ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería
ha acordado imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de
12.000 euros al exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería
Luis Pérez (PSOE), así como a la exsecretaria del Patronato Provincial
de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense Joaquín
Conde, todos ellos imputados en el marco del caso 'Facturas' por el que
se investiga una presunta trama de falsificación de facturas de viajes
financiados a través del Patronato Provincial de Turismo.
Así lo han indicado hoy fuentes judiciales y jurídicas,
quienes han precisado además que en su auto el magistrado Luis Durbán
ha dado de plazo para el depósito de las fianzas hasta el 31 de julio,
fecha a partir de la cual se procederá al ingreso en prisión de quienes
no hayan abonado las cuantías exigidas.
El magistrado mantiene abierta la investigación por la presunta
comisión de los delitos de falsedad en documento público continuado,
malversación de caudales públicos y prevaricación a raíz de la denuncia
formulada por la Fiscalía para esclarecer el destino de 460.000 euros
con los que se habrían abonado más de un centenar de facturas
supuestamente ficticias entre 2009 y 2011 con fondos de la Diputación de
Almería.
En este sentido, las mismas fuentes han precisado que también se
ha solicitado al gerente de la agencia de viajes 'Leitour Viajes',
Francisco Javier Guerrero, quien este miércoles abandonaba la prisión de
El Acebuche tras permanecer en ella casi dos semanas; que proceda a
depositar una fianza de 6.000 euros para no volver a ingresar en prisión
preventiva.
El juez también ha interpuesto medidas cautelares a estos cuatro
imputados, a quienes se les ha retirado su pasaporte y se les ha
prohibido abandonar el territorio nacional, de forma que además deberán
comparecer el día 1 de cada mes en el juzgado.
Tras la adopción de estas medidas, el juez tiene previsto
continuar con la instrucción del caso y mantiene la imputación de diez
personas en la causa, entre las que se encuentran el director de la
agencia de viajes, Arístides Javier Martos, el exgerente del Patronato
de Turismo Francisco Iglesias, su esposa y la esposa del expresidente de
la Diputación y una pareja de amigos de éste último.
El instructor se encuentra a la espera de nuevas pruebas como los
movimientos de las cuentas bancarias de la exsecretaria del Patronato y
de Teresa R.R., para la que pidió su identificación al tratarse de la
hija de la exsecretaria. En torno a una decena de testigos, muchos de
ellos trabajadores del Patronato, han prestado ya declaración.
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en
enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas
por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y
correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros
datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de
trabajadores del patronato que no los realizaron.
En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente,
Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo
largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid
presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta
doble facturación.
Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se
apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se
abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de
crédito.
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería
se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor
de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados
durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial
que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el
exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis
Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia
contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la
Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de
Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles
"irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito bajo mandato socialista.
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