ha cambiado en el urbanismo, como ha cambiado
el gobierno autonómico, y ellos deben cambiar también, hacia modelos más
respetuosos con los derechos básicos de los ciudadanos. Es el momento
de dar soluciones, no de poner pegas. Ellos también deben remar en la
misma dirección que los ciudadanos", ha concluido.
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