VALENCIA.- El
Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia ha citado a declarar como
investigados a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat
valenciana, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística,
Rubén Trenzano, en el marco de una causa por malversación abierta tras
una querella del PP.
Según
consta en una providencia de este juzgado, Puig y Trenzano deberán
comparecer ante el juez el próximo 10 de diciembre a las 9.30 horas.
La
querella está firmada por la secretaria general del PP valenciano, Eva
Ortiz, que reclama que se investigue si la concesión de subvenciones
para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Ximo Puig podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Se
interpuso el pasado mes de marzo en los juzgados de Valencia, que
inicialmente se inhibieron en los de Vinaròs (Castellón), aunque estos
rechazaron esa inhibición y devolvieron las actuaciones al juzgado de procedencia.
Este
desacuerdo propició que se plantease una cuestión de competencia al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que
fue resuelta el pasado 27 de septiembre declarando competente al Juzgado
de Instrucción nº 4 de Valencia en una decisión contra la que ya no
cabe recurso alguno.
Según detalla el PP en esta querella, Francisco Puig ha recibido
alrededor de 600.000 euros en subvenciones públicas desde que su hermano
ocupa la Presidencia de la Generalitat.
Estas
subvenciones, a juicio del PP, "constituyen una auténtica trama para
conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres
fraudulentos y nóminas de una gran familia".
Así, exponen que "las ayudas a las productoras de la familia del president implican a cuatro consellerias
(Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), a tres comunidades
autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón)" y recuerdan que la
cadena pública À Punt "ya detectó que estas empresas pactaban precios".
La
querella se centra, siempre según el PP, en la actividad de las
empresas Comunicació dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U., ambas
administradas por Francisco Javier Puig y beneficiarias, desde 2015, de
600.000 euros en ayudas económicas para el fomento del valenciano
provenientes de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés.
A pesar de recibir ayudas de diferentes comunidades para el mismo fin
(fomentar el valenciano), Francisco Puig Ferrer declaró no haber
recibido otras subvenciones para la misma finalidad, según se detalla en
la querella.
En
este sentido, se indica que desde que Ximo Puig es presidente de la
Generalitat valenciana las empresas de sus hermanos han incrementado sus
ingresos en un 290 % después de tres años de pérdidas.
La
Generalitat Valenciana ha subvencionado a Comunicació dels Ports con
56.826,34 euros en ayudas para el fomento del valenciano en 2015;
83.139,61 en 2016; 86.045,35 en 2017; y 54.118,96 en 2018.
Por
su parte, Mas Mut Produccions solicitó durante los años 2015, 2016,
2017 y 2018 la misma subvención para prensa digital obteniendo 23.234,12
euros en 2015; 16.960,03 en 2016; 12.072,70 en 2017; y 6.599,84 en
2018.
Estas ayudas fueron otorgadas por Rubén Trenzano, en su condición de
director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte.
Por
parte del Ejecutivo catalán, Comunicació dels Ports recibió en 2015
163.915,44 euros en subvenciones para emisoras de televisión en catalán o
aragonés, y Mas Mut 36.192,86 euros, y desde el Gobierno de Aragón se
subvencionó a las empresas de Francisco Puig con 19.664 euros en 2018.
Según
el PP, Comunicació dels Ports es la única firma de toda la Comunidad
Valenciana que recibe esta ayuda en todas las modalidades previstas en
la orden de convocatoria, todo ello a pesar, supuestamente, de "no cumplir con los requisitos exigidos".
Así,
se insiste en que no cumple con el requisito de audiencia porque, según
la empresa, la audiencia estimada de la televisión es de 35.000
espectadores en una población de 5.266 habitantes (según el INE).
"Es
decir, que todos los habitantes de la comarca ven simultáneamente el
mismo canal en siete televisores distintos, a la vez", refleja el PP en
su querella.
Además, se mencionan otras supuestas irregularidades como reflejar de forma duplicada o triplicada los mismos gastos,
el hecho de que varios medios compartan contenidos pero reciban
subvenciones independientes, o la concesión de ayudas por cláusulas
sociales cuando el Plan de Igualdad se otorgó en 2017 y no sería válido
para las subvenciones de los años 2015 y 2016.
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