CANTORIA.- El pleno del Ayuntamiento de Cantoria va a someter el lunes a aprobación la dimisión del actual
regidor, Pedro Llamas, quien ha anunciado su marcha tras tres mandatos
al frente de la Alcaldía para cumplir la condena firme que le inhabilita
para empleo o cargo público durante 23 meses por delitos de falsedad
documental y omisión del deber de perseguir delitos.
Llamas (PP) ha indicado que acata y
respeta la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada en todos
sus pronunciamientos por el Tribunal Supremo (TS) y que se marcha "con
la conciencia tranquila y la cabeza alta" ya que, según ha dicho, "lo
único" que ha hecho ha sido "trabajar por el bien" de su pueblo.
"Las circunstancias son así. No he recibido sobres, ni he
prevaricado, ni he cometido cohecho ni he hecho ningún ERE. En ese caso,
diría tierra trágame pero me ha tocado a mí por ayudar a mis vecinos y
autorizar a una compañía a dar luz a cuatro viviendas cuando hay más de
6.000 ilegales en el Valle del Almanzora", ha trasladado el regidor,
quien acumula en su trayectoria política otros cuatro mandatos en la
oposición.
Llamas, quien ha remarcado que cuenta "con todo el apoyo" de su
partido", ha destacado que se siente "muy arropado por la gente" y ha
puesto como ejemplo el acto celebrado en la noche del miércoles en
Cantoria, en el que unas 300 personas le acompañaron en el anuncio de su
renuncia a la Alcaldía. Al acto acudieron, asimismo, otros alcaldes del
PP, como Antonio Ramón Salas, de Alcóntar y Raúl Guirao, de Suflí; así
como el diputado provincial y concejal de Macael, Guillermo Casquet.
Sobre quién tomará el relevo al frente de la Alcaldía, ha señalado
que, tras el "ajetreo" que han tenido en los últimos días, es una
cuestión que se va a abordar "tranquilamente, en estos días, antes del
pleno". No obstante, ha remarcado que el PP de Cantoría "es una balsa de
aceite, donde no hay zancadillas", por lo que ha augurado que el
traspaso del bastón será "tranquilo".
El Tribunal Supremo (TS) confirmó en una sentencia de 26 de mayo
la pena de dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación para empleo o
cargo público impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Almería a Llamas por faltar a la verdad en un escrito "con
sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el
que negaba que hubiera autorizado el suministro de luz y agua a una
promoción de cuatro viviendas construidas sobre suelo no urbanizable.
Fue condenado, asimismo, por no denunciar entre 2003 y 2006 estas
edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún
expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística
sino que, al contrario, según remarca el Supremo, "concedió
autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas
viviendas".
La sentencia, que condena también al promotor de la obra y le
obliga a la demolición de las viviendas vendidas a ciudadanos británicos
para restituir la legalidad urbanística, entró en fase de ejecución el
miércoles con la incoación de este trámite por parte de la Sección
Segunda.
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