MADRID.- La organización Alarm Phone, que opera en todo el Mediterráneo y
ofrece su número de teléfono para que los inmigrantes que estén en
dificultares puedan llamarles, especialmente cuando se encuentran en la
deriva en alta mar, refiere el testimonio de una joven de Yemen que les
contactó para denunciar que su hermano,
rescatado por la Marina Real marroquí
cuando la patera en la que viajaba junto a otra veintena de yemeníes
se hundía frente a Melilla, había sido deportado por las autoridades de
Rabat a Argelia.
En conversación con Abc, activistas de esta ONG
aseguran que acumulan los testimonios de emigrantes que expresan su
miedo «a que conforme puedan ser socorridos en el mar por los marroquíes, sean deportados
a su país de origen... o a cualquier otro», puesto que esa es la
experiencia que les están llegando de otros que han corrido esa suerte.
Esta
semana, este diario publicaba los datos que confirman que, por primera
vez desde que existen estadísticas, el país vecino ha auxiliado en el
Mediterráneo, y por tanto llevado de vuelta a puertos marroquíes, a más
inmigrantes que Salvamento Marítimo.
La cifra aportada por el Ministerio del Interior de Rabat para todo 2019 es de 19.554
socorridos frente a las 17.688 contabilizadas por los medios españoles
dependientes del Ministerio de Transportes.
Esta implicación
extraordinaria de Rabat en la contención de las llegadas de pateras a
aguas y costas españolas ha contribuido a que las entradas irregulares del año pasado hayan sido la mitad que en 2018, un éxito
en términos políticos que colectivos como la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA) rebajan casi a la categoría de tragedia.
Según
han subrayado estos días, «el hecho de haber dejado en manos de
Marruecos el rescate de embarcaciones en su zona SAR (Search and Rescue,
traducido por «búsqueda y rescate») en condiciones absolutamente
precarias» ha provocado «el incremento en términos relativos de las
personas que han fallecido intentando alcanzar España».
Su lógica es que
si en 2018 fallecieron 1064 inmigrantes en el mar, con el más bajo
volumen de llegadas de 2019 hubieran correspondido 551, pero se han contabilizado 34 más: 585 entre ahogados y desaparecidos.
Esta misma organización acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber «subcontratado la represión por parte de Marruecos
y el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas (Frontex), y de estar «subvencionando las prácticas de violencia,
maltrato y muerte en Marruecos contra la población subsahariana», entre
otros, con «continuas redadas de deportación».
Al respecto, Alarmphone
refiere que son habituales los internamientos en centros de detención,
dentro de los cuales la Asociación Marroquí de Derechos Humanos con base
en Nador -provincia colindante con Melilla- nombra especialmente el de
Arekmane, desde donde dice tener documentada la expulsión de inmigrantes
que son llevados a Argelia, después a Niger y de allí a sus países de
origen.
Esta misma asociación ha difundido fotos de un grupo de «35 subsaharianos que entraban en Melilla» pero que fueron «devueltos directamente a Marruecos» y «golpeados duramente»
por los marroquíes.
Según su versión, dos tuvieron que ser llevados al
hospital. Esas personas también se pusieron en contacto con Alarmphone
«porque tenían miedo a que les devolvieran, como así fue», señala una
fuente de la ONG, que raramente recibe llamadas de auxilio desde las
vallas.
Al margen de Marruecos, y en relación a los vuelos con
destino a Mauritania que el Gobierno
está activando para deportar inmigrantes llegados a las Islas Canarias, Alarmphone asegura que al menos dos de los cuatro reconocidos en 2019 transportaron a su vez a personas procedentes del CIE de Aluche (Madrid), que habían sido previamente transportadas al de Tenerife con este fin.
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